Transparencia por Colombia

Volver al inicio

Antioquia, una contienda electoral en cancha desnivelada: financiación de las campañas al Congreso 2022

Contexto

La Corporación REGIÓN para el Desarrollo y la Democracia es una organización de la sociedad civil creada en enero de 1990 con el propósito de trabajar por la promoción, garantía y exigibilidad de los derechos humanos, el fortalecimiento de la ciudadanía, la equidad de género y la construcción de una sociedad justa, democrática y en paz 1. Entendemos la democracia como una forma de organización del poder público en la sociedad y como un marco de relacionamiento de los sujetos y trabajamos para que la transparencia y la rendición de cuentas sean constitutivas de la gestión pública en el país y condición imprescindible para la garantía de derechos[1].

En un Estado Social de Derecho la financiación de las campañas electorales debería desarrollarse bajo los principios de la rendición de cuentas y la transparencia. Por ello Transparencia por Colombia nos invitó a hacer parte de la Alianza para el Control Ciudadano, iniciativa de Transparencia por Colombia junto con siete organizaciones del resto del país para hacer seguimiento a la financiación de las campañas electorales a la Cámara de Representantes en el departamento de Antioquia y de la Coalición Partido Político Mira y Partido Político Colombia Justa Libres al Senado, en 2022.

 En las elecciones de 2022, 217 candidatos/as se lanzaron a la Cámara por Antioquia y 158 (73%) reportaron ingresos y gastos, lo que podría llevar a concluir que en Antioquia las elecciones se caracterizan por la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, ¿qué tan real es esta transparencia? ¿Cómo fue realmente este financiamiento de las campañas y su rendición de cuentas?

Seguimiento

Del total de candidatos, escogimos 34 para Cámara de Representantes y 6 al Senado según  criterios acordados con Transparencia por Colombia: ser cabeza de lista; ser cabeza de lista y repitente; nuevos liderazgos de mujeres; candidatos repitentes en las listas que fueron elegidos en la campaña anterior a Cámara, énfasis en mujeres repitentes; candidatos que estuvieron en el Concejo o Asamblea del territorio y participan para elecciones a Cámara; candidatos cuestionados por investigaciones, notas de prensa; heredero; fórmula senado; cinco candidatos de las dos listas de partidos políticos que tuvieron una mayor votación en las elecciones legislativas de 2018; tres candidatos de las listas de los restantes partidos políticos, coaliciones o movimientos políticos inscritas para las elecciones de 2022.

Estas fueron las 40 candidaturas seleccionadas:

  • Partido Liberal: 5
  • Partido Conservador: 3
  • Alianza Verde: 3
  • Partido de la U: 3
  • Centro Democrático: 5
  • Comunes: 3
  • Coalición Cambio Radical-Mira-Colombia Justa Libre: 3; Pacto Histórico: 3; Coalición Centro Esperanza: 3; Salvación Nacional: 3; Coalición Mira-Colombia Justa Libres: 6.

Para diciembre de 2021 registramos un avance parcial en el reporte de ingresos y gastos del total de candidatas/os a la Cámara de representantes en el departamento de Antioquia. El 10 de marzo de 2022, Antioquia era una de “las regiones en donde menos candidatos han cumplido con el registro periódico de ingresos y gastos para sus campañas a la Cámara de representantes (…) menos del 30% de las candidaturas han registrado información sobre su financiación de campaña» (TPC, 2022, p. 7).

El seguimiento se definió a partir de las fechas de corte en las que cada candidata/o debía registrar información en el aplicativo: 6, 18 de febrero y 7 de marzo. Cuentas Claras fue la herramienta más usada para hacer el seguimiento, pues facilita a las organizaciones políticas y candidatos la rendición de cuentas y el registro es obligatorio. Aun así, la herramienta es poco conocida y en principio puede ser confusa, porque para consultar los reportes de gastos exige llenar varios filtros y esto demanda conocimiento sobre procesos electorales, tipos de corporación, circunscripciones, entre otros, a quien quiera hacer la consulta. Además, la disposición de la información y el formato PDF fragmenta y dificulta la consolidación de los datos. Sin embargo, una vez familiarizados con la herramienta la búsqueda se hace sencilla y el aplicativo “amigable”.

Adicionalmente, recurrimos a una herramienta de Excel, diseñada desde TPC, para consolidar la información reportada de la revisión del aplicativo. El Excel permitía reportar o vaciar allí los datos de cada uno de los candidatos seleccionados para el seguimiento, según ingresos, gastos, fuentes de financiación y gastos de publicidad. También revisamos el sitio web construido por TPC, mediante el aplicativo power.bi, una herramienta de uso fácil que permite presentar y acceder de forma rápida a la información consolidada de los datos de financiación en la campaña electoral al Congreso en 2022.

También realizamos seguimiento en redes sociales, web y observación en campo a propaganda electoral, actos públicos y sedes de campaña y entrevistamos a un candidato a la Cámara sobre la financiación de su campaña y su opinión frente al aplicativo Cuentas Claras, y a una representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) Antioquia, para contrastar la información recolectada.

Hallazgos

Según género, el 56% de candidatos a la Cámara son hombres y el 43,7% son mujeres. Sobre el total de ingresos de las campañas electorales, el 77% (11.695.632.231 pesos) corresponde a hombres y el 23%, (3.590.142.416) a mujeres. Con relación al total de los gastos de las campañas electorales a la cámara por Antioquia, el 76% (11.536.261.186 pesos) corresponde a hombres y el 24% (3.567.102.518), a mujeres. Así, las campañas de los hombres son más costosas y triplican en ingresos y gastos los costos de las campañas de las mujeres.

En los 18 representantes elegidos a la Cámara por Antioquia, incluido el de Comunes, la representación de las mujeres es ligeramente mayor que en el período 2018-2022, pasando de 3 (16,7%) a 4 (23,5%), pero aún lejos de la paridad: el Centro Democrático mantiene la representación de una mujer, el partido Liberal gana una y el Pacto Histórico concentra la mayor representación con dos mujeres.

De los elegidos, solo cuatro repiten (23,5%): uno del partido Liberal, dos del Centro Democrático y uno de la coalición Cambio Radical– Colombia Justas Libres–Mira. Los 13 restantes (76,5%) llegan por primera vez a esta instancia y para varias/os es su primera vez en política.

Tabla 1: distribución de los representantes antioqueños, por partido/movimiento/coalición

Fuente: Elaboración propia.

La renovación de la Cámara es parcial. Si bien hubo nuevos/as representantes a la Cámara, e incluso algunos llegaron sin experiencia o trayectoria política —como es el caso de Susana Gómez Castaño del Pacto Histórico, joven música que se dio a conocer en el paro nacional del año 2021, o Luis Miguel López del Partido Conservador, respaldado por el también primíparo movimiento religioso Mariano Unión Familia—, algunos de los candidatos elegidos están vinculados con caciques políticos de sus regiones o municipios. Por ejemplo, los tres representantes electos por el partido Conservador llegan a la Cámara por primera vez, pero como fórmula de senadores con trayectoria y/o maquinarias electorales.

Con respecto al período legislativo 2018-2022, Antioquia perdió un representante. Los partidos y alianzas más afectados fueron los de centroderecha con la pérdida de cinco curules entre el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U. En cambio, los de centroizquierda, Pacto Histórico, Alianza Verde y Centro Esperanza, pasaron de una a seis curules, aunque el partido Dignidad perdió su representación. Los liberales y conservadores lograron mantener la misma representación y Cambio Radical obtuvo una curul, pero en alianza con Colombia Justas Libres y Mira.

De los 34 candidatos a Cámara a quienes hicimos seguimiento, once fueron elegidos y de los 6 candidatos al Senado a quienes hicimos seguimiento, tres obtuvieron una curul.

En la primera revisión de rendición de cuentas, solo 6 (17,6%) de los candidatos a la Cámara registraron información en la plataforma Cuentas Claras, en contraste con el 83% de candidatos al Senado que sí publicaron la información. Los reportes son de los aspirantes de los partidos Liberal, Conservador, Alianza Verde, la Coalición Cambio Radical-Mira-Colombia Justa Libres. De los candidatos del Centro Democrático, La U, Comunes, Pacto Histórico y Centro Esperanza no se encontró reporte a la fecha. Así, el 17% de los 34 candidatos había registrado información en el aplicativo. Para la segunda revisión, todos los candidatos a quienes hicimos seguimiento[2] reportaron información en Cuentas Claras:

Tabla 2: Seguimiento rendición de cuentas

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de que el 100% haya reportado información, los reportes no están correctamente diligenciados o están incompletos, sin firmas del candidato, del contador o gerente de campaña. Según el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Departamento de Antioquia (2022) a la fecha de presentación del informe de gestión del mes de Marzo (TSGVE Antioquia – 0269- 2022), no tenían información registrada del total de candidatos a la Cámara por el departamento de Antioquia. Hasta el 31 de marzo de 2022, 17 candidatos continuaban sin reportar información o con reportes incompletos (Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Departamento de Antioquia, 2022, p. 51-52).

Tabla 3: Ingresos reportados en Senado y Cámara, según seguimiento a 40 Candidatos en Antioquia

Fuente: Elaboración propia, con información de Cuentas Claras.

Se puede concluir que la mayor fuente de ingresos proviene de contribuciones, donaciones o créditos hechos por particulares. Para la campaña al Senado esta fuente alcanza el 82% del total de los ingresos, mientras que en Cámara resaltan también los aportes propios y/o de familiares con 38,8%.  En cambio, acudir a un crédito con entidades financieras no es usual ni para las campañas al Senado ni a la Cámara.  

Los partidos o movimientos no han incursionado en el diseño de estrategias o actividades lucrativas, pues ninguna reporta ingresos de esta fuente, pero tampoco se financian con recursos estatales. Llama la atención el bajo nivel de transferencia de recursos de los mismos partidos, que solo alcanzó un 4,5% del total, y solo los Partidos de la U y el Centro Democrático aportaron a tres de sus campañas a Cámara.

También es importante señalar que el 22.5% de las campañas (8 candidatos en Cámara y un candidato en Senado) superan los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Este dato es interesante porque, según el artículo 25 de la ley 1475 de 2011, las campañas electorales cuyo monto máximo de gastos sea superior a 200 salarios mínimos legales mensuales originados en fuentes de financiación privada deben tener sus libros de ingresos y gastos de campaña, un gerente de campaña, un contador y una cuenta única bancaria. Según el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Departamento de Antioquia (2022) 20 candidatos pasaron los 200 SMMLV y 102 candidatos no sobrepasaron este monto.

El gasto de las campañas.

El mayor gasto de las campañas fue en propaganda electoral (siendo este un poco mayor en el Senado), seguido de administración, porcentaje más alto en las campañas a Cámara que en la del Senado.

Todas las campañas invierten dinero en actos públicos y en logística (servicios de transporte y correo) en porcentajes muy cercanos y ninguna campaña reporta gastos de capacitación e investigación política o de rendición de cuentas, judiciales. Tampoco reporta haber superado las sumas fijadas por el Consejo Nacional Electoral.

Tabla 4: Gastos reportados en Senado y Cámara, según seguimiento a 40 Candidatos en Antioquia

Fuente: Elaboración propia, con información de Cuentas Claras.

¿Los que más gastaron fueron los que quedaron elegidos? Aunque hay candidatos de recursos limitados que quedaron elegidos, contar con más recursos aumenta la probabilidad de ser elegido. Todos los candidatos no elegidos a quienes hicimos seguimiento reportan gastos por menos de 200 millones de pesos.

Tres candidatos elegidos, dos de ellos repitentes, estuvieron en el rango de gastos de entre 400 y 500 millones de pesos: María Eugenia Lopera, Mauricio Parodi (Coalición Cambio Radical-Colombia Justa Libres-MIRA) y Oscar Darío Pérez Centro Democrático). Mientras que Luis Carlos Ochoa Tobón (Liberal), Hernán Darío Cadavid (Centro Democrático), Elkin Rodolfo Ospina (Alianza Verde) y Daniel Carvalho (Centro Esperanza), reportaron gastos entre 100 y 300 millones; con menos de 100 millones en gastos, aparecen Susana Gómez Castaño y Luz María Múnera, ambas del Pacto Histórico.

Los siete candidatos a la Cámara por Antioquia con mayores gastos resultaron elegidos. La campaña más costosa fue la de David Alejandro Toro, con 757.592.967 pesos; seguida de Daniel Restrepo, con 730.905.294, y Andrés Felipe Jiménez, con 651.450.000. En cuarto lugar, Mauricio Parodi, con 638.655.250, y quinto Julián Peinado, con 622.814.373. Finalmente, Oscar Darío Pérez, con 538.370.729, y María Eugenia Lopera, con 530.287.872.

En una mirada global por partidos, los cinco candidatos del Partido Liberal fueron de lejos los menos austeros, seguidos por el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Finalmente, hay gran diferencia con los partidos que menos ingresos y gastos reportaron y que no obtuvieron representación en la Cámara: Comunes (2,66% y 1,14% en relación con los ingresos y gastos de 5 candidatos del partido liberal, respectivamente) y Salvación Nacional (6,26% y 3,90% con igual referencia).

Tabla 5: Ingresos y gastos agrupados según partidos

Fuente: Elaboración propia, con información de Cuentas Claras.

Se debe señalar que el 50% de los 34 candidatos a quienes hicimos seguimiento reportan aportes propios, mientras que el 35% no reporta origen de sus ingresos y el restante 15% identifica aportes en especie o crédito de cónyuge. Adicionalmente, el mayor porcentaje de los aportes proviene de personas particulares con montos entre 500.000 y 50.000.000 pesos. Solo se encuentran ocho empresas entre los tres principales aportantes de cada campaña con montos entre 3.000.000 y 80.000.000, con excepción de una donación/crédito a la campaña de David Alejandro Toro por valor de 600.000.000 pesos, por parte de BRANDS AD BUSINESS S.A.S. Esta es donación más alta de todas las campañas, aunque no sobrepasa topes definidos por el CNE.

Aprendizajes

 Queda la sensación de que no todo el dinero que ingresa a las campañas se reporta, pero es  difícil comprobarlo. Además, fue una contienda desnivelada para las mujeres, hay una gran diferencia entre los ingresos y gastos de hombres y mujeres. Esto da cuenta de que nuestro sistema electoral requiere una reforma que lo haga más equitativo, que facilite la redistribución de recursos con mayor equidad y que garantice condiciones para una mayor participación de las mujeres en la política.

Como aprendizaje queda el hecho de que este es un ejercicio que toma en cuenta nuestro acumulado y que nos ha permitido abrir nuevos campos de investigación, reflexión y articulación, en particular, para realizar el seguimiento a la financiación de campañas en alianza con otras organizaciones, lo cual consideramos que es mucho más potente y productivo.

Como organización valoramos las acciones de seguimiento impulsadas por TPC y la Alianza para el control social, la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas en el sistema democrático. Esto, porque a pesar de que la ley exige a los candidatos reportar sus ingresos y gastos en campaña y de que existe un marco normativo con uno de los regímenes de financiación política más restrictivos de Latinoamérica (MOE, 2016), no hay eficacia en el cumplimiento de las normas. Según la Moe (2016), “este es el momento en el que no se encuentra una fórmula reglamentaria idónea para garantizar la transparencia de recursos que se mueven en las campañas electorales” (MOE, 2016, p. 5).

Lo anterior, debido a falta de control y de capacidad de las instituciones para hacer efectivas las disposiciones en materia de financiamiento político,  lo complejo que puede resultar el reporte al Consejo Nacional Electoral por parte de los candidatos y  lo confuso que puede resultar para la ciudadanía la consulta de información en los mecanismos dispuestos para esto, entre otras causas.

No basta con rendir cuentas, es necesario que la información sea pública, completa, veraz y de fácil acceso para la ciudadanía. Estos factores inclinan la cancha y desnivelan la competencia electoral, haciendo que, en palabras de Henry George, “el gobierno popular se[a] un fraude mientras las elecciones se ganen utilizando el dinero y no puedan ganarse sin él” (Garton, 2015).

Referencias:

 

  • Centro de Pensamiento y Dialogo Político – CEPDIPO (2022). Informe: Mapa Electoral 2022 Recuperado de: https://cepdipo.org/portfolio/informe-mapa-electoral-2022-3/
  • Defensoría del Pueblo (18 de febrero de 2022). Alerta Temprana 004-2022. Documento de advertencia Proceso Electoral 2022. Recuperado de: file:///C:/Users/Isabel%20Sepulveda/Desktop/ALERTA%20TEMPRANA%20ELECTORAL%20VERSI%C3%93N%20MEDIOS.pdf
  • Garton, Timothy (2015). El dinero y las campañas electorales. El país. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2015/10/06/opinion/1444128942_629595.html
  • Misión de Observación Electoral – MOE- (2016). Entre reglas e incertidumbres. Financiación de las campañas políticas y la rendición de cuentas en Colombia. Bogotá
  • Reina, Alexander (2012) Contienda política electoral en Antioquia, 1997-2007. Una interpretación desde la acción colectiva. Tesis de Maestría para optar al título de Magister en Estudios Políticos. Bogotá, D.C. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Pontificia Universidad Javeriana Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15306
  • Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Departamento de Antioquia (31 de marzo de 2022). TSGVE Antioquia – 0269- 2022. Informe General de Gestión del Mes de Marzo de 2022.

 

[1] Un recorrido por dichos espacios, nos muestra como entidad fundadora (1996) en compañía de otras organizaciones, de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín y de la que actualmente somos codirectores con la Federación Antioqueña de ONG; hacemos parte de los fundadores y del consejo de la Veeduría Todos por Medellín, creada en el 2020 con el propósito de promover la participación ciudadana y vigilar la gestión del conglomerado público[1] del Municipio de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el corto, mediano y largo plazo; por último, hicimos parte de ONG por la Transparencia (embrión del Movimiento Ciudadano Anticorrupción) y hasta el 2021 y durante cinco (5) años, participamos de la plataforma SEPA (Alianza para el Seguimiento a la Participación Política en Antioquia).

[2] Inicialmente se definió el seguimiento a 40 candidatos; sin embargo, no se encontraron reportes de una candidata a la Cámara, la cual estaba inscrita por el Partido Alianza Verde, y que tampoco fue posible consultar su información en la plataforma Cuentas Claras ya que no aparece.

 

Carolina Calderón Guillot
– Carolina Ferro Bernal*
– Daniel Ricardo Uribe Parra
– Eduardo Wills Herrera
– Gloria María Borrero Restrepo
– Juan Francisco Lozano Ramírez*
– Juliana Velásquez Rodríguez*
– María Elisa Bernal Bueno
– Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

– Álvaro Andrés Echavarría Olano
– Juan Francisco Lozano Ramírez
– Eulalia Arboleda de Montes
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Guillermo Carvajalino Sánchez
– Sylvia Escovar Gómez
– Gustavo Bell Lemus
– Jorge Mario Velásquez J.
– José Alejandro Cortés Osorio

Miembros Institucionales:

– AB InBev – Bavaria S.A.
– Bancolombia S.A.
– Bodytech
– Caracol Televisión S.A.
– Colombia Telecomunicaciones S.A.
– Compensar
– Corporación OCASA
– Corporación Región
– Excelencia en la Justicia
– Foro Nacional por Colombia
– FUNCICAR
– Fundación Corona
– Grupo Bolívar S.A.
– Grupo Nutresa S.A.
– Grupo Sura S.A.
– Manuelita S.A.
– Mercantil Colpatria S.A.
– Misión de Observación Electoral
– Organización Corona S.A.
– Organización Terpel S.A.
– Productos Naturales de la Sabana S.A.S. – Alquería
– Publik
– Sodimac Colombia S.A.
– Summum Projects S.A.S.
– Universidad EAFIT

Miembros Individuales:

– Álvaro Andrés Echavarría O.
– Bernardo Rodríguez Ossa
– Carlos Eduardo Angulo G.
– Carlos Raúl Yepes Jiménez
– Eduardo Wills Herrera
– Eulalia Arboleda de Montes
– Gloria María Borrero R.
– Guillermo Carvajalino S.
– Guillermo Vargas Ayala
– José Alejandro Cortés O.
– Juan Fernando Londoño
– Juan Francisco Lozano R.
– Margareth Gonçalves Flórez
– Margarita Garrido Otoya
– María Elisa Bernal Bueno
– Mónica Aparicio Smith
– Néstor Ricardo Rodríguez A.
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Sylvia Escovar Gómez
– Vivian Newman Pont

Aprendizaje, desarrollo y sostenibilidad de la Corporación.

  • A pesar de los cambios en el ecosistema de cooperación internacional y la reducción de recursos de financiación disponibles que afectó a todo el sector social, en el ámbito interno de la Corporación destacamos los siguientes aspectos:
  • Logramos poner en marcha las acciones de capacitación, bienestar y desarrollo identificadas como prioritarias en las mediciones de clima organizacional, medición de competencias y batería de riesgo psicosocial aplicadas en 2024.
  • Los procesos administrativos, financieros y contables de la Corporación lograron adaptarse a la nueva realidad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, a pesar que el equipo tuvo una reducción del 21% a lo largo del año.
  • La Revisoría Fiscal asignó un nivel de riesgo bajo al control de la administración de la Corporación.

 

  • Fortalecimos las capacidades y alcances de la Corporación con respecto al uso de tecnologías de información y comunicación. Esto se refleja en acciones (i) de estrategia científica y de investigación que apoyaron la implementación de 17 proyectos, (ii) de estrategia técnica, que permitieron la consecución, apropiación y mantenimiento de tecnologías centralizadas, administrables y de propiedad autosuficiente, así como la consolidación de un equipo interno competente y autosuficiente, lo cual permitió disminuir la dependencia de consultorías y establecer canales de diálogo técnico con los proveedores externos restantes; y (iii) de innovación y mercado, que nos permitieron posicionarnos como referentes en cuanto al alcance y calidad del uso de datos públicos, y el apoyo para cualificar propuestas de consecución de recursos.

 

  • A nivel de órganos de gobierno, se destaca el cumplimiento en la realización de las sesiones de la Asamblea General de Miembros, el Consejo Rector y la Junta Directiva, establecidas en los estatutos de la Corporación, así como el fortalecimiento de estas últimas dos instancias gracias a la incorporación de dos nuevos miembros en cada una de ellas, que completan los cargos que estuvieron vacantes hasta 2025.

Posicionamiento y reconocimiento de la Corporación por medio de la comunicación estratégica, para contribuir a la incidencia y al diálogo con actores prioritarios.

  • En materia de relacionamiento con medios de comunicación, apostamos por la divulgación de menos contenidos, pero con más enfoque estratégico, lo cual resultó ser exitoso:
  • Logramos priorizar los espacios de mayor calidad e impacto, maximizando el retorno mediático por pieza emitida. Esta mayor eficiencia se explica, en buena parte, por la alineación entre los temas misionales de la Corporación y el pulso de la agenda pública.
  • Los datos confirman que nuestros pronunciamientos y la intervención oportuna en coyunturas siguen siendo la herramienta más poderosa de posicionamiento.
  • Los picos de cubrimiento no estuvieron asociados a un mayor número de contenidos, sino a acciones que combinaron velocidad, lectura política y claridad técnica, conectando argumentos especializados con narrativas de alto interés público.
  • Nos consolidamos como actor de referencia, incluso en un año no electoral, lo cual también se refleja en mantenernos dentro del listado de las ONG más reconocidas del país en el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos de 2025.

 

  • En cuanto a comunicación digital, dimos un giro estratégico:
  • Pasamos de priorizar el volumen y el alcance masivo a enfocarnos en explicar mejor, conectar con audiencias y sostener conversaciones relevantes sobre corrupción y transparencia.
  • Incorporamos un tono más empático, cercano y ciudadano, sin perder rigor técnico. Esto permitió que más personas entendieran temas complejos y se sintieran parte de la conversación.
  • Las plataformas cumplieron roles distintos y complementarios. Instagram y TikTok crecieron como espacios de conexión y pedagogía; X y LinkedIn se consolidaron como canales de vocería, reputación e incidencia; Facebook se mantuvo su función como canal de difusión a actores más tradicionales y territoriales.
  • La renovación de la página web fue el principal hito del año. Estos aprendizajes nos permitirán abordar el 2026 con una comunicación más clara, más creíble y mejor preparada para escenarios de alta sensibilidad pública, como el ciclo electoral.

 

  • En cuanto a campañas focalizadas, diseñamos e implementamos #SerHonestoEsLoNormal dirigida a entidades públicas del país para propender por la transformación de ideas y prácticas donde la honestidad, la ética y la integridad sean principios rectores en el trabajo diario de los servidores. Los resultados fueron destacables: (i) 22 entidades públicas de 6 regiones del país mostraron interés en fortalecer la integridad interna, de las cuales 5 activaron la campaña entre sus equipos de trabajo; (ii) 475 servidores públicos se autoevaluaron para reconocer prácticas de corrupción que han normalizado; (iii) +200.000 personas participaron activamente en redes, talleres y activaciones internas.

Mayor sanción judicial de corrupción a través del seguimiento y la incidencia en casos estratégicos.

  • Nuestro Centro de Asesoría Legal -ALAC- enfrentó un fuerte desfinanciamiento por la reducción de la cooperación internacional, por lo que realizamos una optimización y focalización de esfuerzos que implicó pasar de 123 a 20 casos de corrupción prioritarios en seguimiento. Esta apuesta fue exitosa pues se lograron reactivar casos estancados, hubo avances en 11 casos emblemáticos que no registraban evolución desde 2024 (principalmente mediante nuevas acciones con policía judicial), y el 100 % de las peticiones de seguimiento recibieron respuesta de fondo y de manera oportuna.

 

  • Se logró un fallo disciplinario en el caso “Presunto acoso laboral para participar en campaña política en Medellín”, con sanción a tres funcionarios, marcando un precedente en la lucha contra prácticas indebidas en el sector público.

 

  • Nuestra incidencia a favor del avance del proyecto de ley sobre protección a denunciantes de corrupción permitió que el 69% de nuestras recomendaciones fueran aceptadas de manera parcial o total. Continuamos posicionándonos como un actor especializado en el tema y con capacidad de generar articulación entre instancias estatales, sociales, políticas y empresariales, para impulsar esta iniciativa legislativa. Esto permitió que el proyecto de ley fuera radicado nuevamente al finalizar del año, a pesar de haber sido archivado durante el primer semestre de 2025.

 

  • Generamos la guía de protección para denunciantes de corrupción que recoge enfoques de derechos humanos y mecanismos de autoprotección, y participamos en la Iniciativa Regional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, que benefició a dos denunciantes que han sido acompañados por la Corporación.

 

  • Entregamos a la Fiscalía General de la Nación el Manual de acceso a la información pública asociada a la investigación de casos de corrupción, que permitió abrir y mantener una interlocución constante con esta entidad sobre las oportunidades y desafíos para la divulgación de este tipo de información. Esta aproximación se complementó con un relacionamiento renovado con la Fiscalía, que generó un diálogo activo sobre la investigación de casos de corrupción prioritarios para la Corporación.

 

 

  • Continuamos dando seguimiento al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) y publicamos tres nuevos pronunciamientos que sistematizaron el avance de las investigaciones y un análisis sobre el acceso a la información pública en este caso particular. Aplicamos una metodología innovadora creada por Transparencia Internacional para darle mayor visibilidad a los “facilitadores” de este caso de corrupción, que también fue implementada para el caso Odebrecht. Igualmente, avanzamos en el análisis de la red de corrupción del ex Senador Mario Castaño, conocido como el caso “Marionetas”. Todos estos elementos de análisis hacen parte de la información que transmitimos a la Fiscalía General de la Nación para contribuir al impulso de estas investigaciones desde nuevas perspectivas.

 

 

  • Junto con el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, iniciamos el análisis jurídico del asilo concedido por el presidente Gustavo Petro al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos e involucrado en múltiples escándalos de corrupción.

Confianza en el sector empresarial, en un entorno de negocios sostenible y transparente.

  • Aplicamos herramientas de medición de integridad empresarial en 16 empresas (la Medición de Transparencia Empresarial -MTE- y la Medición de Gestión Empresarial de Riesgos de Corrupción -MGERC-). A partir de allí, identificamos que Bavaria, Compensar, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional, Ingredion, Amway, Central Hidroeléctrica de Caldas y Corona han implementado en lineamientos internos una política de protección al denunciante inspirados en la guía que la Corporación elaboró en esta materia en 2022, de manera similar a lo realizado por Bancolombia y Promigas en años anteriores.

 

  • Diseñamos e implementamos una nueva aproximación de financiación potencial de las mediciones mediante una alianza con ANDESCO, lo que nos permitió el envío de 102 propuestas a empresas para la Medición de Transparencia Empresarial 2026, abrió espacios de capacitación y sensibilización a más de 60 empresas y cerca de cien personas, y facilitó contactos clave con el Acueducto de Bogotá y el grupo empresarial EPM.

 

  • Mantuvimos activo el Compromiso Empresarial Anticorrupción, la instancia de discusión y acción colectiva en la que participan miembros y aliados empresariales de la Corporación, para abordar temas asociados a la denuncia y la protección de denunciantes en el entorno empresarial, y en el uso de ciencias del comportamiento para contrarrestar prácticas de soborno. Adicional, también elaboramos una propuesta para la puesta en marcha de un banco de buenas prácticas de integridad empresarial que permita ampliar el alcance de la acción colectiva. Al cierre del año realizamos una reflexión conjunta sobre la sostenibilidad del Compromiso Empresarial Anticorrupción.

 

  • Consolidamos el relacionamiento con las empresas suecas Astrazeneca, SKF, Electrolux y Securitas, que incluyó acciones de sensibilización sobre cultura de integridad con cada empresa, la medición de capacidades para la gestión de riesgos de corrupción y la formulación de principios colectivos de integridad empresarial. Igualmente, se logró desarrollar un proceso muy valioso de difusión de estas acciones en redes sociales ante actores del sector empresarial.

Riesgos de corrupción en la contratación pública y acceso a la información pública

 

  • Completamos un mapeo de identificación de fondos extra presupuestales y del nivel de transparencia de cada uno de ellos, estimando que acumulan más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional de 2025. Este análisis contó con buen nivel de difusión ante la opinión pública, pero sigue siendo desafiante mejorar el acceso a la información de los mismos debido a su naturaleza jurídica, que les permite actuar bajo parámetros de régimen privado.

 

 

  • Continuamos con el acompañamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que dio lugar a dejar instaladas herramientas técnicas sobre riesgos de corrupción, conflictos de interés y uso de lenguaje claro, en la formulación, supervisión y ejecución de programas y proyectos, así como un tablero que permite acceder a datos de contratación, compras públicas y proyectos de inversión para la mitigación de efectos del cambio climático.

 

 

  • Continuamos brindando acompañamiento a las CAR (Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – Corpomojana), como resultado del proceso extenso y detallado de comprensión de la institucionalidad ambiental y de generación de confianza, logramos la reorientación estratégica de sus Planes de Transparencia y Ética Pública hacia un enfoque explícito de lucha contra la corrupción.

 

  • Publicamos el segundo informe de contratación pública en la implementación del Acuerdo de Paz en el cual incluimos recomendaciones para reducir riesgos de corrupción asociados a fallas en el acceso a la información contractual de la implementación del Acuerdo de Paz, las cuales han sido el insumo principal para incidir ante autoridades con competencia en el tema como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo Colombia en Paz (FCP).

Integridad, transparencia y equidad en el ejercicio del poder político.

  • Iniciamos, de manera anticipada al 2026, un proceso de diálogo e incidencia con el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la puesta en marcha de la plataforma Cuentas Claras, que permitió identificar necesidades de fortalecimiento de la herramienta por parte de la autoridad electoral.

 

  • Proporcionamos asesoría técnica al sector financiero para la identificación de operaciones sospechosas asociadas al financiamiento de la política, y contribuimos a la construcción de un diálogo inicial entre la autoridad electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera, con el objetivo de sentar las bases para una cooperación interinstitucional más sólida en la detección, investigación y eventual sanción de irregularidades en el financiamiento de campañas a futuro.

 

  • Mantuvimos la colaboración con el CNE y distintos partidos políticos para fomentar el acceso a financiación de campañas para candidatas mujeres, y evidenciamos un aumento del 3% al 5,8% en los recursos que los partidos asignan a este propósito (de un mínimo de 15% de recursos públicos que los partidos políticos deben asignar obligatoriamente a la promoción de la participación política de mujeres, jóvenes y grupos étnicos), al igual que una mejora en la calidad de ese gasto, información que consignamos en el documento “¿Cumplen los partidos con destinar recursos para la inclusión de mujeres?”.

 

  • Aportamos y facilitamos un proceso regional para la generación de estándares a nivel interamericano para el acceso a recursos para la participación política de mujeres.

Formación cívica y la movilización ciudadana para el cuidado de lo público.

  • En el marco de la Escuela Ciudadana Anticorrupción logramos resultados similares a los de años anteriores llegando a 198 personas inscritas, de las cuales 80 recibieron certificación. Desde su inicio, la Escuela ha formado 1.322 personas. Además, en el 2025 ampliamos la oferta académica con nuevos contenidos sobre corrupción sexual.

 

  • Logramos que 3.829 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 11 colegios de 6 ciudades/municipios (Medellín, Chigorodó, Villavicencio, Buga, Cali, Bogotá y Cundinamarca) completaran el proceso de formación cívica a través de Mundo Crystal, nuestra escuela que promueve valores y principios anticorrupción desde la infancia. A 130 docentes y monitores deportivos, pertenecientes a 13 colegios y 1 instituto departamental del deporte, los capacitamos mediante procesos de formación de formadores, resultados que fueron posible mediante alianzas estratégicas con la Fundación Bolívar Davivienda, la Corporación Minuto de Dios y acciones propias de Transparencia por Colombia.

 

  • Articulamos varias de nuestras iniciativas de activismo cívico bajo el propósito de contribuir a un espacio cívico favorable en el país. En cada una de las acciones reunidas en este marco alcanzamos resultados importantes:
  • Incidimos en la política pública de participación ciudadana.
  • Generamos un instrumento de monitoreo del espacio cívico en el sector extractivo.
  • Aportamos a una estrategia colectiva de más de 30 organizaciones para repensar la sostenibilidad del sector social ante los cambios de la cooperación internacional.
  • Incidimos en el proyecto de ley de protección a denunciantes a partir de recomendaciones para el debate en Comisión Primera del Senado y recomendaciones al nuevo proyecto de ley que fue radicado a finales de 2025 ante la Cámara de Representantes.
  • Trabajamos con más de 40 organizaciones en 18 departamentos del país con enfoque diferencial en grupos étnicos, jóvenes y mujeres.

 

Hitos institucionales:

  • Renovamos nuestra página web y la consolidamos como un espacio de consulta confiable, amigable y pedagógica.

 

  • Afrontamos y superamos la cancelación unilateral que realizó el gobierno de Estados Unidos de proyectos financiados por USAID y por el Departamento de Estado, y nos empezamos a adaptar a la nueva realidad de la cooperación internacional.

 

  • Realizamos un balance de la acción que desarrollamos en 2025 con respecto a los objetivos institucionales de la estrategia 2022-2025 y sus respectivas metas, y el plan aprobado por la Junta Directiva en el 2025, a fin de identificar los resultados más destacables de la Corporación en el año, así como el avance y cumplimiento de lo planteado en la estrategia institucional.

Pre-inscripción para la Escuela Ciudadana Anticorrupción

 Completa tus datos y asegura tu cupo para estudiar en la ECA. Recibirás información exclusiva del curso, pagos y fechas de inicio. 

Ir al contenido