Por: David Quintero
Director del Área del Sector Privado
Junio 16 de 2016
De clanes y carteles parece estar inundado este país. No hace mucho, los escándalos del azúcar, los pañales, los cuadernos, el papel, el arroz, las subastas ganaderas y hasta el cemento nos abrieron los ojos frente a prácticas cuestionables de empresas de ciertos sectores. Y ahora estamos a la espera de más denuncias, como las que podrán señalar a empresas de vigilancia privada.
«De acuerdo con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en la actualidad hay más de 500 agentes del mercado que están siendo investigados debido a posibles casos de cartelización en 358 procesos de contratación pública, y que además son investigaciones que comprometen alrededor de $3,2 billones de pesos» (Dinero.com). Debido a estas investigaciones y sanciones, el debate sobre los carteles empresariales nunca había estado tan presente en medios de comunicación y ciudadanía.
Pero para no quedarnos en la sorpresa e indignación, ¿cómo deberíamos actuar, como ciudadanos, frente a las empresas que han conformado estos carteles y han obtenido ganancias indebidas por cuenta nuestra? Esa no es una pregunta fácil de responder, pero es menos sencillo aún definir qué acción tomar frente a las empresas que han resultado eximidas de cualquier sanción o multa gracias al Programa de Beneficios por Colaboración de la Superintendencia de Industria y Comercio, algo así como el principio de «ser sapo paga» pues la empresa que primero delate y aporte información que permita establecer la existencia de los carteles, es totalmente perdonada.
Los carteles empresariales son acuerdos que realizan las empresas de un mismo sector con el fin de fijar los precios de los bienes que producen o de los servicios que prestan, definir las cantidades máximas o mínimas de producción, o repartirse uno o varios mercados con el fin de eliminar la competencia de otras empresas, que pueden ser tanto nacionales como internacionales.
Lo malo de esto, además, es que así las empresas no tienen la necesidad de innovar en sus productos y métodos, ni sienten que deben mejorar en la calidad de sus bienes o servicios para poder conquistar el mercado, competir. Eso estanca una mejor productividad e impide que existan precios bajos que beneficien a los consumidores. Por el contrario, los carteles aumentan los precios, disminuyen la calidad y la variedad de los bienes y servicios disponibles. El que paga el precio, en todo sentido, es el consumidor. Y solo ganan ellos.
Según estudios de la OCDE, el Banco Mundial, Naciones Unidas y las principales universidades del mundo, incluso con ganadores del Nobel de economía, han estudiado el efecto económico de los carteles de precios en las respectivas economías y se ha llegado a la conclusión de que cuando hay carteles, los precios al consumidor aumentan entre el 15 y el 60 por ciento, y el término promedio del aumento de precio es del 30 por ciento aproximadamente” (Portafolio).
Hay argumentos tanto a favor como en contra sobre si los carteles empresariales constituyen o no hechos de corrupción. Lo que sí está fuera de toda discusión son sus implicaciones éticas: todas las empresas que han participado son conscientes de ello, han recibido dinero de sus consumidores que podrían destinar a otros bienes o servicios en un país con una tasa de desempleo cercana al 10%, niveles de pobreza del 28% y los mayores niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza.
Entonces, ¿qué hacer? acudir al poder del consumidor: abstenerse de comprar productos de estas empresas. No siempre es fácil, pues muchos de los carteles involucran productos de primera necesidad, además en algunos carteles han participado casi todas las empresas que producen un determinado bien. Sin embargo, los consumidores sí deben manifestar su inconformidad y dar a conocer que no van a aceptar ese tipo de comportamientos antiéticos y están listos a dejar de pagar una factura que afecta sus bolsillos.
