Autor: Transparencia por Colombia
Fecha: agosto de 2024
Este Balance del segundo año de gobierno del presidente Gustavo Petro, se concentra en la identificación y análisis de las acciones anticorrupción adelantadas por el Gobierno Nacional en este periodo, en medio de un contexto agravado por escándalos de corrupción. El propósito de este análisis es, primero, hacer un llamado al Gobierno Nacional para redefinir las áreas que necesitan mayor foco, liderazgo e impulso desde la gestión presidencial; segundo, alertar sobre los temas que no están siendo atendidos o que no han logrado pasar de un abordaje discursivo, a pesar de ser cruciales para enfrentar el problema de la corrupción.
Como parte de los diseños formales, a partir de la expedición de la Ley 2195 de 2022, las entidades sin ánimo de lucro (ESALES) hacen parte de las entidades privadas obligadas a contar con un Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
A la luz del proyecto de ley bajo análisis, consideramos importante que la actual reforma al sistema judicial incluya en la discusión temas fundamentales asociados a la corrupción. Con este propósito presentamos tres aspectos que convendría el congreso incluya dentro del trámite: i) el fortalecimiento de las capacidades institucionales para promover la investigación y sanción de la corrupción, ii) la inclusión de un enfoque de reparación de víctimas de corrupción a favor de comunidades y personas y, iii) la importancia del principio de oportunidad para los casos de corrupción a través de la reparación integral de víctimas.
A la luz del proyecto de ley bajo análisis, consideramos importante que la actual reforma al sistema judicial incluya en la discusión temas fundamentales asociados a la corrupción. Con este propósito presentamos tres aspectos que convendría el congreso incluya dentro del trámite: i) el fortalecimiento de las capacidades institucionales para promover la investigación y sanción de la corrupción, ii) la inclusión de un enfoque de reparación de víctimas de corrupción a favor de comunidades y personas y, iii) la importancia del principio de oportunidad para los casos de corrupción a través de la reparación integral de víctimas.
