En toda entidad pública, deberá existir una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La Oficina de Control Interno, deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes, así como ejercerá control interno disciplinario y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.

Su función principal es ejercer el control fiscal, es decir la vigilancia de los recursos públicos tanto a la administración como a los particulares que manejen dineros o bienes públicos, para que lo hagan conforme a la ley, con el fin de garantizar el bienestar general de la comunidad. Dicho control fiscal se realiza de forma posterior.

La Fiscalía General de la Nación es una entidad pública que hace parte de la Rama Judicial y está encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento. (Artículo 250 de la Constitución Nacional).

El Ministerio del Interior tiene a su disposición la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral – URIEL -, la cual es una instancia de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, integrada por varias entidades que tienen competencia para adelantar investigaciones penales, disciplinarias, fiscales, administrativas y otras acciones públicas por irregularidades en contra del proceso electoral y la libre participación democrática.

La URIEL está integrada por entidades como la Fiscalía General de la Nación, La Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República, entre otras.

Es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado, siendo el máximo organismo del Ministerio Público. Su obligación es velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a los servidores públicos. Dentro de sus funciones está la protección de los derechos fundamentales, el respeto de los deberes ciudadanos y la protección del patrimonio público. Su función puede ser preventiva y disciplinaria.