Por: Paula Viviana Fierro Barreto
Opinión- Julio 2022
En la actualidad, la lucha contra la corrupción ha cobrado un papel central en las agendas nacionales e internacionales. La lucha contra este fenómeno ha evolucionado, al explorarse otros enfoques diferentes a su impacto en el desarrollo económico de los países. Uno de los más importantes es el enfoque de derechos humanos y de daños causados por el fenómeno.
Se pensaría como algo indiscutible que se considere que la corrupción causa afectaciones a los derechos humanos. No obstante, no es tan visible y evidente cómo los afecta, quiénes son los afectados y cuáles son los daños causados. En este sentido, hay que partir de que los estados son los primeros en garantizar y proteger los derechos humanos, lo cual requiere contar con una institucionalidad fuerte en la administración de justicia y la gestión pública, cuyo fundamento de acción sea la transparencia y la integridad. Cuando hay escenarios de corrupción en los que priman intereses particulares sobre el interés público, éstos inciden en el desarrollo de funciones y ejecución de recursos estatales encaminados a garantizar los derechos humanos.
En este caso, y de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encontramos que la corrupción puede causar afectaciones a los derechos humanos de forma directa e indirecta[1]. La primera implica que el hecho de corrupción viola directamente un derecho humano, como, por ejemplo, cuando se hacen cobros injustificados y fuera de la ley para acceder a un derecho. La segunda, corresponde a manifestaciones de corrupción que pueden afectar el goce y ejercicio de derechos, sin que violen directamente un derecho humano, por ejemplo, cuando un funcionario de aduana permite el ingreso de ciertos agentes químicos para la fabricación de drogas ilícitas en el país. De manera directa, este hecho no viola derechos humanos, pero con el ingreso de estos agentes se pueden fabricar drogas ilícitas que afectan los derechos a la salud y la vida.
En estas dos circunstancias, vemos que la afectación a derechos humanos se traduce en daños, los cuales se constituyen como daños antijurídicos, lo cual implica que no debían ser soportados por las personas o la ciudadanía. Los daños pueden ser categorizados en tres: individuales, los que recaen directamente en una persona; colectivos, cuando se lesiona un interés o derecho particular de un determinado grupo o comunidad de personas; y sociales, aquellos que afectan derechos o intereses que están en cabeza de toda la sociedad y no solo de un determinado grupo o comunidad de personas.
Teniendo en cuenta esto, resulta clave realizarse la pregunta: ¿A quiénes les genera daño causado la corrupción? Una respuesta obvia sería a las personas y a la sociedad. No obstante, es relevante reconocer su verdadero estatus como víctimas de corrupción. Para Transparencia por Colombia[2], una víctima de la corrupción puede ser cualquier persona -o grupo- que individual o colectivamente haya sufrido -o alegue haber sufrido- un daño como consecuencia del acto de corrupción. En este sentido, pueden existir víctimas directas e indirectas, así como víctimas individuales, sociales y colectivas, dependiendo del caso. Sin embargo, en la actualidad, hay un reto importante en reconocer a este tipo víctimas, toda vez que en instancias de investigación judicial y administrativas solo se reconoce como víctima de hechos de corrupción al Estado.
En Colombia existen ejemplos de corrupción estructural, como lo son casos relacionados el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en donde es posible encontrar diferentes tipos de víctimas y daños. Recientemente, la Superintendencia de Industria y Comerció emitió una Resolución[3] declarando la cartelización de varias empresas en el Programa de Refrigerios Escolares en el Distrito (PREB), el cual hace parte del PAE. En este caso, encontramos como víctimas directas las empresas y participantes de los procesos de contratación que se vieron afectados por la cartelización y la afectación a la libre competencia. Por otro lado, encontramos como víctimas indirectas las poblaciones beneficiarias del PAE: niños, niñas y adolescentes. Según noticias e investigaciones asociadas al caso, es posible demostrar mala calidad de los alimentos suministrados, lo cual, de forma indirecta, afecta los derechos a la salud, la educación y la vida de los estudiantes, sin mencionar que hay otros derechos que se garantizan a través de éstos.
Es posible ver cómo un hecho de corrupción como el presentado en el PAE implica una afectación que ya va más allá de la libre competencia. En este caso, es posible identificar cómo un escenario de cartelización puede generar afectación indirecta a poblaciones de especial protección constitucional, lo cual, de alguna forma, puede que perpetue situaciones de vulnerabilidad histórica de ciertas poblaciones beneficiarias del PAE.
Como éste, existen más casos en los que pueden darse situaciones que demuestran cómo la corrupción afecta de manera directa e indirecta a las personas y comunidades. La identificación del nexo entre la corrupción y las vulneraciones a los derechos humanos es un primer paso para tomar medidas ante dichos escenarios. En este sentido, hay una labor importante en visibilizar a las víctimas de la corrupción, los derechos afectados y los daños causados, esto de cara a buscar medidas de reparación que resarzan los daños y garanticen la no repetición de los hechos de corrupción, lo cual no sólo beneficia a quienes se vean perjudicados directa o indirectamente, sino también a toda la sociedad.
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[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Corrupción y DDHH”. 2019.
[2] Transparencia por Colombia. “La reparación de las víctimas de la corrupción en Colombia: enfoque, exploración de ruta jurídica y elementos para una metodología de tasación”. Febrero 2020.
[3] Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 35069 del 6 de junio de 2022.
