En este documento se señalan los riesgos de corrupción relacionados con la contratación, el empleo público, así como la puesta en marcha de medidas y políticas anticorrupción. Este análisis contempla el seguimiento a los procesos de gestión administrativa de 75 entidades del orden nacional de las tres ramas del poder público: 32 gobernaciones, 32 contralorías y 28 municipios capitales de departamentos. 

A continuación, se presentan algunas propuestas orientadas a que el gobierno del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez continúe y profundice en decisiones que garanticen la lucha contra la corrupción en los procesos de la gestión pública.