Bogotá D.C, octubre 19 de 2020. A propósito de la carta abierta enviada hoy por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) al Fiscal General de la Nación, Transparencia por Colombia se pronuncia rechazando cualquier acto de represalia contra denunciantes de presuntos actos irregulares realizados por servidores públicos.
En diversas ocasiones desde Transparencia por Colombia hemos hecho llamados al Estado colombiano para que avance decididamente en la adopción de medidas efectivas de protección a reportantes y denunciantes de irregularidades asociadas con el abuso del poder.
Colombia se ha comprometido a fortalecer mecanismos de denuncia y medidas de protección a denunciantes, al adoptar distintas convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Sin embargo, a la fecha Colombia no cuenta con legislación ni con medidas efectivas de política pública en la materia. Esta situación contribuye a que el ambiente de denuncia de actos irregulares en Colombia siga siendo de alto riesgo.
Según el Barómetro Global de Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, en Colombia 78% de las personas piensa que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción, pero el mismo porcentaje de personas indica que sufrirán represalias si denuncian. Aún más, 58% considera poco probable que las denuncias generen consecuencias.
De acuerdo con nuestro Director Ejecutivo, Andrés Hernández: “la denuncia es una de las estrategias principales de la lucha contra la corrupción y el abuso del poder. Sin embargo, el mayor desincentivo para que la denuncia sea efectiva es la falta de medidas efectivas de protección contra las represalias que sufren quienes se atreven a reportar y denunciar irregularidades”.
Transparencia por Colombia ha realizado recomendaciones (1) (2) (3) para que el país pueda transformar esta situación. Incluso, la OCDE ha indicado la urgencia de que Colombia adopte una ley “que proteja de forma clara y amplía a los denunciantes contra las represalias en los sectores públicos y privados”.
Mientras Colombia logra una legislación clara sobre protección a denunciantes y la puesta en marcha de medidas efectivas en esta materia, las entidades estatales deben hacer todo lo posible por evitar acciones contraproducentes contra quienes se atreven a denunciar. Igualmente, se deben evitar conductas que atenten contra la libertad de expresión y que intenten vulnerar a las organizaciones sociales defensoras de estos derechos.
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