La Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas presentó el informe de análisis detallado del financiamiento de las campañas políticas en las elecciones legislativas y presidenciales del año 2022. Se identificó que, en total, en las elecciones de 2022 se reportaron ingresos por más de $351 mil millones de pesos[1] y gastos por encima de $366 mil millones de pesos[2], según la información reportada por los partidos y organizaciones política en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.

La Alianza -conformada por Transparencia por Colombia, Corporación Región, Foro Costa Atlántica, Fundación Cívico Social Pro Cartagena- FUNCICAR, Corporación Cívica de Caldas, Corporación VIGÍA Cívica, Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, Transparencia por Santander y Unidad de Acción Vallecaucana- identificó cinco patrones principales que caracterizaron la financiación de campañas durante el año 2022:

Primero, la persistencia de la alta dependencia de recursos privados para la financiación de las campañas políticas. Si bien el financiamiento privado de campañas es una forma legítima de participación política, sería deseable tener un financiamiento más balanceado entre aportes públicos y privados para las campañas, de tal manera que sea posible contar con una contienda electoral más equitativa entre partidos, organizaciones y movimientos que tienen recorridos y capacidades muy distintas.

Segundo, el financiamiento público durante el desarrollo de las campañas es prácticamente nulo.  Si bien Colombia contempla un financiamiento mixto de campañas, durante el desarrollo de las mismas se han encontrado barreras para acceder a los anticipos estatales, como los requisitos de adquisición de las pólizas por parte de las organizaciones políticas y la apertura de la cuenta bancaria única de campaña.

Tercero, persisten las barreras para el acceso a los recursos de campañas para las campañas de las mujeres. La obtención de recursos para el financiamiento de las campañas es un factor decisivo para el éxito electoral, sin embargo, se evidencia que no hay equidad en el proceso para financiar las candidaturas de las mujeres. Por ejemplo, en las elecciones legislativas las organizaciones políticas realizaron donaciones a 242 candidatos en contraste con los aportes realizados a 129 candidatas.

Cuarto, hay un riesgo de opacidad en la información de ingresos y gastos de campañas. La Resolución 8586 de 2021 del CNE hizo obligatorio el reporte de las operaciones contables una semana después de realizados, con el fin de promover una rendición de cuentas en tiempo real y facilitar el seguimiento oportuno a estos recursos. Sin embargo, en las campañas de 2022 se evidenció un bajo cumplimiento con esta obligación. Por ejemplo, a tres días de las elecciones legislativas, menos de la mitad de las candidaturas habían hecho algún reporte de ingresos y gastos a través de Cuentas Claras.

Quinto, el mayor disparador gastos en las campañas políticas continúa siendo la propaganda electoral, incluyendo el auge de redes sociales que resulta difícil de monitorear. La propaganda representó el 45% del gasto de las campañas al Congreso (más de $123 mil millones de pesos), el 61,3% del gasto de la primera vuelta presidencial (más de $46 mil millones de pesos) y el 65,1% de la segunda vuelta (más de $10 mil millones de pesos). Las redes sociales son un medio de propaganda política que se encuentra en auge, lo cual se evidencia en que, para las elecciones legislativas, representaron un 19% del total de gastos de propaganda electoral para Senado y 31,3% para Cámara, mientras que para las elecciones presidenciales representaron un 24,7% en primera vuelta y un 40% en segunda vuelta. Sin una regulación clara sobre la propaganda electoral en redes sociales, se hace difícil realizar un monitoreo y control sobre este tipo de gastos.

A partir de estos resultados y de cara a las elecciones territoriales de 2023, desde la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas se generaron las siguientes alertas:

• El evidente incremento del número partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que tendrán derecho a participar en estas contiendas electorales, implica que el número candidaturas podría crecer ampliamente, por lo cual el control a la financiación de estas elecciones será mucho más desafiante que en elecciones pasadas. En este contexto, se hace un llamado a que las organizaciones políticas apoyen a sus candidatos y candidatas en comprender e implementar todas las obligaciones asociadas a la administración y rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas.

• Ese mismo escenario implicará que la demanda por fuentes de financiación se ampliará significativamente. Resulta necesario que la autoridad electoral revise las barreras que impiden el acceso a financiamiento público para incrementar la entrega de recursos estatales por medio de los anticipos de campañas, con el fin de mitigar los riesgos de financiación por fuentes no permitidas. Igualmente, se hace un llamado al sector privado para que amplíe el acceso al financiamiento para mujeres, jóvenes y nuevos liderazgos, lo cual fomenta la participación política en condiciones de equidad.

• Los miles de personas que recibirán avales para las elecciones locales de 2023 deben ser conscientes de su deber de rendir cuentas sobre los ingresos y gastos de sus campañas, incluso si no resultan elegidas. La calidad y la oportunidad de la información que reporten a través del aplicativo Cuentas Claras determinan en buena medida la transparencia de su financiamiento. Las campañas deben cumplir con la obligación del reporte de ingresos y gastos en tiempo real a través del aplicativo[3] y evitar que se realicen constantes cambios en los registros cargados al aplicativo Cuentas Claras.

Como lo señala Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia “es imprescindible conocer cómo se financian las campañas, pues esto fortalece la calidad de la democracia, aclara la relación entre dinero y política, y disminuye los riesgos de captura del Estado”. “Para las elecciones de 2023 resulta fundamental fortalecer los procesos de vigilancia a la financiación electoral, instamos al Consejo Nacional Electoral a continuar el fortalecimiento de Cuentas Claras, mejorar el acceso a la financiación pública e incorporar mecanismos de control a los aportes privados a las campañas”, añadió Hernández.

Para mayor información, los invitamos a conocer el balance electoral 2022 en donde podrán encontrar el seguimiento a la financiación de las elecciones legislativas y presidenciales 2022, junto con el análisis realizado frente a este asunto en ocho departamentos del país:  https://transparenciacolombia.org.co/2023/05/04/balance-electoral-2022-informe-nacional/ De igual forma, puede visitar la página de Monitor Ciudadano, donde podrá encontrar al detalle la información de los ingresos y los gastos reportados por las candidaturas tanto para Congreso, como para Primera y Segunda Vuelta Presidencial. https://www.monitorciudadano.co/

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[1] $274.648.717.088 en Congreso y $76.820.258.644 primera y segunda vuelta presidencial.

[2] $274.931.822.256 en Congreso y $91.233.575.961 en primera y segunda vuelta presidencial.

[3] Estipulada en la Resolución 8586 de 2021 del Consejo Nacional Electoral.