• Transparencia por Colombia presenta los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2025, en el que Colombia obtiene 37 puntos sobre 100. Con este puntaje, el país cae en comparación con 2024 y se ubica por debajo del promedio regional.
• El cierre del gobierno de Gustavo Petro deja un balance desfavorable en materia de percepción de la corrupción, evidenciando una brecha entre las expectativas de cambio y los resultados percibidos por la ciudadanía.
• En actual contexto electoral, el IPC se consolida como un referente que le permita a la ciudadanía exigir propuestas serias, coherentes y acordes con la gravedad del problema, a quienes aspiran a la Presidencia y al Congreso de la República.

Bogotá, febrero 10 de 2026. Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional, presenta los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, el indicador global más relevante para medir la percepción de corrupción en el sector público. En esta medición, Colombia obtuvo una calificación de 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 99 entre 182 países.

Estos resultados representan un retroceso frente a 2024, cuando el país alcanzó 39 puntos y ocupó el puesto 92, lo que implica una caída de siete posiciones en el ranking global en un solo año. Aún más, en comparación con 2023, cuando Colombia logró el mayor puntaje de la última década (40 puntos sobre 100), el país evidencia una tendencia descendente sostenida tanto en puntuación como en posición relativa, reflejando la fragilidad de los avances alcanzados en la percepción de la corrupción.

El desempeño de Colombia en el IPC refleja una trayectoria marcada por estancamientos y retrocesos sostenidos durante la última década. El resultado de 2025 de este indicador muestra que, tras varios años con puntajes cercanos a los 39 y 40 puntos, el país no logró consolidar una tendencia de mejora en la percepción de la corrupción en el sector público. El IPC 2025 confirma la fragilidad de los avances alcanzados y refuerza la lectura de un deterioro persistente en la integridad pública.

El IPC evalúa a 182 países, otorgando puntajes entre 0 y 100, donde 100 indica una percepción muy baja de corrupción y 0 una percepción muy alta. Toda calificación inferior a 50 evidencia serias debilidades en la integridad pública y en la capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

Principales resultados globales y regionales

En el contexto global, los países con mejor desempeño en el IPC 2025 fueron Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84), mientras que los puntajes más bajos correspondieron a Venezuela (10), Sudán del Sur (9) y Somalia (9). Estos últimos países reflejan escenarios de colapso institucional, impunidad y profunda captura del Estado.

En la región de las Américas, el IPC 2025 registró un promedio de 42 puntos sobre 100, confirmando que la corrupción continúa siendo un problema para la mayoría de los países del continente. Con 37 puntos, Colombia se ubica por debajo del promedio regional y en una franja media-baja, lejos de países como Canadá (75), Uruguay (73) y Chile (63), que lideran el desempeño regional. El país apenas supera a otros Estados como Argentina (36), Brasil (35), Ecuador (33) y Panamá (33), y mantiene distancia frente a Perú (30), México (27) y Bolivia (28).

Una lectura en perspectiva: estancamientos, retrocesos y cierre de gobierno

La presentación de los resultados del IPC 2025 coinciden con el último año de gobierno del presidente Gustavo Petro y evidencian una brecha creciente entre las expectativas iniciales de transformación y los resultados percibidos por la ciudadanía. La persistencia de escándalos de corrupción en el alto gobierno, sumada a la ausencia de una política pública anticorrupción robusta y sostenida, ha profundizado el escepticismo y la desconfianza frente a la capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno de manera estructural. Según la encuesta Invamer de junio de 2025, el 83 % de las personas encuestadas considera que la corrupción está empeorando en Colombia, un aumento de 23 puntos porcentuales frente a agosto de 2022, cuando el 60 % compartía esta percepción. Estos datos coinciden con lo revelado en la reciente encuesta publicada por la Revista Semana[1], al indicar que la corrupción es el principal problema que tiene Colombia hoy.

Un llamado a elevar el estándar: prioridades para el próximo gobierno

El resultado del IPC 2025 también se conoce en un contexto particularmente sensible para la democracia colombiana, pues el país ha entrado de lleno en modo electoral. Desde Transparencia por Colombia se considera que el inicio de un nuevo ciclo electoral representa una oportunidad crítica para corregir el rumbo en la lucha contra la corrupción. Esta situación también la evidencia los datos del Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, al indicar que el desempeño del presidente Gustavo Petro en disminuir la corrupción en 2025 fue el peor entre 16 funciones evaluadas de su gobierno, logrando solamente una calificación de 33/100.

El IPC 2025 deja en evidencia que el país no puede seguir apostando por respuestas fragmentadas, reactivas o basadas únicamente en discursos de campaña. El próximo gobierno deberá asumir la lucha contra la corrupción como una prioridad estratégica, con liderazgo ético desde el más alto nivel, una política pública anticorrupción integral y sostenida, y un énfasis claro en la prevención que complemente la acción sancionatoria.

Este desafío recae principalmente en la Presidencia de la República, pero también exige un rol activo del Congreso, en particular para avanzar en reformas pendientes y fortalecer los marcos normativos e institucionales necesarios. El IPC 2025 se consolida como un referente que le permita a la ciudadanía exigir propuestas serias, coherentes y acordes con la gravedad del problema, a quienes aspiran a la Presidencia y al Congreso de la República.

“Colombia llega a un nuevo ciclo electoral con una percepción de corrupción que evidencia problemas estructurales no resueltos y una oportunidad histórica para exigir cambios de fondo. El próximo gobierno deberá demostrar, desde el primer día, que la lucha contra la corrupción es una prioridad real, con acciones concretas, liderazgo ético y una visión de largo plazo que permita recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un país más justo y transparente”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

[1] Encuesta Atlas – Semana, Elecciones Presidenciales – Colombia 2026, 05-08 Ene 2026.