Opinión- 24 de Agosto de 2019
Los vencimientos de términos, las bajas sanciones penales y la dificultad para recuperación los dineros perdidos por la corrupción, hacen parte de la fórmula de la impunidad de quienes abusan de los recursos públicos ¿Dónde hacer énfasis para cambiar esta dinámica?
Desde inicios del año 2017 cuando estalló el escándalo de Odebrecht, Colombia ha evidenciado una sucesión de hechos de corrupción de alto nivel que han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos. Esto ha traído como consecuencia que buena parte de la atención sobre la lucha contra la corrupción haya recaído sobre los órganos de control y el sistema judicial. Sin embargo, resulta necesario complementar la sanción con otros énfasis que puedan conducir a resultados más sostenibles.
En primer lugar, es necesario recordar que impartir justicia es imprescindible. Si bien los órganos de control y el sistema judicial enfrentan serios retos internos que deben abordarse para mejorar su desempeño, uno de los problemas de fondo para lograr más sanciones está asociado al sistema en el cual deben operar, y que actualmente facilita la impunidad. Los recientes anuncios sobre la puesta en libertad de personas investigadas por gravísimos hechos de corrupción como las irregularidades de Saludcoop y el cartel de la toga, los interminables anuncios de otorgamiento de beneficios de casa por cárcel de personas sancionadas en casos de gran corrupción como Interbolsa, y las bajas penas que enfrentan personas juzgadas en casos como el de Odebrecht en Colombia, hacen parte de ese sistema.
El “broche de oro” de esta fórmula de impunidad es que los sancionados se declaran en banca rota y por lo tanto en incapacidad de devolver los recursos que malversaron al Estado y a las víctimas de sus actos –al mismo tiempo que emiten suplicas de perdón a sus familias y a la sociedad buscando sólo tener un trato más favorable en su proceso de juzgamiento.
Resulta evidente, entonces, la necesidad de avanzar hacia un sistema mucho más contundente en su capacidad de castigar situaciones ya ocurridas, y sobre todo en disuadir nuevos actos.
Lastimosamente este es un proceso lento. Implica, entre otras cosas, que el Congreso apruebe reformas legales para las cuales no ha demostrado mayor voluntad, por ejemplo la eliminación de la casa por cárcel. El proyecto de ley que contiene esa medida fue revivido recientemente e incluye, entre otras medidas, sanciones a abogados y a operadores judiciales que se aprovechan de maniobras jurídicas para dilatar procesos hasta lograr el vencimiento de los términos. Sin embargo, aprendiendo del pasado reciente, no se deben poner todas las apuestas en el Legislativo.
Es fundamental, en segundo lugar, continuar la depuración y el fortalecimiento de los órganos de control y del sistema judicial. Una de las mayores causas del escepticismo en la lucha contra la corrupción es precisamente la corrupción en la justicia.
Se suma a ello la necesidad de contar con herramientas más robustas para que los casos de corrupción sean mejor sustentados, así como la importancia de enfocar esfuerzos en dos objetivos: recuperar a toda costa los recursos que son saqueados por los corruptos, y reparar a las víctimas de esos actos. Lo primero debería contribuir a “darle a los corruptos donde más les duele” y a fortalecer la disuasión de nuevos actos. Lo segundo, a restaurar los derechos de las personas afectadas por los corruptos y por esta vía ganar mayor apoyo ciudadano en la lucha anticorrupción.
En tercer lugar, aunque suene a lo mismo de siempre, no puede perderse de vista el poder del voto en la elección de gobernantes. El 40 por ciento de los hechos de corrupción reportados por medios de comunicación en el país entre enero de 2016 y julio de 2018 tuvieron como protagonistas a alcaldes, y el 41 por ciento a Concejales.
Es importante pensar muy bien sobre a quiénes vamos a elegir el 27 de octubre a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas de acción local, conocer qué intereses han defendido en sus responsabilidades previas, de dónde proviene su patrimonio personal y familiar, quiénes financian sus campañas, quiénes los rodean, qué preparación real tienen para defender lo público. No se trata solo de votar informado, se trata ante todo de pedirle transparencia y rendición de cuentas a quienes nos piden que votemos por ellos.
Por último, el giro en la atención de la lucha contra la corrupción hacia los órganos de control y al sistema judicial, no debe dejar olvidar la responsabilidad del poder ejecutivo en impulsar políticas anticorrupción de fondo que contribuyan a prevenir y controlar el uso de los recursos públicos y, ante todo, a transparentar las decisiones públicas.
A la fecha, algunas de las iniciativas del Gobierno Duque como el cambio en la relación con el Congreso, el impulso de pliegos tipo en obras de infraestructura, o la divulgación voluntaria de declaraciones de renta de altos funcionarios, se desdibujan peligrosamente con decisiones como eliminar los parámetros de transparencia y discusión pública en el proceso de elección del Fiscal General de la República, los cuestionamientos de conflictos de interés en decisiones públicas de miembros de su gabinete ministerial, o la debilidad en el contenido de algunas de sus iniciativas legislativas y falta de seguimiento a las mismas.
Romper la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción sea un “negocio que paga” seguirá siendo una tarea ardua. No hay soluciones mágicas o balas de plata, pero sí hay énfasis que pueden contribuir a mejorar la difícil vía que el país ha recorrido para derrotar la corrupción (a propósito de la reciente conmemoración del Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción en memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento).
Columna de opinión publicada en La Silla Vacía
