Transparencia por Colombia

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Buceando en la financiación electoral

La competencia electoral se desarrolla en un escenario injusto en el que el principio de igualdad se queda en el papel y las reglas del juego se vuelven obstáculo para la participación efectiva en política. 

Unidad Acción Vallecaucana participó en la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas Políticas y realizó el monitoreo de las campañas al Congreso de la República y candidaturas por el Valle del Cauca durante el 2022 para aportar a este tema del que poco se habla y sobre el que hay mucha desinformación y desconocimiento.  

El proceso electoral es un escenario idóneo para la promoción de la participación y la transparencia:

“El dinero y su poder pueden desvirtuar la voluntad del pueblo; pueden alterar la competencia electoral; sobornar, dictar políticas públicas, tornar frágil la democracia. La discusión sobre un tema de esta importancia no tiene la relevancia equivalente al peligro que representa. El edificio democrático puede derrumbarse si el voto se decide más como resultado del dinero gastado en propaganda política masiva o por el que aporta quienes dictan las decisiones del Estado, alejando al gobierno de sus compromisos electorales.” Organización de Estados Americanos (2011).

Aquí te contamos o cuánto cuesta una campaña política y de dónde sale la plata para financiarlas.

Contexto: ¿qué pasó en el Valle del Cauca?

Estos son los puntos clave para comprender la contienda electoral y la financiación en el Valle del Cauca:

  1. El Valle del Cauca es un departamento con influencia económica ilegal producto del narcotráfico.
  2. Por ser un punto estratégico en el sur del país, ha recibido gran número de inmigrantes y desplazados por el
  3. Cali concentra casi la mitad del potencial electoral del departamento (49%) para la elección a la Cámara. De los 3.669.369 ciudadanos habilitados para votar en el Valle, 787.424 están en Cali.
  4. Cali fue una de las ciudades epicentro del estallido social del

Debido a la población del Valle del Cauca son 13 los candidatos que se eligen, más uno del partido Comunes en cumplimiento del acuerdo de paz. En la región hay alta fragmentación partidista, lo que da lugar a liderazgos personalistas y facciones dentro de los partidos. Al respecto, Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE Valle, nos dijo: 

Las organizaciones en el nivel local son en realidad bastante autónomas. Las cuentas que nosotros hacemos suponen que solo hay 3 organizaciones que tienen escalera completa, es decir, Senado, Cámara y Concejo, solamente 3, de más o menos 30 organizaciones que compitieron por Cámara y Senado. Entonces, hablamos de que la gran mayoría son organizaciones locales que querían llegar a Congreso, a Cámara y Senado, o simplemente competir por el hecho de mantener cierta vigencia en nivel regional, cierta vigencia que les permita luego negociar con las candidaturas presidenciales, tomarse la foto apoyando a los candidatos presidenciales, organizar reuniones (Alejandro Sánchez, director MOE Valle, min 13:03-13:51).

Seguimiento de financiación electoral: cómo monitorear la plata de los candidatos

Un transeúnte que vea una valla de un candidato suele desconocer que la instalación y arrendamiento del espacio costaron $60.000.000. Desde 2011, los candidatos deben registrar en Cuentas Claras todos los ingresos y gastos de campaña, desde la contratación del gerente o el contador, hasta la lulada y empanadas para las reuniones. Esta información es pública y cualquiera con internet y un computador puede consultarla. Para elecciones de 2022, el CNE indicó que los candidatos tenían hasta siete días para reportar en la plataforma la información requerida.

Por el Valle del Cauca se inscribieron 124 candidaturas de 12 agrupaciones políticas para la circunscripción departamental y 26 candidaturas para la circunscripción territorial especial (CITREP). A tres días de las elecciones, de las 150 candidaturas inscritas, 88 (58.7%) no habían reportado ingresos. Por su parte, los reportes de las otras 62 candidaturas sumaban $5.254 millones, de los cuales el 87% eran de candidaturas de hombres; 39 candidatos reportaron ingresos por $4.565 millones y 23 candidatas reportaron ingresos por $689 millones.

Dentro del top 10 de candidatos con mayor valor en ingresos reportados, la única mujer es Adriana Millán del Partido Liberal:

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes en el aplicativo Cuentas Claras (Corte a 9 de marzo).

Notamos que algunos partidos y candidaturas contaron con muchos más recursos para vallas publicitarias, pasacalles o volantes, mientras que otros candidatos no fueron conocidos por no contar con publicidad. El partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático y sus cabezas de lista tuvieron publicidad de forma temprana con vallas que duraron más de un mes exhibidas y otras de gran tamaño distribuidas a lo largo de los ejes norte, sur, oriente y occidente en la ciudad.

La publicidad visual apuntó a las emociones de los caleños frente al paro del 2021 y los bloqueos que hubo en abril y mayo. La campaña de Juanita Cataño de centroderecha recurrió a un discurso polarizador, señalando el paro como una toma guerrillera con imágenes que invitaban a votar por partidos que apoyaran al ejército nacional y no a grupos armados ilegales.

Algunos candidatos optaron por una versión de publicidad impresa tipo “periódico”. También vimos afiches pegados en postes o en las viviendas. El uso de pasacalles se vio en municipios pequeños como Rozo, La Cumbre y Caicedonia.

En casos como el del Partido Liberal, la publicidad en vallas se compartió con concejales en ejercicio que manifestaron apoyo a diferentes candidaturas. Por ejemplo, la candidatura de Reyes Kuri tuvo vallas y publicidad con la concejal Diana Rojas del Partido Liberal y la de Álvaro Monedero tuvo vallas con el concejal Carlos Pinilla del Partido Liberal.

En comparación con otros años, hubo una disminución en el uso de pasacalles, volantes y material impreso publicitario, pero se mantuvieron las vallas grandes. En cambio, el uso de redes sociales y páginas web aumentó con pequeños videos y cápsulas que no fueron registrados como gastos en los reportes. Tampoco hubo reportes de encuentros realizados en empresas específicas o con grupos de líderes en diversos municipios, pero que sí quedaron registrados en fotografías publicadas en las redes sociales de los candidatos.

También se compartió publicidad con las consultas presidenciales. Según Alejandro Sánchez hubo municipios en los que la campaña estuvo “increíblemente fría”:

“Por ejemplo, en municipios como Buenaventura vimos una campaña increíblemente fría en términos de la publicidad visual […] hemos rastreado y hemos hecho acompañamiento y nos hemos interesado mucho por municipios como Buenaventura y el golpe que recibía el observador en términos de publicidad visual era brutal, cada árbol, cada esquina, cada poste tenía una pieza publicitaria. Sin embargo, en esta elección y en 2018 no lo hubo y creemos que eso se explica por características del sistema de partidos del nivel subnacional en Buenaventura, es decir, lo que pasaba con las organizaciones políticas. En otros municipios, como por ejemplo en Cali y departamentos vecinos (…) hubo organizaciones que se jugaron a fondo en pos de objetivos electorales, y digamos, como que, varío mucho; hubo organizaciones que fueron bastante tímidas en el uso de publicidad visual, incluso organizaciones que tienen 100.000 votos, votaciones muy importantes, mientras que hubo otras organizaciones que se la jugaron a fondo y uno visitaba el Tolima, el Huila, visitaba Risaralda y Quindío y lo que veía era vallas de esas organizaciones vallecaucanas. Entonces como excesos, y excesos de prudencia y excesos de abundancia dependiendo las organizaciones, como muy desigual” (Entrevista Alejandro Sánchez, min 7:48-9:18).

¿Es tan cara la democracia?

El límite de gastos se fijó en $14.984.322.8161 por cada lista, lo que indicaría que el monto máximo por candidato en cada una de las listas correspondía al tope por lista dividido en el número de candidatos con los que compartía aval. En el caso de los partidos con 13 candidatos, el límite de gastos por candidato fue de $ 1.152.640.217. En el caso de la Coalición Mira-Colombia Justa Libres y El Cambio Soy Yo Movimiento Digital con 8 candidatos, el monto máximo fue de $ 1.873.040.352, y para el Movimiento de Salvación Nacional y el Partido Comunes que contaron con 2 y 3 candidatos el límite de gastos fue de $4.995 y $7.492 millones.

De acuerdo con la información reportada al 18 de mayo de 2022, las candidaturas para Cámara del Valle del Cauca registraron ingresos por $12.312 millones y gastos por $12.247 millones. Ni sumando los gastos de las 12 organizaciones políticas y 124 candidatos a la Cámara de Representantes, se alcanza el tope establecido para un solo partido político. Así, el promedio de gastos fue de $107 millones.

La información reportada al 12 de julio permite observar una ostensible brecha de género. Mientras que para las campañas a Senado las mujeres recibieron 1,8 veces menos ingresos que los hombres, en el caso de la Cámara la diferencia fue de 2,5 veces menos ingresos.

Fuente: Tablero de datos de Transparencia por Colombia para el monitoreo a la financiación de campañas electorales a Congreso de la República 2022. Corte al 12 de julio de 2022.

Por otro lado, en la plataforma Cuentas Claras se evidenció que de las 124 candidaturas solo 9 (7.3%) dejaron de reportar. A nivel nacional hubo un pico de registro el 17 de febrero que alcanzó su máximo el 7 de marzo. En el caso de Cámara Valle del Cauca, este pico fue mayor el 12 de marzo, un día antes de las elecciones.

 

Ahora bien, del top 10 de candidaturas con mayores ingresos y gastos, 6 alcanzaron una curul.

De los recursos reportados por las candidaturas, se identificó que no hay diferencia entre los aportes realizados por personas naturales (56%) y jurídicas (44%) y que el 55,22% de sus ingresos provinieron de donaciones de particulares y de recursos propios (29%). En cuanto a los gastos, se concentraron en propaganda electoral (53%) y administración (19%).

Tipo de gastos en campañas para Cámara de Representantes del Valle del Cauca

 
  

En los candidatos electos el 70% de la financiación provino de personas jurídicas; con excepción de 3 candidatos de la Coalición Pacto Histórico y 2 candidatos del Partido de la U, en los que los aportes de personas jurídicas no representaron más del 8% de sus ingresos, y un candidato de Cambio Radical en el que representó el 39%; en los 7 candidatos restantes los ingresos de personas jurídicas representaron entre el 60% y el 100%. Entre las personas jurídicas, el partido político del candidato fue el principal aportante con el 40%. En segundo lugar, se encuentran los aportes provenientes de empresas dedicadas a publicidad. En conjunto, los aportes de partidos políticos y empresas dedicadas a publicidad representaron el 67% de los aportes provenientes de personas jurídicas que recibieron los candidatos electos.

Distribución según tipo de aportante de aportes a las campañas de los candidatos electos para Cámara de Representantes del Valle del Cauca 2022-2026.

 

 
  


Distribución de aportes de personas jurídicas en los candidatos electos para Cámara de Representantes del Valle del Cauca, según ámbito de actividad económica

Lo que dicen los candidatos

Aunque podría pensarse que los candidatos y partidos políticos se mueven como pez en el agua cuando se trata de elecciones y requisitos de ley, otra cosa es la que ellos dicen. Con las entrevistas a candidatos y gerentes de campaña se identificaron siete puntos centrales sobre la financiación de las campañas que deberían incorporarse al debate público.

Los topes de las campañas no son reales

Para muchos ciudadanos el tope de $1.150 millones fijado por el CNE es una cifra considerablemente alta, pero los entrevistados, salvo uno, coincidieron en que los reportes ante el CNE no reflejaban la realidad electoral:

  • Las campañas para la Cámara de Representantes superan los $3.000 millones y las de los senadores elegidos superan los $5.000 millones; es decir, la reglamentación de la financiación no funciona pues no se apega a la realidad del mercado ni a cómo se hace política en el país.

¿Desigualdad? Eso es lo que hay

La desigualdad también está presente en la financiación electoral. Todos los entrevistados coincidieron en el que el principio de igualdad solo existe en el papel y que la contienda es tremendamente desigual:

  • Hay obstáculos para el acceso a créditos en entidades financieras, al tener que cumplir con requisitos como pólizas y garantías. Esto deja en desventaja a las candidaturas de personas más humildes.
  • Hay dificultades para conocer las fuentes de los recursos y la administración de estos, dependiendo del acceso a la información y la formación de los candidatos y sus equipos de trabajo.
  • La maquinaria y las dinámicas propias de la política regional hacen que la competencia sea desigual, teniendo en cuenta que el mayor empleador es el Estado y los contratistas muchas veces terminan viendo su participación política coartada por mantener sus empleos.

Un laberinto normativo

Hacer campaña política en Colombia de manera legal y transparente no es fácil. Fueran novatos o expertos en campañas electorales, cuando se les preguntó por las leyes que regulan el proceso, las facilidades de los trámites para el acceso a créditos, reporte en la plataforma Cuentas Claras, apertura de cuentas bancarias, entre otros asuntos administrativos de la campaña, todos los entrevistados coincidieron en indicar que era una “PESADILLA”:

  • La apertura de la cuenta bancaria representa un desafío para las campañas políticas al ser un trámite demorado, y estas deben administrar los recursos exclusivamente a través de la cuenta bancaria. Además, no hay personal en los bancos que sepa sobre cuentas bancarias para campañas políticas, lo que retrasa más el trámite.
  • Los trámites administrativos para recibir las donaciones de personas naturales o jurídicas hacen que los donantes puedan desanimarse para realizar el aporte.

Llevando al límite la ley: el claroscuro de la financiación vía partidos políticos

  • El 40% ($990 millones) de los aportes de personas jurídicas a los candidatos elegidos para la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca provinieron de los partidos políticos. Pero estos aportes pueden ser de personas naturales o jurídicas que aprovechan a los partidos políticos como intermediarios, aunque pueda aparecer en Cuentas Claras como recurso proveniente del partido. Depende de la persona jurídica si quiere aportar al partido político para que este lo distribuya o si quiere destinarlo específicamente a una candidatura y obtener descuentos tributarios por contribuciones directamente a los partidos o campañas políticas. Las empresas deben recibir una certificación por parte del partido que sirva de soporte para recibir el beneficio tributario.  

Financiación ilegal: lo que todos intuyen, pero de lo que ninguno habla

Si bien el narcotráfico y los dineros ilegales no son exclusivos del Valle del Cauca, a la región se le reconoce como enclave en las rutas del narcotráfico, con fuerte presencia de grupos al margen de la ley[1]. Sobre esto, la autoridad electoral ha legislado e intentado prevenir vínculos entre estos grupos y las campañas políticas, pero con las entrevistas fue evidente que circula dinero ilegal y que los mecanismos para controlarlo son ineficientes o inexistentes:

  • Las donaciones que provienen de recursos ilícitos, narcotráfico o comisiones de contratación pública, entran en efectivo y no son reportadas en la campaña.
  • No hay controles efectivos sobre los gastos de campaña. Se puede reportar la impresión de 100 volantes, pero en realidad imprimir 1000 sin que alguien verifique la veracidad de la información.

Caso del Partido Comunes

Con el acuerdo de paz se segura la participación en política de los exintegrantes de las FARC. Los últimos dos períodos legislativos han contado con 10 curules en el Congreso (5 Senado y 5 Cámara de Representantes) por parte de Comunes. Luis Alberto Marín, o Marcos Calarcá como es llamado en la sede de partido, es representante a la Cámara, oriundo del Valle del Cauca y repitente. Junto con su gerente de campaña nos contaron lo siguiente en la entrevista:

  • El partido Comunes cuenta con financiación estatal para la campaña del Senado, pero no para las campañas a la Cámara de Representantes, por lo que no tuvieron recursos para la campaña regional. Lo que hicieron fue aliarse con el candidato al Senado que era del Valle del Cauca para hacer la campaña juntos. Por otra parte, los bancos no abrieron cuentas para las campañas, no podían recibir financiación de donaciones privadas y no tuvieron acceso a los recursos reposición votos.

Aprendizajes

Aunque la UAV contaba con experiencia en ejercicios de pedagogía electoral, no se había abordado exclusivamente la financiación de las campañas. Conocer los mecanismos de financiación, las regulaciones sobre los topes, la publicación de información y moverse en la ciudad para notar aspectos de la publicidad y el desarrollo de las campañas que antes pasaban inadvertidos, o poder dar respuestas rigurosas en lenguaje sencillo a la pregunta sobre de dónde sale la plata, mejoró las capacidades del equipo y dejó nuevas rutas de acción para la participación y la transparencia.

Un reto importante para las organizaciones que hacemos control ciudadano basados en datos es el proceso de acceder a una cifra, transformarla en dato, interpretarla y convertirla en información útil sobre el comportamiento de nuestro sistema político democrático. Un reto aun mayor es que ese dato convertido en información útil llegue a la ciudadanía y sea comprendido.

Aunque es una buena práctica reportar, la ciudadanía mantiene la pregunta sobre el origen de los recursos y cierta desconfianza hacia quien reporta grandes recursos. Nuestra percepción es que hay desconocimiento sobre los costos reales de una campaña y disonancia entre la percepción de algunos y las justificaciones de otros.

De igual forma, resulta innegable que factores asociados a la economía ilegal, la violencia y la desconfianza en instituciones y la clase política, revisten dificultades tanto para la ciudadanía organizada que busca conocer cómo opera la financiación de una campaña, como para las candidaturas, que deben enfrentarse a estas dinámicas. Cuando la ciudadanía accede a esta información, suele preguntarse si las cifras son reales o esconden alguna información, y si la plata es legal o no.

Cuentas Claras puede mejorarse: (i) reduciendo los filtros para acceder a la información, de modo que sea más fácil para el ciudadano ubicar al candidato de interés; (ii) consolidando los documentos en formato Excel y en tres: uno donde se presente el consolidado de ingresos y gastos; otro con ingresos totales y tipo de ingreso; y otro con los gastos diferenciados; (iii) mantener las facilidades brindadas por el tablero de datos elaborado por Transparencia por Colombia y que puedan contar con archivos descargables y editables en formato Excel que permitan consultas adicionales.

Es importante que este tema haga parte de la agenda pública y los problemas  Nasociados a la financiación de las campañas:

  1. El laberinto normativo y burocrático que afecta el principio de igualdad y
  2. Las dificultades de un Estado que a nivel territorial no tiene la capacidad de imponer la norma y efectuar la sanción, de ser el
  3. Un país con factores de violencia, presencia de grupos armados ilegales y economía ilegal siempre generará sospechas acerca de lavado de activos mediante campañas
  4. La regulación del conflicto de interés y el lobby político.
  5. La desigualdad de candidaturas nuevas y también de las mujeres para acceder al poder público en relación con sus
  6. La regulación o estandarización de precios del mercado
  7. El desconocimiento ciudadano sobre el proceso
  8. La reglamentación en torno a la financiación de las campañas electorales no presenta incentivos para que el candidato publique la totalidad de sus ingresos y gastos, así como tampoco establece las sanciones por el no reporte. Por lo tanto, solo queda el estigma social producto del desconocimiento de los costos de campaña, motivado por la falta de comunicación y pedagogía al respecto por parte de la autoridad electoral.

[1]Al respecto, ver: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (julio 2021). Monitoreo de territorios afectados por    cultivos          ilícitos                    2020.                     Obtenido           de                     https://www.unodc.org/documents/crop- monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf

 

Carolina Calderón Guillot
– Carolina Ferro Bernal*
– Daniel Ricardo Uribe Parra
– Eduardo Wills Herrera
– Gloria María Borrero Restrepo
– Juan Francisco Lozano Ramírez*
– Juliana Velásquez Rodríguez*
– María Elisa Bernal Bueno
– Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

– Álvaro Andrés Echavarría Olano
– Juan Francisco Lozano Ramírez
– Eulalia Arboleda de Montes
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Guillermo Carvajalino Sánchez
– Sylvia Escovar Gómez
– Gustavo Bell Lemus
– Jorge Mario Velásquez J.
– José Alejandro Cortés Osorio

Miembros Institucionales:

– AB InBev – Bavaria S.A.
– Bancolombia S.A.
– Bodytech
– Caracol Televisión S.A.
– Colombia Telecomunicaciones S.A.
– Compensar
– Corporación OCASA
– Corporación Región
– Excelencia en la Justicia
– Foro Nacional por Colombia
– FUNCICAR
– Fundación Corona
– Grupo Bolívar S.A.
– Grupo Nutresa S.A.
– Grupo Sura S.A.
– Manuelita S.A.
– Mercantil Colpatria S.A.
– Misión de Observación Electoral
– Organización Corona S.A.
– Organización Terpel S.A.
– Productos Naturales de la Sabana S.A.S. – Alquería
– Publik
– Sodimac Colombia S.A.
– Summum Projects S.A.S.
– Universidad EAFIT

Miembros Individuales:

– Álvaro Andrés Echavarría O.
– Bernardo Rodríguez Ossa
– Carlos Eduardo Angulo G.
– Carlos Raúl Yepes Jiménez
– Eduardo Wills Herrera
– Eulalia Arboleda de Montes
– Gloria María Borrero R.
– Guillermo Carvajalino S.
– Guillermo Vargas Ayala
– José Alejandro Cortés O.
– Juan Fernando Londoño
– Juan Francisco Lozano R.
– Margareth Gonçalves Flórez
– Margarita Garrido Otoya
– María Elisa Bernal Bueno
– Mónica Aparicio Smith
– Néstor Ricardo Rodríguez A.
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Sylvia Escovar Gómez
– Vivian Newman Pont

Aprendizaje, desarrollo y sostenibilidad de la Corporación.

  • A pesar de los cambios en el ecosistema de cooperación internacional y la reducción de recursos de financiación disponibles que afectó a todo el sector social, en el ámbito interno de la Corporación destacamos los siguientes aspectos:
  • Logramos poner en marcha las acciones de capacitación, bienestar y desarrollo identificadas como prioritarias en las mediciones de clima organizacional, medición de competencias y batería de riesgo psicosocial aplicadas en 2024.
  • Los procesos administrativos, financieros y contables de la Corporación lograron adaptarse a la nueva realidad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, a pesar que el equipo tuvo una reducción del 21% a lo largo del año.
  • La Revisoría Fiscal asignó un nivel de riesgo bajo al control de la administración de la Corporación.

 

  • Fortalecimos las capacidades y alcances de la Corporación con respecto al uso de tecnologías de información y comunicación. Esto se refleja en acciones (i) de estrategia científica y de investigación que apoyaron la implementación de 17 proyectos, (ii) de estrategia técnica, que permitieron la consecución, apropiación y mantenimiento de tecnologías centralizadas, administrables y de propiedad autosuficiente, así como la consolidación de un equipo interno competente y autosuficiente, lo cual permitió disminuir la dependencia de consultorías y establecer canales de diálogo técnico con los proveedores externos restantes; y (iii) de innovación y mercado, que nos permitieron posicionarnos como referentes en cuanto al alcance y calidad del uso de datos públicos, y el apoyo para cualificar propuestas de consecución de recursos.

 

  • A nivel de órganos de gobierno, se destaca el cumplimiento en la realización de las sesiones de la Asamblea General de Miembros, el Consejo Rector y la Junta Directiva, establecidas en los estatutos de la Corporación, así como el fortalecimiento de estas últimas dos instancias gracias a la incorporación de dos nuevos miembros en cada una de ellas, que completan los cargos que estuvieron vacantes hasta 2025.

Posicionamiento y reconocimiento de la Corporación por medio de la comunicación estratégica, para contribuir a la incidencia y al diálogo con actores prioritarios.

  • En materia de relacionamiento con medios de comunicación, apostamos por la divulgación de menos contenidos, pero con más enfoque estratégico, lo cual resultó ser exitoso:
  • Logramos priorizar los espacios de mayor calidad e impacto, maximizando el retorno mediático por pieza emitida. Esta mayor eficiencia se explica, en buena parte, por la alineación entre los temas misionales de la Corporación y el pulso de la agenda pública.
  • Los datos confirman que nuestros pronunciamientos y la intervención oportuna en coyunturas siguen siendo la herramienta más poderosa de posicionamiento.
  • Los picos de cubrimiento no estuvieron asociados a un mayor número de contenidos, sino a acciones que combinaron velocidad, lectura política y claridad técnica, conectando argumentos especializados con narrativas de alto interés público.
  • Nos consolidamos como actor de referencia, incluso en un año no electoral, lo cual también se refleja en mantenernos dentro del listado de las ONG más reconocidas del país en el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos de 2025.

 

  • En cuanto a comunicación digital, dimos un giro estratégico:
  • Pasamos de priorizar el volumen y el alcance masivo a enfocarnos en explicar mejor, conectar con audiencias y sostener conversaciones relevantes sobre corrupción y transparencia.
  • Incorporamos un tono más empático, cercano y ciudadano, sin perder rigor técnico. Esto permitió que más personas entendieran temas complejos y se sintieran parte de la conversación.
  • Las plataformas cumplieron roles distintos y complementarios. Instagram y TikTok crecieron como espacios de conexión y pedagogía; X y LinkedIn se consolidaron como canales de vocería, reputación e incidencia; Facebook se mantuvo su función como canal de difusión a actores más tradicionales y territoriales.
  • La renovación de la página web fue el principal hito del año. Estos aprendizajes nos permitirán abordar el 2026 con una comunicación más clara, más creíble y mejor preparada para escenarios de alta sensibilidad pública, como el ciclo electoral.

 

  • En cuanto a campañas focalizadas, diseñamos e implementamos #SerHonestoEsLoNormal dirigida a entidades públicas del país para propender por la transformación de ideas y prácticas donde la honestidad, la ética y la integridad sean principios rectores en el trabajo diario de los servidores. Los resultados fueron destacables: (i) 22 entidades públicas de 6 regiones del país mostraron interés en fortalecer la integridad interna, de las cuales 5 activaron la campaña entre sus equipos de trabajo; (ii) 475 servidores públicos se autoevaluaron para reconocer prácticas de corrupción que han normalizado; (iii) +200.000 personas participaron activamente en redes, talleres y activaciones internas.

Mayor sanción judicial de corrupción a través del seguimiento y la incidencia en casos estratégicos.

  • Nuestro Centro de Asesoría Legal -ALAC- enfrentó un fuerte desfinanciamiento por la reducción de la cooperación internacional, por lo que realizamos una optimización y focalización de esfuerzos que implicó pasar de 123 a 20 casos de corrupción prioritarios en seguimiento. Esta apuesta fue exitosa pues se lograron reactivar casos estancados, hubo avances en 11 casos emblemáticos que no registraban evolución desde 2024 (principalmente mediante nuevas acciones con policía judicial), y el 100 % de las peticiones de seguimiento recibieron respuesta de fondo y de manera oportuna.

 

  • Se logró un fallo disciplinario en el caso “Presunto acoso laboral para participar en campaña política en Medellín”, con sanción a tres funcionarios, marcando un precedente en la lucha contra prácticas indebidas en el sector público.

 

  • Nuestra incidencia a favor del avance del proyecto de ley sobre protección a denunciantes de corrupción permitió que el 69% de nuestras recomendaciones fueran aceptadas de manera parcial o total. Continuamos posicionándonos como un actor especializado en el tema y con capacidad de generar articulación entre instancias estatales, sociales, políticas y empresariales, para impulsar esta iniciativa legislativa. Esto permitió que el proyecto de ley fuera radicado nuevamente al finalizar del año, a pesar de haber sido archivado durante el primer semestre de 2025.

 

  • Generamos la guía de protección para denunciantes de corrupción que recoge enfoques de derechos humanos y mecanismos de autoprotección, y participamos en la Iniciativa Regional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, que benefició a dos denunciantes que han sido acompañados por la Corporación.

 

  • Entregamos a la Fiscalía General de la Nación el Manual de acceso a la información pública asociada a la investigación de casos de corrupción, que permitió abrir y mantener una interlocución constante con esta entidad sobre las oportunidades y desafíos para la divulgación de este tipo de información. Esta aproximación se complementó con un relacionamiento renovado con la Fiscalía, que generó un diálogo activo sobre la investigación de casos de corrupción prioritarios para la Corporación.

 

 

  • Continuamos dando seguimiento al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) y publicamos tres nuevos pronunciamientos que sistematizaron el avance de las investigaciones y un análisis sobre el acceso a la información pública en este caso particular. Aplicamos una metodología innovadora creada por Transparencia Internacional para darle mayor visibilidad a los “facilitadores” de este caso de corrupción, que también fue implementada para el caso Odebrecht. Igualmente, avanzamos en el análisis de la red de corrupción del ex Senador Mario Castaño, conocido como el caso “Marionetas”. Todos estos elementos de análisis hacen parte de la información que transmitimos a la Fiscalía General de la Nación para contribuir al impulso de estas investigaciones desde nuevas perspectivas.

 

 

  • Junto con el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, iniciamos el análisis jurídico del asilo concedido por el presidente Gustavo Petro al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos e involucrado en múltiples escándalos de corrupción.

Confianza en el sector empresarial, en un entorno de negocios sostenible y transparente.

  • Aplicamos herramientas de medición de integridad empresarial en 16 empresas (la Medición de Transparencia Empresarial -MTE- y la Medición de Gestión Empresarial de Riesgos de Corrupción -MGERC-). A partir de allí, identificamos que Bavaria, Compensar, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional, Ingredion, Amway, Central Hidroeléctrica de Caldas y Corona han implementado en lineamientos internos una política de protección al denunciante inspirados en la guía que la Corporación elaboró en esta materia en 2022, de manera similar a lo realizado por Bancolombia y Promigas en años anteriores.

 

  • Diseñamos e implementamos una nueva aproximación de financiación potencial de las mediciones mediante una alianza con ANDESCO, lo que nos permitió el envío de 102 propuestas a empresas para la Medición de Transparencia Empresarial 2026, abrió espacios de capacitación y sensibilización a más de 60 empresas y cerca de cien personas, y facilitó contactos clave con el Acueducto de Bogotá y el grupo empresarial EPM.

 

  • Mantuvimos activo el Compromiso Empresarial Anticorrupción, la instancia de discusión y acción colectiva en la que participan miembros y aliados empresariales de la Corporación, para abordar temas asociados a la denuncia y la protección de denunciantes en el entorno empresarial, y en el uso de ciencias del comportamiento para contrarrestar prácticas de soborno. Adicional, también elaboramos una propuesta para la puesta en marcha de un banco de buenas prácticas de integridad empresarial que permita ampliar el alcance de la acción colectiva. Al cierre del año realizamos una reflexión conjunta sobre la sostenibilidad del Compromiso Empresarial Anticorrupción.

 

  • Consolidamos el relacionamiento con las empresas suecas Astrazeneca, SKF, Electrolux y Securitas, que incluyó acciones de sensibilización sobre cultura de integridad con cada empresa, la medición de capacidades para la gestión de riesgos de corrupción y la formulación de principios colectivos de integridad empresarial. Igualmente, se logró desarrollar un proceso muy valioso de difusión de estas acciones en redes sociales ante actores del sector empresarial.

Riesgos de corrupción en la contratación pública y acceso a la información pública

 

  • Completamos un mapeo de identificación de fondos extra presupuestales y del nivel de transparencia de cada uno de ellos, estimando que acumulan más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional de 2025. Este análisis contó con buen nivel de difusión ante la opinión pública, pero sigue siendo desafiante mejorar el acceso a la información de los mismos debido a su naturaleza jurídica, que les permite actuar bajo parámetros de régimen privado.

 

 

  • Continuamos con el acompañamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que dio lugar a dejar instaladas herramientas técnicas sobre riesgos de corrupción, conflictos de interés y uso de lenguaje claro, en la formulación, supervisión y ejecución de programas y proyectos, así como un tablero que permite acceder a datos de contratación, compras públicas y proyectos de inversión para la mitigación de efectos del cambio climático.

 

 

  • Continuamos brindando acompañamiento a las CAR (Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – Corpomojana), como resultado del proceso extenso y detallado de comprensión de la institucionalidad ambiental y de generación de confianza, logramos la reorientación estratégica de sus Planes de Transparencia y Ética Pública hacia un enfoque explícito de lucha contra la corrupción.

 

  • Publicamos el segundo informe de contratación pública en la implementación del Acuerdo de Paz en el cual incluimos recomendaciones para reducir riesgos de corrupción asociados a fallas en el acceso a la información contractual de la implementación del Acuerdo de Paz, las cuales han sido el insumo principal para incidir ante autoridades con competencia en el tema como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo Colombia en Paz (FCP).

Integridad, transparencia y equidad en el ejercicio del poder político.

  • Iniciamos, de manera anticipada al 2026, un proceso de diálogo e incidencia con el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la puesta en marcha de la plataforma Cuentas Claras, que permitió identificar necesidades de fortalecimiento de la herramienta por parte de la autoridad electoral.

 

  • Proporcionamos asesoría técnica al sector financiero para la identificación de operaciones sospechosas asociadas al financiamiento de la política, y contribuimos a la construcción de un diálogo inicial entre la autoridad electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera, con el objetivo de sentar las bases para una cooperación interinstitucional más sólida en la detección, investigación y eventual sanción de irregularidades en el financiamiento de campañas a futuro.

 

  • Mantuvimos la colaboración con el CNE y distintos partidos políticos para fomentar el acceso a financiación de campañas para candidatas mujeres, y evidenciamos un aumento del 3% al 5,8% en los recursos que los partidos asignan a este propósito (de un mínimo de 15% de recursos públicos que los partidos políticos deben asignar obligatoriamente a la promoción de la participación política de mujeres, jóvenes y grupos étnicos), al igual que una mejora en la calidad de ese gasto, información que consignamos en el documento “¿Cumplen los partidos con destinar recursos para la inclusión de mujeres?”.

 

  • Aportamos y facilitamos un proceso regional para la generación de estándares a nivel interamericano para el acceso a recursos para la participación política de mujeres.

Formación cívica y la movilización ciudadana para el cuidado de lo público.

  • En el marco de la Escuela Ciudadana Anticorrupción logramos resultados similares a los de años anteriores llegando a 198 personas inscritas, de las cuales 80 recibieron certificación. Desde su inicio, la Escuela ha formado 1.322 personas. Además, en el 2025 ampliamos la oferta académica con nuevos contenidos sobre corrupción sexual.

 

  • Logramos que 3.829 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 11 colegios de 6 ciudades/municipios (Medellín, Chigorodó, Villavicencio, Buga, Cali, Bogotá y Cundinamarca) completaran el proceso de formación cívica a través de Mundo Crystal, nuestra escuela que promueve valores y principios anticorrupción desde la infancia. A 130 docentes y monitores deportivos, pertenecientes a 13 colegios y 1 instituto departamental del deporte, los capacitamos mediante procesos de formación de formadores, resultados que fueron posible mediante alianzas estratégicas con la Fundación Bolívar Davivienda, la Corporación Minuto de Dios y acciones propias de Transparencia por Colombia.

 

  • Articulamos varias de nuestras iniciativas de activismo cívico bajo el propósito de contribuir a un espacio cívico favorable en el país. En cada una de las acciones reunidas en este marco alcanzamos resultados importantes:
  • Incidimos en la política pública de participación ciudadana.
  • Generamos un instrumento de monitoreo del espacio cívico en el sector extractivo.
  • Aportamos a una estrategia colectiva de más de 30 organizaciones para repensar la sostenibilidad del sector social ante los cambios de la cooperación internacional.
  • Incidimos en el proyecto de ley de protección a denunciantes a partir de recomendaciones para el debate en Comisión Primera del Senado y recomendaciones al nuevo proyecto de ley que fue radicado a finales de 2025 ante la Cámara de Representantes.
  • Trabajamos con más de 40 organizaciones en 18 departamentos del país con enfoque diferencial en grupos étnicos, jóvenes y mujeres.

 

Hitos institucionales:

  • Renovamos nuestra página web y la consolidamos como un espacio de consulta confiable, amigable y pedagógica.

 

  • Afrontamos y superamos la cancelación unilateral que realizó el gobierno de Estados Unidos de proyectos financiados por USAID y por el Departamento de Estado, y nos empezamos a adaptar a la nueva realidad de la cooperación internacional.

 

  • Realizamos un balance de la acción que desarrollamos en 2025 con respecto a los objetivos institucionales de la estrategia 2022-2025 y sus respectivas metas, y el plan aprobado por la Junta Directiva en el 2025, a fin de identificar los resultados más destacables de la Corporación en el año, así como el avance y cumplimiento de lo planteado en la estrategia institucional.

Pre-inscripción para la Escuela Ciudadana Anticorrupción

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