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EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES:

CANDIDATOS Y CANDIDATAS A REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 2022

CONTEXTO

El principio de transparencia en Colombia y la veeduría ciudadana sobre campañas políticas se sustenta en la normativa del Estado (Leyes 1712 de 2014, 2195 de 2022, 1475 de 2011) y en las disposiciones del CNE en materia de rendición de cuentas, entre ellas el reporte obligatorio de la financiación de campañas en Cuentas Claras.

En este marco, la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas apoyó su ejercicio en recursos de transparencia del Estado y en herramientas de sistematización de la información, brindadas por Transparencia por Colombia, para hacer seguimiento a las campañas de candidatos y candidatas a la Cámara por el departamento de Bolívar en 2022.

Los recursos utilizados fueron:

  1. Cuentas Claras: aplicativo desarrollado por Transparencia por Colombia de uso obligatorio desde 2013 para la consolidación de información de ingresos y gastos de campañas. La existencia del aplicativo es un avance importante para el acceso a información sobre financiación de campañas. Sin embargo, la información que entrega es contable y por tanto su presentación y filtros de búsqueda exigen a los ciudadanos cierto grado de conocimiento y de criterio técnico.
  2. Formulario 5B: debido a las dificultades de Cuentas Claras, las organizaciones consolidaron una matriz en Excel con la información de ingresos desagregados en 6 fuentes y de gastos y 11 fuentes de ingresos. Los reportes se realizaron en 4 momentos, dejando el último para un mes después de las elecciones del 13 de
  3. Tablero de consulta: Transparencia por Colombia vinculó la información reportada por las organizaciones aliadas en la APP Powerbi.com, para facilitar la vista general y los filtros de datos. El tablero ayuda en el análisis de la información monitoreada, la posibilidad de desagregarla con facilidad y el recurso de visor por gráficas.
  4. Formulario de observación de campo: para este proceso fue importante realizar un trabajo de campo para contrastar lo registrado en Cuentas Claras con hechos observables. Para ello, se recurrió a un formulario en línea en el cual se registraba información sobre la publicidad exterior visual, actos públicos, sedes de campaña, página web y redes sociales de las campañas.
  5. Reservorio de información: Transparencia por Colombia dispuso un espacio para que las organizaciones pudieran compartir información complementaria para apoyar los análisis del proceso de financiación de campañas.

SEGUIMIENTO FINANCIACIÓN

Para hacer el seguimiento se consolidó una metodología mixta con alcance descriptivo para lo relacionado con información financiera de ingresos y gastos, e interpretativo para identificar las oportunidades de mejora y las barreras del proceso metodológico en el contexto de la política regional y la dinámica territorial de financiación política.   

Funcicar había hecho un ejercicio de seguimiento a financiación de campañas de elecciones territoriales en 2016, pero más allá de la información secundaria disponible, no contaba con una aproximación primaria al panorama de la financiación política de candidatos y candidatas que pretendían acceder al Congreso.

No obstante, se establecieron cuatro hipótesis para comenzar la investigación:

  • La publicación de la información sobre ingresos y gastos se hace de forma lenta y la totalidad de esta sólo se conocerá al finalizar el reporte.
  • La participación de los candidatos y las candidatas del departamento de Bolívar tiene mucho peso dentro de los aspirantes a la Cámara de Representantes en términos de ingresos y gastos porque al ya conocido peso político de algunos aspirantes a repetir curul, se suma la cultura clientelista que ha determinado la política
  • La información reportada en Cuentas Claras tiene disonancias con lo visto en campo, sobre todo en temas de publicidad, donde fueron evidentes mayores gastos a los reportados.
  • Hay una correlación entre el volumen de ingresos y gastos de campaña y los resultados electorales, por lo cual se espera que quien más dinero invierte en la campaña sea elegido.

Generalidades sobre los hallazgos

El 71% de candidatos y las candidatas a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar reportó ingresos. De estos, el 81% de los recursos fueron aportes de personas naturales y el 19% de personas jurídicas. Al compararlo con los datos nacionales, es visible la ausencia de créditos con entidades financieras, que en el resto del país alcanzan el 10,5%. En cuanto a gastos, el 76,1% reportó que la mayor parte de estos se ejecutaron en propaganda electoral (43,4%) y servicios de transporte (25,7%). A diferencia de los datos de reporte a nivel nacional, que tienen como segundo rubro más alto los gastos en administración con un 20%, Bolívar reportó solo 5,9%.

Dinámica de publicación de ingresos y gastos.

A continuación, se presentan los resultados de rendición de cuentas de los candidatos y candidatas a la Cámara por el departamento de Bolívar y seleccionados para el seguimiento. Estos fueron organizados en una línea de tiempo por partido político. 

Gráfica 2. Líneas de tiempo reporte de ingresos y gastos (candidaturas aspirantes a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar).

Fuente: Elaborado por el autor con base en información reportada sobre ingresos y gastos en Cuentas Claras.

Gráfica 3. Promedio de ejecución de ingresos (candidaturas aspirantes a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar).

Fuente: Elaborado por el autor con base en información reportada sobre ingresos y gastos en Cuentas Claras.

 

De los datos de los candidatos seleccionados se puede concluir que:

  • La publicación de la información se hace de forma paulatina conforme se obtienen ingresos y se ejecutan, lo cual obedece a la lógica de reporte establecida en la Resolución 8596 de 2021 del Consejo Nacional Es importante señalar que una semana antes de las votaciones, el ingreso promedio reportado fue de apenas el 56% y el gasto del 44%.
  • Una vez cumplido el plazo para publicar la información en Cuentas Claras se encuentra que hay correspondencia entre los ingresos y los gastos, lo que muestra un alto nivel de ejecución. Sólo en el caso del Centro Democrático y la Coalición Centro Esperanza Salvemos a Bolívar la ejecución de los ingresos fue baja, con 65 y 5 % respectivamente.
  • En el caso de Bolívar hay gran diferencia entre el nivel de reporte de candidatos y candidatas que aspiraron por partidos con listas abiertas y quienes lo hicieron por partidos con listas cerradas. Para el último caso no hubo reporte de ingresos ni gastos, salvo por parte de la candidata Dorina Hernández, quien solamente reportó gastos, según información recolectada un mes después de las elecciones. Al mirar la rendición de cuentas de listas cerradas en otros departamentos y a nivel de Senado, se concluye que no hay datos suficientes para afirmar que haya alguna relación entre el tipo de lista y la publicación o no de la información. Por tanto, haría falta dilucidar si la falta de información se debe a la ausencia real de recursos recibidos o gastados por parte de estos candidatos y candidatas de listas cerradas, si se trata de desconocimiento o errores al momento de registrar la información, o si se puede considerar un caso de vulneración al principio de transparencia y rendición de

 

Lo visto en campo

El equipo del proyecto realizó la observación de campo en Cartagena, pero también tuvo en cuenta las percepciones de las regionales de la Misión de Observación Electoral de Canal del Dique y Montes de María para tener un panorama más completo de la publicidad exterior visual en el departamento de Bolívar. Se observó que:

 

  • Los candidatos con mayores ingresos y gastos del departamento tuvieron altos volúmenes de publicidad exterior visual, con afiches, pasacalles pequeños y vallas impresas y digitales. Con excepción de la candidata Dorina Hernández que, aunque aparece en el tercer lugar con mayores gastos, no lo hizo visible en publicidad.
  • La cantidad de publicidad exterior visual fue menor a la que usualmente hay en elecciones locales, pues siempre hay menor participación electoral en los comicios nacionales.
  • Si bien es muy complejo estimar los gastos reales de la campaña que se destinan a publicidad exterior visual, la percepción generalizada de las coordinaciones de la Misión de Observación consultadas es que el gasto es mucho mayor al reportado. Además, hay otros elementos de gasto como actos públicos y reuniones que implican gastos logísticos de alta cuantía que no se ven reflejados en los datos
  • En la Comisión de Seguimiento Electoral de Cartagena, la Secretaría del Interior solicitó información a los directorios de campaña de los partidos políticos en relación con las autorizaciones formales conseguidas para desplegar vallas y pasacalles en territorio Las respuestas evidenciaban que la mayoría de estos elementos propagandísticos no contaban con permisos institucionales, por lo cual eran ilegales. Sin embargo, la alcaldía presentó demoras en la consolidación de la información y las respuestas tardías o nulas de algunos partidos retrasaron las posibilidades de que las instituciones pudieran ejercer control a la contienda electoral de forma oportuna.

 

Incidencia del volumen de financiación en los resultados electorales

Los resultados electorales del 13 de marzo para Bolívar muestran la relación entre los ingresos y gastos de campaña y la posibilidad de ser elegidos.

Es así como las y los representantes electos para el departamento de Bolívar (6 curules), hacen parte de los 9 candidatos y candidatas con mayor volumen de gasto de campaña. De este top se quedaron sin curul Alonso del Rio Cabarcas, Karen Cure Corcione e Ignacio Becerra Baños. Dos de ellos eran Representantes a la Cámara en ejercicio y uno tenía recorrido político a nivel de la Asamblea departamental de Bolívar.

APRENDIZAJES

La divulgación de información consolidada sobre la financiación de las campañas electorales para Congreso 2022, a través de las redes y base de datos de Transparencia por Colombia y organizaciones aliadas, con datos específicos del departamento de influencia, produjo:

  • Conversación pública durante la contienda electoral acerca de la financiación de campañas. Medios de comunicación, ciudadanía y partidos políticos se pronunciaron, comentaron y opinaron en redes o medios digitales acerca del tema.
  • Dinamización del reporte de información de financiación de campañas en el aplicativo Cuentas Claras. Debido al debate público que se generó sobre el nivel de reporte de ingresos y gastos de campaña de candidatos y candidatas al Congreso, se hizo presión para que se cumpliera con esta acción de transparencia, lo cual repercute en que mejore la cantidad de información reportada. En la página web de Funcicar se publicó el primer comunicado donde ya se alertaba que solo el 22% de las candidaturas por la Cámara de Representantes del departamento de Bolívar estaban reportando ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras. Dicho comunicado hizo parte de la redacción política y posterior publicación de medios como El Universal3, Caracol Radio4 y La W Radio5. Este mensaje se reiteró una semana después cuando, según se expresó en un segundo informe, el nivel de reporte no superaba el 30%. La réplica en esta ocasión estuvo dada por el diario El 6
  • Por otra parte, la Encuesta de percepción Ciudadana (CCV, 2020) arrojó que los y las habitantes de Cartagena identificaron los agentes no gubernamentales que tienen mucha influencia en las decisiones a nivel institucional (percibidos por más del 70% de los encuestados), dentro de los cuales están:
  • Personas con poder/dinero o empresas: 78%.
  • Políticos: 74%.
  • Narcotraficantes: 72%.
  • Grupos armados ilegales o delincuencia organizada: 71%.
  • La apertura estatal a fortalecer la financiación pública de campañas políticas y los mecanismos para hacer más transparente la financiación privada, permiten tanto una reducción de la necesidad de establecer vínculos con ilegales, como mayor posibilidad ciudadana de ejercer control para logar cambios en las formas cómo se hace política en Bolívar y en su cultura electoral.

Bolívar ha sido un territorio donde parte de la clase política ha consolidado su poder, en territorios específicos como el de Cartagena, a través del clientelismo y la financiación ilegal de campañas. La ciudadanía ha tenido una reacción importante en sus decisiones electorales pues, sin valorar cuán buenas o malas son, por lo menos corresponden con la sanción social a malas prácticas electorales como compra de votos.

Más allá del impacto mediático de la información producida, estos hallazgos serán útiles después de la posesión de quienes fueron elegidos, una vez se comiencen a tejer las relaciones entre el poder político, los contratistas y financiadores.

Carolina Calderón Guillot
– Carolina Ferro Bernal*
– Daniel Ricardo Uribe Parra
– Eduardo Wills Herrera
– Gloria María Borrero Restrepo
– Juan Francisco Lozano Ramírez*
– Juliana Velásquez Rodríguez*
– María Elisa Bernal Bueno
– Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

– Álvaro Andrés Echavarría Olano
– Juan Francisco Lozano Ramírez
– Eulalia Arboleda de Montes
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Guillermo Carvajalino Sánchez
– Sylvia Escovar Gómez
– Gustavo Bell Lemus
– Jorge Mario Velásquez J.
– José Alejandro Cortés Osorio

Miembros Institucionales:

– AB InBev – Bavaria S.A.
– Bancolombia S.A.
– Bodytech
– Caracol Televisión S.A.
– Colombia Telecomunicaciones S.A.
– Compensar
– Corporación OCASA
– Corporación Región
– Excelencia en la Justicia
– Foro Nacional por Colombia
– FUNCICAR
– Fundación Corona
– Grupo Bolívar S.A.
– Grupo Nutresa S.A.
– Grupo Sura S.A.
– Manuelita S.A.
– Mercantil Colpatria S.A.
– Misión de Observación Electoral
– Organización Corona S.A.
– Organización Terpel S.A.
– Productos Naturales de la Sabana S.A.S. – Alquería
– Publik
– Sodimac Colombia S.A.
– Summum Projects S.A.S.
– Universidad EAFIT

Miembros Individuales:

– Álvaro Andrés Echavarría O.
– Bernardo Rodríguez Ossa
– Carlos Eduardo Angulo G.
– Carlos Raúl Yepes Jiménez
– Eduardo Wills Herrera
– Eulalia Arboleda de Montes
– Gloria María Borrero R.
– Guillermo Carvajalino S.
– Guillermo Vargas Ayala
– José Alejandro Cortés O.
– Juan Fernando Londoño
– Juan Francisco Lozano R.
– Margareth Gonçalves Flórez
– Margarita Garrido Otoya
– María Elisa Bernal Bueno
– Mónica Aparicio Smith
– Néstor Ricardo Rodríguez A.
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Sylvia Escovar Gómez
– Vivian Newman Pont

Aprendizaje, desarrollo y sostenibilidad de la Corporación.

  • A pesar de los cambios en el ecosistema de cooperación internacional y la reducción de recursos de financiación disponibles que afectó a todo el sector social, en el ámbito interno de la Corporación destacamos los siguientes aspectos:
  • Logramos poner en marcha las acciones de capacitación, bienestar y desarrollo identificadas como prioritarias en las mediciones de clima organizacional, medición de competencias y batería de riesgo psicosocial aplicadas en 2024.
  • Los procesos administrativos, financieros y contables de la Corporación lograron adaptarse a la nueva realidad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, a pesar que el equipo tuvo una reducción del 21% a lo largo del año.
  • La Revisoría Fiscal asignó un nivel de riesgo bajo al control de la administración de la Corporación.

 

  • Fortalecimos las capacidades y alcances de la Corporación con respecto al uso de tecnologías de información y comunicación. Esto se refleja en acciones (i) de estrategia científica y de investigación que apoyaron la implementación de 17 proyectos, (ii) de estrategia técnica, que permitieron la consecución, apropiación y mantenimiento de tecnologías centralizadas, administrables y de propiedad autosuficiente, así como la consolidación de un equipo interno competente y autosuficiente, lo cual permitió disminuir la dependencia de consultorías y establecer canales de diálogo técnico con los proveedores externos restantes; y (iii) de innovación y mercado, que nos permitieron posicionarnos como referentes en cuanto al alcance y calidad del uso de datos públicos, y el apoyo para cualificar propuestas de consecución de recursos.

 

  • A nivel de órganos de gobierno, se destaca el cumplimiento en la realización de las sesiones de la Asamblea General de Miembros, el Consejo Rector y la Junta Directiva, establecidas en los estatutos de la Corporación, así como el fortalecimiento de estas últimas dos instancias gracias a la incorporación de dos nuevos miembros en cada una de ellas, que completan los cargos que estuvieron vacantes hasta 2025.

Posicionamiento y reconocimiento de la Corporación por medio de la comunicación estratégica, para contribuir a la incidencia y al diálogo con actores prioritarios.

  • En materia de relacionamiento con medios de comunicación, apostamos por la divulgación de menos contenidos, pero con más enfoque estratégico, lo cual resultó ser exitoso:
  • Logramos priorizar los espacios de mayor calidad e impacto, maximizando el retorno mediático por pieza emitida. Esta mayor eficiencia se explica, en buena parte, por la alineación entre los temas misionales de la Corporación y el pulso de la agenda pública.
  • Los datos confirman que nuestros pronunciamientos y la intervención oportuna en coyunturas siguen siendo la herramienta más poderosa de posicionamiento.
  • Los picos de cubrimiento no estuvieron asociados a un mayor número de contenidos, sino a acciones que combinaron velocidad, lectura política y claridad técnica, conectando argumentos especializados con narrativas de alto interés público.
  • Nos consolidamos como actor de referencia, incluso en un año no electoral, lo cual también se refleja en mantenernos dentro del listado de las ONG más reconocidas del país en el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos de 2025.

 

  • En cuanto a comunicación digital, dimos un giro estratégico:
  • Pasamos de priorizar el volumen y el alcance masivo a enfocarnos en explicar mejor, conectar con audiencias y sostener conversaciones relevantes sobre corrupción y transparencia.
  • Incorporamos un tono más empático, cercano y ciudadano, sin perder rigor técnico. Esto permitió que más personas entendieran temas complejos y se sintieran parte de la conversación.
  • Las plataformas cumplieron roles distintos y complementarios. Instagram y TikTok crecieron como espacios de conexión y pedagogía; X y LinkedIn se consolidaron como canales de vocería, reputación e incidencia; Facebook se mantuvo su función como canal de difusión a actores más tradicionales y territoriales.
  • La renovación de la página web fue el principal hito del año. Estos aprendizajes nos permitirán abordar el 2026 con una comunicación más clara, más creíble y mejor preparada para escenarios de alta sensibilidad pública, como el ciclo electoral.

 

  • En cuanto a campañas focalizadas, diseñamos e implementamos #SerHonestoEsLoNormal dirigida a entidades públicas del país para propender por la transformación de ideas y prácticas donde la honestidad, la ética y la integridad sean principios rectores en el trabajo diario de los servidores. Los resultados fueron destacables: (i) 22 entidades públicas de 6 regiones del país mostraron interés en fortalecer la integridad interna, de las cuales 5 activaron la campaña entre sus equipos de trabajo; (ii) 475 servidores públicos se autoevaluaron para reconocer prácticas de corrupción que han normalizado; (iii) +200.000 personas participaron activamente en redes, talleres y activaciones internas.

Mayor sanción judicial de corrupción a través del seguimiento y la incidencia en casos estratégicos.

  • Nuestro Centro de Asesoría Legal -ALAC- enfrentó un fuerte desfinanciamiento por la reducción de la cooperación internacional, por lo que realizamos una optimización y focalización de esfuerzos que implicó pasar de 123 a 20 casos de corrupción prioritarios en seguimiento. Esta apuesta fue exitosa pues se lograron reactivar casos estancados, hubo avances en 11 casos emblemáticos que no registraban evolución desde 2024 (principalmente mediante nuevas acciones con policía judicial), y el 100 % de las peticiones de seguimiento recibieron respuesta de fondo y de manera oportuna.

 

  • Se logró un fallo disciplinario en el caso “Presunto acoso laboral para participar en campaña política en Medellín”, con sanción a tres funcionarios, marcando un precedente en la lucha contra prácticas indebidas en el sector público.

 

  • Nuestra incidencia a favor del avance del proyecto de ley sobre protección a denunciantes de corrupción permitió que el 69% de nuestras recomendaciones fueran aceptadas de manera parcial o total. Continuamos posicionándonos como un actor especializado en el tema y con capacidad de generar articulación entre instancias estatales, sociales, políticas y empresariales, para impulsar esta iniciativa legislativa. Esto permitió que el proyecto de ley fuera radicado nuevamente al finalizar del año, a pesar de haber sido archivado durante el primer semestre de 2025.

 

  • Generamos la guía de protección para denunciantes de corrupción que recoge enfoques de derechos humanos y mecanismos de autoprotección, y participamos en la Iniciativa Regional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, que benefició a dos denunciantes que han sido acompañados por la Corporación.

 

  • Entregamos a la Fiscalía General de la Nación el Manual de acceso a la información pública asociada a la investigación de casos de corrupción, que permitió abrir y mantener una interlocución constante con esta entidad sobre las oportunidades y desafíos para la divulgación de este tipo de información. Esta aproximación se complementó con un relacionamiento renovado con la Fiscalía, que generó un diálogo activo sobre la investigación de casos de corrupción prioritarios para la Corporación.

 

 

  • Continuamos dando seguimiento al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) y publicamos tres nuevos pronunciamientos que sistematizaron el avance de las investigaciones y un análisis sobre el acceso a la información pública en este caso particular. Aplicamos una metodología innovadora creada por Transparencia Internacional para darle mayor visibilidad a los “facilitadores” de este caso de corrupción, que también fue implementada para el caso Odebrecht. Igualmente, avanzamos en el análisis de la red de corrupción del ex Senador Mario Castaño, conocido como el caso “Marionetas”. Todos estos elementos de análisis hacen parte de la información que transmitimos a la Fiscalía General de la Nación para contribuir al impulso de estas investigaciones desde nuevas perspectivas.

 

 

  • Junto con el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, iniciamos el análisis jurídico del asilo concedido por el presidente Gustavo Petro al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos e involucrado en múltiples escándalos de corrupción.

Confianza en el sector empresarial, en un entorno de negocios sostenible y transparente.

  • Aplicamos herramientas de medición de integridad empresarial en 16 empresas (la Medición de Transparencia Empresarial -MTE- y la Medición de Gestión Empresarial de Riesgos de Corrupción -MGERC-). A partir de allí, identificamos que Bavaria, Compensar, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional, Ingredion, Amway, Central Hidroeléctrica de Caldas y Corona han implementado en lineamientos internos una política de protección al denunciante inspirados en la guía que la Corporación elaboró en esta materia en 2022, de manera similar a lo realizado por Bancolombia y Promigas en años anteriores.

 

  • Diseñamos e implementamos una nueva aproximación de financiación potencial de las mediciones mediante una alianza con ANDESCO, lo que nos permitió el envío de 102 propuestas a empresas para la Medición de Transparencia Empresarial 2026, abrió espacios de capacitación y sensibilización a más de 60 empresas y cerca de cien personas, y facilitó contactos clave con el Acueducto de Bogotá y el grupo empresarial EPM.

 

  • Mantuvimos activo el Compromiso Empresarial Anticorrupción, la instancia de discusión y acción colectiva en la que participan miembros y aliados empresariales de la Corporación, para abordar temas asociados a la denuncia y la protección de denunciantes en el entorno empresarial, y en el uso de ciencias del comportamiento para contrarrestar prácticas de soborno. Adicional, también elaboramos una propuesta para la puesta en marcha de un banco de buenas prácticas de integridad empresarial que permita ampliar el alcance de la acción colectiva. Al cierre del año realizamos una reflexión conjunta sobre la sostenibilidad del Compromiso Empresarial Anticorrupción.

 

  • Consolidamos el relacionamiento con las empresas suecas Astrazeneca, SKF, Electrolux y Securitas, que incluyó acciones de sensibilización sobre cultura de integridad con cada empresa, la medición de capacidades para la gestión de riesgos de corrupción y la formulación de principios colectivos de integridad empresarial. Igualmente, se logró desarrollar un proceso muy valioso de difusión de estas acciones en redes sociales ante actores del sector empresarial.

Riesgos de corrupción en la contratación pública y acceso a la información pública

 

  • Completamos un mapeo de identificación de fondos extra presupuestales y del nivel de transparencia de cada uno de ellos, estimando que acumulan más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional de 2025. Este análisis contó con buen nivel de difusión ante la opinión pública, pero sigue siendo desafiante mejorar el acceso a la información de los mismos debido a su naturaleza jurídica, que les permite actuar bajo parámetros de régimen privado.

 

 

  • Continuamos con el acompañamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que dio lugar a dejar instaladas herramientas técnicas sobre riesgos de corrupción, conflictos de interés y uso de lenguaje claro, en la formulación, supervisión y ejecución de programas y proyectos, así como un tablero que permite acceder a datos de contratación, compras públicas y proyectos de inversión para la mitigación de efectos del cambio climático.

 

 

  • Continuamos brindando acompañamiento a las CAR (Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – Corpomojana), como resultado del proceso extenso y detallado de comprensión de la institucionalidad ambiental y de generación de confianza, logramos la reorientación estratégica de sus Planes de Transparencia y Ética Pública hacia un enfoque explícito de lucha contra la corrupción.

 

  • Publicamos el segundo informe de contratación pública en la implementación del Acuerdo de Paz en el cual incluimos recomendaciones para reducir riesgos de corrupción asociados a fallas en el acceso a la información contractual de la implementación del Acuerdo de Paz, las cuales han sido el insumo principal para incidir ante autoridades con competencia en el tema como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo Colombia en Paz (FCP).

Integridad, transparencia y equidad en el ejercicio del poder político.

  • Iniciamos, de manera anticipada al 2026, un proceso de diálogo e incidencia con el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la puesta en marcha de la plataforma Cuentas Claras, que permitió identificar necesidades de fortalecimiento de la herramienta por parte de la autoridad electoral.

 

  • Proporcionamos asesoría técnica al sector financiero para la identificación de operaciones sospechosas asociadas al financiamiento de la política, y contribuimos a la construcción de un diálogo inicial entre la autoridad electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera, con el objetivo de sentar las bases para una cooperación interinstitucional más sólida en la detección, investigación y eventual sanción de irregularidades en el financiamiento de campañas a futuro.

 

  • Mantuvimos la colaboración con el CNE y distintos partidos políticos para fomentar el acceso a financiación de campañas para candidatas mujeres, y evidenciamos un aumento del 3% al 5,8% en los recursos que los partidos asignan a este propósito (de un mínimo de 15% de recursos públicos que los partidos políticos deben asignar obligatoriamente a la promoción de la participación política de mujeres, jóvenes y grupos étnicos), al igual que una mejora en la calidad de ese gasto, información que consignamos en el documento “¿Cumplen los partidos con destinar recursos para la inclusión de mujeres?”.

 

  • Aportamos y facilitamos un proceso regional para la generación de estándares a nivel interamericano para el acceso a recursos para la participación política de mujeres.

Formación cívica y la movilización ciudadana para el cuidado de lo público.

  • En el marco de la Escuela Ciudadana Anticorrupción logramos resultados similares a los de años anteriores llegando a 198 personas inscritas, de las cuales 80 recibieron certificación. Desde su inicio, la Escuela ha formado 1.322 personas. Además, en el 2025 ampliamos la oferta académica con nuevos contenidos sobre corrupción sexual.

 

  • Logramos que 3.829 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 11 colegios de 6 ciudades/municipios (Medellín, Chigorodó, Villavicencio, Buga, Cali, Bogotá y Cundinamarca) completaran el proceso de formación cívica a través de Mundo Crystal, nuestra escuela que promueve valores y principios anticorrupción desde la infancia. A 130 docentes y monitores deportivos, pertenecientes a 13 colegios y 1 instituto departamental del deporte, los capacitamos mediante procesos de formación de formadores, resultados que fueron posible mediante alianzas estratégicas con la Fundación Bolívar Davivienda, la Corporación Minuto de Dios y acciones propias de Transparencia por Colombia.

 

  • Articulamos varias de nuestras iniciativas de activismo cívico bajo el propósito de contribuir a un espacio cívico favorable en el país. En cada una de las acciones reunidas en este marco alcanzamos resultados importantes:
  • Incidimos en la política pública de participación ciudadana.
  • Generamos un instrumento de monitoreo del espacio cívico en el sector extractivo.
  • Aportamos a una estrategia colectiva de más de 30 organizaciones para repensar la sostenibilidad del sector social ante los cambios de la cooperación internacional.
  • Incidimos en el proyecto de ley de protección a denunciantes a partir de recomendaciones para el debate en Comisión Primera del Senado y recomendaciones al nuevo proyecto de ley que fue radicado a finales de 2025 ante la Cámara de Representantes.
  • Trabajamos con más de 40 organizaciones en 18 departamentos del país con enfoque diferencial en grupos étnicos, jóvenes y mujeres.

 

Hitos institucionales:

  • Renovamos nuestra página web y la consolidamos como un espacio de consulta confiable, amigable y pedagógica.

 

  • Afrontamos y superamos la cancelación unilateral que realizó el gobierno de Estados Unidos de proyectos financiados por USAID y por el Departamento de Estado, y nos empezamos a adaptar a la nueva realidad de la cooperación internacional.

 

  • Realizamos un balance de la acción que desarrollamos en 2025 con respecto a los objetivos institucionales de la estrategia 2022-2025 y sus respectivas metas, y el plan aprobado por la Junta Directiva en el 2025, a fin de identificar los resultados más destacables de la Corporación en el año, así como el avance y cumplimiento de lo planteado en la estrategia institucional.

Pre-inscripción para la Escuela Ciudadana Anticorrupción

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