Transparencia por Colombia expresa su profunda preocupación por el impacto e incertidumbre que la crisis en el sistema de salud ha ocasionado en los usuarios y pacientes, así como por la credibilidad de las instituciones, tanto públicas como privadas, encargadas de garantizar el servicio de salud. Se presenta este análisis con el objetivo de fomentar un diálogo público que conduzca a la identificación e implementación de soluciones efectivas para superar esta crisis.

La corrupción y la garantía del derecho a la salud

En el debate dado en el Congreso acerca de la archivada reforma a la salud, así como en la discusión pública generada por la crisis financiera del sistema, se ha hecho referencia de manera constante a la corrupción como una de las razones que sustentan la crisis.

A nivel global se ha identificado que los sistemas de salud son altamente susceptibles a la corrupción, ya sea en modelos públicos o privados, sin embargo, ningún acto de corrupción puede ser tolerado en un sistema orientado a garantizar este derecho fundamental. Para el caso de Colombia, en un pronunciamiento realizado por Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud al inicio de la discusión en el Congreso de la reforma a la salud, se resaltaron una serie de datos acerca de la corrupción en el sistema de salud, entre los cuales se destaca que:

• La vulnerabilidad de los sistemas de salud a la corrupción se debe a la gran cantidad de recursos involucrados, la asimetría de la información, la diversidad de actores, la complejidad y fragmentación del sistema, y a la naturaleza globalizada de la cadena de suministro de medicamentos y dispositivos médicos (U4, 2020).
• Según el informe del Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2020 fueron registrados 67 hechos de corrupción relacionados directamente con el sector salud, por un costo estimado de $1,63 billones. Estos casos fueron, mayoritariamente, de tipo administrativo (63%), privado (27%) y político (10%).
• Del total de los hechos de corrupción registrados, el 46,2% fueron realizados por servidores públicos.
• En el 37,3 % de los casos registrados, participaron actores privados individuales. Esto vislumbra una relación simbiótica entre diferentes actores y el que la perpetración de actos corruptos en el sector salud implica la participación tanto de miembros del sector público, como privado.
• Entre los delitos asociados con mayor frecuencia a la corrupción en salud está la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y el prevaricato por omisión, lo que muestra las dificultades del sistema en temas de vigilancia y control.
• Del total de hechos de corrupción registrados, el 25% se relacionaban con irregularidades en el suministro de medicamentos, como sobrecostos, beneficiarios fantasmas, cobros por medicamentos no entregados, tráfico y falsificación de medicamentos.

Teniendo en cuenta esto, durante los debates sobre la reforma a la salud, Transparencia por Colombia insistió en la necesidad de abordar los riesgos de corrupción y mitigarlos. Aunque  hubo avances significativos en la discusión de la reforma en el Congreso, también quedaron varios temas pendientes que le fueron señalados al legislativo.

La reforma se archivó en medio de fuertes críticas, especialmente en relación con la financiación de campañas, sobre las cuales hubo desinformación y mensajes equívocos respecto a situaciones y procedimientos legalmente establecidos en el país, tal como lo señaló La Silla Vacía.  

Lo que se requiere para abordar la crisis actual

Si bien es importante reconocer la vulnerabilidad del sistema de salud a la corrupción, preocupa el riesgo latente de que el término “corrupción” sea utilizado de manera indiscriminada y sin fundamentos sólidos como forma de desacreditar el sistema, pues esto solo llevaría a aumentar la incertidumbre de los usuarios y pacientes.

Por ello, es prioritario establecer un diálogo constructivo y buscar soluciones para la crisis del sistema sobre la base de datos e información de calidad, clara y oportuna, que satisfaga las necesidades actuales y permita una comprensión adecuada de la situación. Este asunto fue reiterado por la Corte Constitucional el pasado viernes.

Preocupa lo indicado por la Corte Constitucional sobre a la falta de avances significativos por parte de los órganos de control en investigación y sanciones en materia de salud. Por ello, los recientes anuncios de la Contraloría y la Fiscalía respecto al inicio de investigaciones sobre el uso de recursos públicos por parte de algunas EPS, deben traducirse en una acción ágil y efectiva, en consonancia con el debido proceso, pero sobre la base de información clara y sustentada que responda a las necesidades de todas las partes.

Es crucial que las acciones de investigación generen resultados, tanto para sancionar los casos de irregularidades que se comprueben, como para instaurar los correctivos necesarios para responder a la crisis que aqueja al sistema de salud.

Por ello, desde Transparencia por Colombia se hace un llamado a que:

1. Los usuarios y pacientes sean prioridad en las medidas que se tomen frente a la crisis del sistema de salud. Medidas que requieren de información clara, objetiva y oportuna para abordar la situación de manera transparente, ágil y responsable, tal como lo han solicitado asociaciones de médicos y pacientes.
2. Se haga un uso responsable de las referencias a actos de corrupción en el sistema y que estas estén sustentadas, lejos de sesgos ideológicos e intereses particulares. Para esto se requiere transparencia y claridad en las cifras que respaldan la toma de decisiones, especialmente en aquellas que liderará el gobierno para hacer frente a la crisis.
3. Retomar las recomendaciones formuladas desde Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud durante la discusión de la reforma a la salud para fortalecer la lucha contra la corrupción en el sector salud, que aborden tanto los riesgos de corrupción derivados del sistema actual, como los riesgos que puedan generarse del aumento repentino de usuarios y pacientes bajo la responsabilidad del gobierno.

Estas recomendaciones incluyen aspectos como poner en marcha una estrategia de transparencia presupuestaria que abarque la totalidad de fuentes de financiación del sistema y permita la trazabilidad en tiempo real del uso de los recursos públicos por parte de todos los actores involucrados, así como fortalecer los procesos de auditoría de los pagos que se generan dentro del sistema, especialmente bajo un modelo de giro directo, para garantizar  que  no  existan  sobrecostos y  confirmar que los  servicios sean  prestados.

Las recomendaciones pueden ser consultadas aquí: https://transparenciacolombia.org.co/riesgos-y-alertas-sobre-transparencia-en-la-reforma-a-la-salud/