• El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) presenta un análisis de los avances y los retos para el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en las Cumbres de las Américas de 2018 y 2022 en materia anticorrupción.
• A pesar de avanzar en nuevas medidas normativas, en Colombia persisten graves rezagos en la protección a denunciantes de corrupción y en la inclusión de poblaciones vulnerables en la agenda anticorrupción.
• Para Colombia, el verdadero desafío no es asumir más compromisos, sino cumplir con los ya existentes.

Bogotá, diciembre 4 de 2024

El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) se creó en 2020 como una coalición de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de los compromisos en esta materia asumidos por los gobiernos de la región en las Cumbres de las Américas de 2018 y 2022, celebradas en Lima y en Los Ángeles, respectivamente. En Colombia, esta iniciativa está conformada por 12 organizaciones sociales[1] que evaluaron los avances del país en la implementación de estos compromisos a nivel nacional y territorial.

En un nuevo informe del OCC para Colombia, se buscó identificar avances normativos y de práctica en la aplicación de compromisos de la Cumbre de 2018 sobre el fomento de la transparencia, la gobernabilidad democrática, la protección de derechos humanos, la financiación de la política, la prevención de corrupción en la contratación pública. También, se revisaron los avances en temas cruciales para el país considerados en la Cumbre de 2022 como la garantía del derecho a la salud, la transformación digital, la garantía de la libertad de expresión, entre otros, el impulso hacia una transición energética sostenible y la mitigación del cambio climático. 

Como resultado, se identifican algunos avances importantes, entre ellos:

• La expedición del CONPES 4070 de 2021 que considera la incorporación del impacto diferencial de la corrupción en los grupos en condición de vulnerabilidad dentro de las políticas de Estado abierto, resaltando la necesidad de un enfoque más inclusivo.
• La inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de la obligación de desarrollar, adoptar e implementar una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción (ENLCC), con el fin de enfrentar este fenómeno de manera integral mediante un enfoque diferencial, de derechos humanos e interseccional.

Sin embargo, el informe muestra varios estancamientos o mínimos avances en la puesta en marcha de acciones para cumplir con estos compromisos. De los 12 compromisos revisados de la Cumbre de 2018, 6 están estancados, 4 muestran avances y 2 han retrocedido:

• Áreas críticas como la protección de denunciantes, la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad y la participación de la ciudadanía en la formulación de planes de gobierno abierto, muestran pocos avances desde la última revisión en 2021.
• Colombia sigue sin contar con un marco de coordinación interinstitucional que permita prevenir, investigar y sancionar la corrupción de manera efectiva, incluyendo el soborno transnacional.
• A la fecha falta contar con evidencia clara de los logros alcanzados y acercar más las medidas desarrolladas a los distintos contextos sociales de los territorios del país.

Por otra parte, de los 20 compromisos revisado de la Cumbre de 2022, 3 no registran ningún avance, 13 registran un avance bajo en la implementación de acciones para su cumplimiento, y tan solo 7 registran un avance medio en la implementación de acciones:

• Los compromisos con peores resultados son los relacionados con la inclusión de poblaciones históricamente vulneradas en la formulación, implementación y el seguimiento de las políticas y medidas de lucha contra la corrupción.
• En cuanto al sector salud, se necesitan medidas que aseguren la transparencia en la contratación de medicamentos y servicios, protegiendo el derecho a la vida.
• Sobre la transición energética, se necesitan políticas que garanticen justicia y equidad en su aplicación, promoviendo un acceso igualitario a los recursos y tecnologías limpias.

Conocer cómo ha avanzado Colombia en el cumplimiento de estos compromisos internacionales, permite defender la agenda anticorrupción de las grandes promesas y discursos retóricos, en un momento donde las expectativas ciudadanas son altas, pero los resultados tangibles distan de ser los esperados. Como señaló Sandra Martínez, directora programática de Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia: “Los compromisos asumidos por los gobiernos no son un saludo a la bandera, sino una responsabilidad con la sociedad. Cumplirlos es fundamental para avanzar en la lucha contra la corrupción y fortalecer nuestra democracia.”

Acceda aquí para leer el informe completo.

[1] Así Vamos en Salud, Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, Corporación Dialogo Democrático, Corporación OCASA, Corporación Región, Funcicar, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Logox Conocimiento e Inteligencia, Red Universitaria Anticorrupción, Transparencia en el Deporte,  Unidad de Acción Vallecaucana y Transparencia por Colombia.