Por: Sandra Martínez
Coordinadora del Programa Transparencia en la Política
Septiembre 9 de 2016
Quien tiene plata manda, ese adagio popular funciona bastante bien en muchos contextos y en la democracia electoral también parece aplicar. No es solamente el voto ciudadano el que decide, el peso de los recursos que se invierten en las campañas es el elemento diferenciador a la hora de ganar o perder. Por lo menos eso es lo que muestra el análisis de los reportes de ingresos y gastos de las pasadas elecciones territoriales de 2015. En comparación entre candidatos y elegidos, éstos últimos invirtieron el 56% más de recursos en sus campañas, lo que evidentemente incrementó sus votos.
Es verdad que se necesitan recursos para que los candidatos se den a conocer y obtengan los votos necesarios para ganar. Así pues, hay que buscar estos recursos en diversas fuentes. La mayor parte de los recursos para las campañas políticas de 2015 la aportaron los candidatos de sus propios bolsillos (64%) y en segundo lugar, las personas naturales y las empresas privadas (25%)*. Cuando las mayores fuentes de ingresos para las campañas son de origen privado, las reglas del juego cambian y se abren las puertas para que intereses particulares legales o ilegales capturen las campañas y ejerzan presión sobre las decisiones de los candidatos, votantes y posteriormente, de las autoridades elegidas.
En medio de la discusión sobre de las reglas para las campañas a favor o en contra de los acuerdos de paz (Plebiscito) y de la reforma política electoral para la puesta en marcha del acuerdo de participación política, es importante tener presente este patrón de financiación de campañas en Colombia y desplegar mecanismos para evitar que intereses particulares incidan en los resultados de las elecciones.
Para cambiar las reglas del juego debe primar la transparencia y claridad en el origen de los recursos que financian las campañas. Esta regla aplica tanto a los comités promotores a favor o en contra del acuerdo de paz, como a todos los candidatos y partidos (tradicionales y nuevos) que vayan a participar en próximas campañas. También es válida para los financiadores privados quienes proactivamente deberían hacer visibles los montos que aportan.
Por su parte, las autoridades electorales deben poder hacer seguimiento a la financiación de las campañas, investigar y si es el caso, sancionar oportuna y contundentemente las violaciones a las reglas del juego.
