Transparencia por Colombia

Corrupcionario

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Acceso a la Información Pública

Es un derecho humano y constitucional que ha sido definido como un derecho “puente”, “bisagra” o “llave”, en la medida en que posibilita la garantía de otros derechos. Este puede verse a través de la transparencia activa de las entidades públicas que publican proactivamente en su página web, redes sociales, y otros canales. O a través de la transparencia pasiva, mediante la respuesta a las solicitudes de información ciudadana.

Ejemplo: Cuando una entidad pública en su página web la relación entre presupuesto destinado y recursos gastados a la fecha en un proyecto determinado.

Captura del Estado: 

Condición de influencia abusiva por parte de agentes económicos y políticos que ostentan un alto grado de poder, para que las normas, las políticas públicas, las instituciones y hasta la justicia funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades. Ello afecta el interés general de la ciudadanía, generando efectos económicos, políticos y sociales. 

Ejemplo: Cuando actores al margen de la ley tienen influencia en la destinación de recursos públicos a través de su relación con un alcalde o las fuerzas armadas. 

Clientelismo: 

Práctica utilizada por un actor que busca fortalecer o mantener su poder, a través de otro actor que es visto como un “cliente” por el intercambio de recursos o favores que se genera entre ambos.

Ejemplo: Cuando un candidato le garantiza a una persona que si financia su campaña va a recibir un puesto en su administración.  

Conflicto de intereses: 

Situación en la que el juicio de una persona o la integridad de sus acciones se ven influenciadas o afectadas indebidamente por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal. Es decir, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Estos pueden presentarse tanto en funcionarios públicos como privados, por lo que se requiere de mecanismos que permitan conocer y llevar un trámite adecuado para procesar los conflictos de intereses.  

Ejemplo: El alcalde de un municipio contrata a sus amigos y familiares para los cargos de carrera administrativa.

Control ciudadano: 

Examen ejercido por la ciudadanía de las cuentas, procesos, funciones y desempeño de una organización para producir una evaluación de su cumplimiento con las leyes y regulaciones, así como resaltar riesgos o hechos de corrupción en su actuar. Este es un elemento fundamental para la construcción de la democracia participativa y requiere de un acompañamiento a través de transparencia activa y pasiva por parte de las entidades.

Ejemplo: Cuando un periodista destaca un riesgo de corrupción en la institucionalidad pública tras la revisión de un contrato celebrado con un privado de forma directa. 

Corrupción

Práctica que consiste en el abuso de posiciones de poder, para el beneficio particular, perjudicando el interés colectivo. Se puede presentar al ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones o decisiones particulares. 

Ejemplo: La Gobernación pagó mucho dinero por la construcción de centros de salud y colegios y éstos nunca fueron terminados porque el contratista tomó los recursos públicos sin responder con sus obligaciones. 

Corrupción administrativa: 

Tipo de corrupción en el que se presenta un abuso de poder de una autoridad o servidor público con el fin de beneficiarse particularmente o en favor de un tercero, poniendo en riesgo los recursos públicos o la provisión de bienes y servicios. 

Ejemplo: Cuando un funcionario público direcciona un proceso de contratación a través de las condiciones del mismo con el fin de beneficiar a determinado contratista. 

Corrupción Judicial

Tipo de corrupción en el que se presenta un abuso de poder o de confianza de un funcionario de la Rama Judicial para beneficio propio o de un tercero, interfiriendo en la independencia e imparcialidad del proceso y en la impartición de justicia. 

Ejemplo: Cuando un juez acepta un soborno para fallar a favor de una de las partes en un proceso judicial. 

Corrupción política: 

Tipo de corrupción en el que se hace mal uso público del poder para conseguir una ventaja de poder ilegítima, en donde por lo menos una de las partes involucradas ha de tener un cargo de carácter político o público. Esta ocurre a través de la manipulación de políticas, instituciones y reglas por parte de los tomadores de decisiones, quienes abusan de su posición para sostener su poder, estatus o riqueza.

Ejemplo: Cuando un senador compra y vende votos para obtener su curul en el poder legislativo. 

Corrupción privada: 

Tipo de corrupción en el que se presenta un abuso de poder o de confianza que parte de actores del sector privado generando un detrimento del interés general público o privado. Al respecto, el sector privado es entendido como cualquier empresa, institución o propietario que no esté controlado por el sector público y que se gestione con fines de lucro privado. En ese sentido, este puede ser dentro de una empresa, entre miembros del sector privado, en relación con entidades públicas, entre otros, por lo que incluye prácticas como el soborno, la competencia desleal y el contrabando.

Ejemplo: Cuando varias empresas de un mismo sector se relacionan para coordinar los precios con el fin de tener mayor ganancia, perjudicando al consumidor.

Denuncia de irregularidades (whistleblowing): 

Cuando una persona alerta y da información a las autoridades competentes sobre un hecho ilícito, un comportamiento o acción que considera indebida, ilegal o reprochable dentro de una organización o en el sector público. 

Ejemplo: Una organización de víctimas denunció a un candidato ante la Fiscalía por presionar a los votantes con la entrega de beneficios para las víctimas.

Evasión de impuestos: 

El impago de los impuestos a los que está obligado, generalmente a partir de la entrega de información errónea a las autoridades fiscales, como declarar menos ingresos, esconder propiedades y activos o exagerar las deducciones. Esto ocurre generalmente tras la opacidad en el sector privado y genera una afectación al interés general a través de un menor ingreso de recursos para los bienes y servicios públicos. Además, ha demostrado ser un problema trasnacional debido a los paraísos fiscales.

Ejemplo: Una corporación contrata a una empresa ficticia para que le expidan facturas de venta de insumos o servicios con IVA incluido que no pagan a la entidad contribuyente. 

Extorsión

Consiste en utilizar, directa o indirectamente, el acceso a una posición de poder o conocimiento de una persona, para exigir una cifra de dinero o cooperación inmerecida como resultado de amenazas represivas. 

Ejemplo: Cuando un funcionario público le exige a un ciudadano el pago de una suma de dinero no contemplada por la ley para acceder a un servicio que debería ser gratuito. 

Fraude: 

Hacer trampa en alguna situación, engañando intencionalmente a alguien para obtener una ventaja injusta o ilegal (financiera, política o de otro tipo).

Ejemplo: Cuando se alteran los registros de las votaciones para que un concejal obtenga su curul. 

Hecho de corrupción: 

Es la ocurrencia de una práctica corrupta en la que se beneficia un interés personal en detrimento del interés colectivo.

Ejemplo: Conozca los 967 hechos de corrupción en Colombia registrados por nuestro observatorio el Monitor Ciudadano de la Corrupción.

Lavado de activos

Proceso de encubrir el origen, la propiedad o el destino de activos como el dinero obtenido de manera ilegal o deshonesta, ocultándolo bajo actividades económicas legítimas para que parezca legal.

Ejemplo: Cuando a través de varias transacciones se le da la apariencia de legalidad al dinero que viene del contrabando de una mercancía como la madera. 

Libre competencia: 

Es un derecho constitucional que reconoce que una empresa tiene responsabilidades con el consumidor para que ambas partes tengan un beneficio. Para ello, debe permitir la libertad económica, evitando abusos de personas o empresas desde su posición dominante en el mercado nacional.

Ejemplo: Cuando las empresas compiten entre sí por un producto como el arroz y el consumidor obtiene el mejor precio. 

Lobby o cabildeo

Práctica realizada para influir en las políticas y decisiones de un gobierno o institución a favor de una causa o resultado específico. Esta puede estar reglamentada por una ley o ser una práctica desregulada que ejercen grupos de poder para influenciar la toma de decisiones a favor de sus intereses. 

Ejemplo: Un grupo económico, a través de un intermediario, ejerce presión en el Congreso para que no se apruebe una ley que puede perjudicarlos.

Malversación: 

Se produce cuando una persona que ocupa un cargo en una institución, organización o empresa toma para su beneficio, utiliza o trafica de manera deshonesta e ilícita los fondos y bienes que le fueron confiados para fines de enriquecimiento personal u otras actividades. 

Ejemplo: Una entidad utilizó recursos de la salud para torneos de fútbol y fiestas.

Nepotismo: 

Forma de favoritismo basado en conocidos y relaciones familiares por el cual alguien en un cargo oficial explota su poder y autoridad para proporcionar un trabajo o favor a un familiar o amigo, aunque no esté calificado o no lo merezca. 

Ejemplo: Cuando se omite un concurso de méritos y son nombrados familiares o amigos para un puesto en el sector público.

Participación ciudadana

Es un derecho humano y constitucional que requiere que puede ejercerse desde canales formales o informales, como, por ejemplo, a través de la protesta social.

Ejemplo: Cuando a través de una marcha se llama a retirar un proyecto de ley gubernamental.   

Puerta giratoria: 

Movimiento de personas entre puestos de cargos públicos y puestos en el mismo campo, pero en el sector privado o en cualquier dirección. 

Ejemplo: Cuando el miembro de una empresa privada que financió la campaña política es nombrado como embajador.  

Reparación del daño de un hecho de corrupción: 

Proceso a través del cual se reconoce que el hecho de corrupción generó una afectación o daño a una población o víctima concreta que debe ser subsanado. Como la persona no debía sufrir este daño, se debe generar una reparación integral en el que se restablezca el derecho o servicio vulnerado, se investigue y sancione a los responsables, se restablezca la confianza en las instituciones involucradas y se generen mecanismos de no repetición.

Ejemplo: Cuando se termina de construir un colegio que había quedado como “elefante blanco” porque el contratista tomó los recursos y nunca lo terminó. 

Riesgo de corrupción: 

Es la probabilidad de ocurrencia de una práctica corrupta en la que se puede beneficiar un interés personal en detrimento del interés colectivo. Transparencia por Colombia ha identificado que se presentan principalmente riegos de corrupción cuando se afecta la visibilidad, la institucionalidad y los pesos y contrapesos.

Ejemplo: Cuando una entidad no publica a tiempo la información de un contrato y entonces no puede ser revisado por la ciudadanía.

Sextorsión: 

También conocida como extorsión sexual, es una forma de extorsión en la que se utiliza una práctica sexual como moneda de intercambio entre un actor que ostenta el poder y una víctima que busca obtener un bien o servicio. Esta es una de las formas más significativas de corrupción vinculada con cuestiones de género, repercutiendo en mayor medida en mujeres y miembros de la comunidad LGTBIQ+.

Ejemplo: Un funcionario le exige a una madre una práctica sexual para que su hijo acceda a salud o educación pública. 

Soborno

Ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o exigencia de un incentivo para realizar una acción ilícita, antiética o que supone abuso de confianza. Los incentivos pueden consistir en obsequios, préstamos, comisiones, recompensas u otras ventajas como impuestos, servicios, donaciones, etc.

Ejemplo: Cuando un mandatario local le entrega un pago a concejales para que le aprueben un proyecto.

Transparencia: 

Cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta en la divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones. Gracias a ella, se pueden prevenir hechos de corrupción debido a permite que más personas puedan ejercer control a la información. Esta puede ser tanto activa, es decir que voluntariamente se exponga a través de páginas web o medios de comunicación; como pasiva, a través del derecho de acceso a la información pública. 

Ejemplo: De acuerdo con la ley colombiana, los funcionarios públicos, empleados públicos, gerentes y directores de empresas y organizaciones, y las juntas directivas tienen la obligación de actuar de manera visible, predecible y comprensible en la promoción de la participación y la rendición de cuentas. 

Tráfico de influencias: 

Práctica que funciona a través de una red de personas que ostentan distinto grado de poder con el fin de utilizar su posición para beneficiar a determinada persona o grupo a través de la toma de una decisión. 

Ejemplo: Cuando una empresa utiliza sus contactos en el sector público para que le adjudiquen un contrato.

Víctima de un hecho de corrupción: 

Persona o grupo poblacional que se ve directamente afectada por la corrupción, debido a que la política, bien o servicio estaba dirigido a su bienestar en particular. Generalmente, suele ser la población más vulnerable e históricamente excluida, como las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, las minorías étnicas, los migrantes y la población socioeconómicamente más vulnerable. 

Ejemplo: Los menores de edad a los cuales estaba dirigida la alimentación escolar que no recibieron debido a la corrupción en programa.

Carolina Calderón Guillot
– Carolina Ferro Bernal*
– Daniel Ricardo Uribe Parra
– Eduardo Wills Herrera
– Gloria María Borrero Restrepo
– Juan Francisco Lozano Ramírez*
– Juliana Velásquez Rodríguez*
– María Elisa Bernal Bueno
– Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

– Álvaro Andrés Echavarría Olano
– Juan Francisco Lozano Ramírez
– Eulalia Arboleda de Montes
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Guillermo Carvajalino Sánchez
– Sylvia Escovar Gómez
– Gustavo Bell Lemus
– Jorge Mario Velásquez J.
– José Alejandro Cortés Osorio

Miembros Institucionales:

– AB InBev – Bavaria S.A.
– Bancolombia S.A.
– Bodytech
– Caracol Televisión S.A.
– Colombia Telecomunicaciones S.A.
– Compensar
– Corporación OCASA
– Corporación Región
– Excelencia en la Justicia
– Foro Nacional por Colombia
– FUNCICAR
– Fundación Corona
– Grupo Bolívar S.A.
– Grupo Nutresa S.A.
– Grupo Sura S.A.
– Manuelita S.A.
– Mercantil Colpatria S.A.
– Misión de Observación Electoral
– Organización Corona S.A.
– Organización Terpel S.A.
– Productos Naturales de la Sabana S.A.S. – Alquería
– Publik
– Sodimac Colombia S.A.
– Summum Projects S.A.S.
– Universidad EAFIT

Miembros Individuales:

– Álvaro Andrés Echavarría O.
– Bernardo Rodríguez Ossa
– Carlos Eduardo Angulo G.
– Carlos Raúl Yepes Jiménez
– Eduardo Wills Herrera
– Eulalia Arboleda de Montes
– Gloria María Borrero R.
– Guillermo Carvajalino S.
– Guillermo Vargas Ayala
– José Alejandro Cortés O.
– Juan Fernando Londoño
– Juan Francisco Lozano R.
– Margareth Gonçalves Flórez
– Margarita Garrido Otoya
– María Elisa Bernal Bueno
– Mónica Aparicio Smith
– Néstor Ricardo Rodríguez A.
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Sylvia Escovar Gómez
– Vivian Newman Pont

Aprendizaje, desarrollo y sostenibilidad de la Corporación.

  • A pesar de los cambios en el ecosistema de cooperación internacional y la reducción de recursos de financiación disponibles que afectó a todo el sector social, en el ámbito interno de la Corporación destacamos los siguientes aspectos:
  • Logramos poner en marcha las acciones de capacitación, bienestar y desarrollo identificadas como prioritarias en las mediciones de clima organizacional, medición de competencias y batería de riesgo psicosocial aplicadas en 2024.
  • Los procesos administrativos, financieros y contables de la Corporación lograron adaptarse a la nueva realidad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, a pesar que el equipo tuvo una reducción del 21% a lo largo del año.
  • La Revisoría Fiscal asignó un nivel de riesgo bajo al control de la administración de la Corporación.

 

  • Fortalecimos las capacidades y alcances de la Corporación con respecto al uso de tecnologías de información y comunicación. Esto se refleja en acciones (i) de estrategia científica y de investigación que apoyaron la implementación de 17 proyectos, (ii) de estrategia técnica, que permitieron la consecución, apropiación y mantenimiento de tecnologías centralizadas, administrables y de propiedad autosuficiente, así como la consolidación de un equipo interno competente y autosuficiente, lo cual permitió disminuir la dependencia de consultorías y establecer canales de diálogo técnico con los proveedores externos restantes; y (iii) de innovación y mercado, que nos permitieron posicionarnos como referentes en cuanto al alcance y calidad del uso de datos públicos, y el apoyo para cualificar propuestas de consecución de recursos.

 

  • A nivel de órganos de gobierno, se destaca el cumplimiento en la realización de las sesiones de la Asamblea General de Miembros, el Consejo Rector y la Junta Directiva, establecidas en los estatutos de la Corporación, así como el fortalecimiento de estas últimas dos instancias gracias a la incorporación de dos nuevos miembros en cada una de ellas, que completan los cargos que estuvieron vacantes hasta 2025.

Posicionamiento y reconocimiento de la Corporación por medio de la comunicación estratégica, para contribuir a la incidencia y al diálogo con actores prioritarios.

  • En materia de relacionamiento con medios de comunicación, apostamos por la divulgación de menos contenidos, pero con más enfoque estratégico, lo cual resultó ser exitoso:
  • Logramos priorizar los espacios de mayor calidad e impacto, maximizando el retorno mediático por pieza emitida. Esta mayor eficiencia se explica, en buena parte, por la alineación entre los temas misionales de la Corporación y el pulso de la agenda pública.
  • Los datos confirman que nuestros pronunciamientos y la intervención oportuna en coyunturas siguen siendo la herramienta más poderosa de posicionamiento.
  • Los picos de cubrimiento no estuvieron asociados a un mayor número de contenidos, sino a acciones que combinaron velocidad, lectura política y claridad técnica, conectando argumentos especializados con narrativas de alto interés público.
  • Nos consolidamos como actor de referencia, incluso en un año no electoral, lo cual también se refleja en mantenernos dentro del listado de las ONG más reconocidas del país en el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos de 2025.

 

  • En cuanto a comunicación digital, dimos un giro estratégico:
  • Pasamos de priorizar el volumen y el alcance masivo a enfocarnos en explicar mejor, conectar con audiencias y sostener conversaciones relevantes sobre corrupción y transparencia.
  • Incorporamos un tono más empático, cercano y ciudadano, sin perder rigor técnico. Esto permitió que más personas entendieran temas complejos y se sintieran parte de la conversación.
  • Las plataformas cumplieron roles distintos y complementarios. Instagram y TikTok crecieron como espacios de conexión y pedagogía; X y LinkedIn se consolidaron como canales de vocería, reputación e incidencia; Facebook se mantuvo su función como canal de difusión a actores más tradicionales y territoriales.
  • La renovación de la página web fue el principal hito del año. Estos aprendizajes nos permitirán abordar el 2026 con una comunicación más clara, más creíble y mejor preparada para escenarios de alta sensibilidad pública, como el ciclo electoral.

 

  • En cuanto a campañas focalizadas, diseñamos e implementamos #SerHonestoEsLoNormal dirigida a entidades públicas del país para propender por la transformación de ideas y prácticas donde la honestidad, la ética y la integridad sean principios rectores en el trabajo diario de los servidores. Los resultados fueron destacables: (i) 22 entidades públicas de 6 regiones del país mostraron interés en fortalecer la integridad interna, de las cuales 5 activaron la campaña entre sus equipos de trabajo; (ii) 475 servidores públicos se autoevaluaron para reconocer prácticas de corrupción que han normalizado; (iii) +200.000 personas participaron activamente en redes, talleres y activaciones internas.

Mayor sanción judicial de corrupción a través del seguimiento y la incidencia en casos estratégicos.

  • Nuestro Centro de Asesoría Legal -ALAC- enfrentó un fuerte desfinanciamiento por la reducción de la cooperación internacional, por lo que realizamos una optimización y focalización de esfuerzos que implicó pasar de 123 a 20 casos de corrupción prioritarios en seguimiento. Esta apuesta fue exitosa pues se lograron reactivar casos estancados, hubo avances en 11 casos emblemáticos que no registraban evolución desde 2024 (principalmente mediante nuevas acciones con policía judicial), y el 100 % de las peticiones de seguimiento recibieron respuesta de fondo y de manera oportuna.

 

  • Se logró un fallo disciplinario en el caso “Presunto acoso laboral para participar en campaña política en Medellín”, con sanción a tres funcionarios, marcando un precedente en la lucha contra prácticas indebidas en el sector público.

 

  • Nuestra incidencia a favor del avance del proyecto de ley sobre protección a denunciantes de corrupción permitió que el 69% de nuestras recomendaciones fueran aceptadas de manera parcial o total. Continuamos posicionándonos como un actor especializado en el tema y con capacidad de generar articulación entre instancias estatales, sociales, políticas y empresariales, para impulsar esta iniciativa legislativa. Esto permitió que el proyecto de ley fuera radicado nuevamente al finalizar del año, a pesar de haber sido archivado durante el primer semestre de 2025.

 

  • Generamos la guía de protección para denunciantes de corrupción que recoge enfoques de derechos humanos y mecanismos de autoprotección, y participamos en la Iniciativa Regional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, que benefició a dos denunciantes que han sido acompañados por la Corporación.

 

  • Entregamos a la Fiscalía General de la Nación el Manual de acceso a la información pública asociada a la investigación de casos de corrupción, que permitió abrir y mantener una interlocución constante con esta entidad sobre las oportunidades y desafíos para la divulgación de este tipo de información. Esta aproximación se complementó con un relacionamiento renovado con la Fiscalía, que generó un diálogo activo sobre la investigación de casos de corrupción prioritarios para la Corporación.

 

 

  • Continuamos dando seguimiento al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) y publicamos tres nuevos pronunciamientos que sistematizaron el avance de las investigaciones y un análisis sobre el acceso a la información pública en este caso particular. Aplicamos una metodología innovadora creada por Transparencia Internacional para darle mayor visibilidad a los “facilitadores” de este caso de corrupción, que también fue implementada para el caso Odebrecht. Igualmente, avanzamos en el análisis de la red de corrupción del ex Senador Mario Castaño, conocido como el caso “Marionetas”. Todos estos elementos de análisis hacen parte de la información que transmitimos a la Fiscalía General de la Nación para contribuir al impulso de estas investigaciones desde nuevas perspectivas.

 

 

  • Junto con el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, iniciamos el análisis jurídico del asilo concedido por el presidente Gustavo Petro al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos e involucrado en múltiples escándalos de corrupción.

Confianza en el sector empresarial, en un entorno de negocios sostenible y transparente.

  • Aplicamos herramientas de medición de integridad empresarial en 16 empresas (la Medición de Transparencia Empresarial -MTE- y la Medición de Gestión Empresarial de Riesgos de Corrupción -MGERC-). A partir de allí, identificamos que Bavaria, Compensar, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional, Ingredion, Amway, Central Hidroeléctrica de Caldas y Corona han implementado en lineamientos internos una política de protección al denunciante inspirados en la guía que la Corporación elaboró en esta materia en 2022, de manera similar a lo realizado por Bancolombia y Promigas en años anteriores.

 

  • Diseñamos e implementamos una nueva aproximación de financiación potencial de las mediciones mediante una alianza con ANDESCO, lo que nos permitió el envío de 102 propuestas a empresas para la Medición de Transparencia Empresarial 2026, abrió espacios de capacitación y sensibilización a más de 60 empresas y cerca de cien personas, y facilitó contactos clave con el Acueducto de Bogotá y el grupo empresarial EPM.

 

  • Mantuvimos activo el Compromiso Empresarial Anticorrupción, la instancia de discusión y acción colectiva en la que participan miembros y aliados empresariales de la Corporación, para abordar temas asociados a la denuncia y la protección de denunciantes en el entorno empresarial, y en el uso de ciencias del comportamiento para contrarrestar prácticas de soborno. Adicional, también elaboramos una propuesta para la puesta en marcha de un banco de buenas prácticas de integridad empresarial que permita ampliar el alcance de la acción colectiva. Al cierre del año realizamos una reflexión conjunta sobre la sostenibilidad del Compromiso Empresarial Anticorrupción.

 

  • Consolidamos el relacionamiento con las empresas suecas Astrazeneca, SKF, Electrolux y Securitas, que incluyó acciones de sensibilización sobre cultura de integridad con cada empresa, la medición de capacidades para la gestión de riesgos de corrupción y la formulación de principios colectivos de integridad empresarial. Igualmente, se logró desarrollar un proceso muy valioso de difusión de estas acciones en redes sociales ante actores del sector empresarial.

Riesgos de corrupción en la contratación pública y acceso a la información pública

 

  • Completamos un mapeo de identificación de fondos extra presupuestales y del nivel de transparencia de cada uno de ellos, estimando que acumulan más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional de 2025. Este análisis contó con buen nivel de difusión ante la opinión pública, pero sigue siendo desafiante mejorar el acceso a la información de los mismos debido a su naturaleza jurídica, que les permite actuar bajo parámetros de régimen privado.

 

 

  • Continuamos con el acompañamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que dio lugar a dejar instaladas herramientas técnicas sobre riesgos de corrupción, conflictos de interés y uso de lenguaje claro, en la formulación, supervisión y ejecución de programas y proyectos, así como un tablero que permite acceder a datos de contratación, compras públicas y proyectos de inversión para la mitigación de efectos del cambio climático.

 

 

  • Continuamos brindando acompañamiento a las CAR (Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – Corpomojana), como resultado del proceso extenso y detallado de comprensión de la institucionalidad ambiental y de generación de confianza, logramos la reorientación estratégica de sus Planes de Transparencia y Ética Pública hacia un enfoque explícito de lucha contra la corrupción.

 

  • Publicamos el segundo informe de contratación pública en la implementación del Acuerdo de Paz en el cual incluimos recomendaciones para reducir riesgos de corrupción asociados a fallas en el acceso a la información contractual de la implementación del Acuerdo de Paz, las cuales han sido el insumo principal para incidir ante autoridades con competencia en el tema como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo Colombia en Paz (FCP).

Integridad, transparencia y equidad en el ejercicio del poder político.

  • Iniciamos, de manera anticipada al 2026, un proceso de diálogo e incidencia con el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la puesta en marcha de la plataforma Cuentas Claras, que permitió identificar necesidades de fortalecimiento de la herramienta por parte de la autoridad electoral.

 

  • Proporcionamos asesoría técnica al sector financiero para la identificación de operaciones sospechosas asociadas al financiamiento de la política, y contribuimos a la construcción de un diálogo inicial entre la autoridad electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera, con el objetivo de sentar las bases para una cooperación interinstitucional más sólida en la detección, investigación y eventual sanción de irregularidades en el financiamiento de campañas a futuro.

 

  • Mantuvimos la colaboración con el CNE y distintos partidos políticos para fomentar el acceso a financiación de campañas para candidatas mujeres, y evidenciamos un aumento del 3% al 5,8% en los recursos que los partidos asignan a este propósito (de un mínimo de 15% de recursos públicos que los partidos políticos deben asignar obligatoriamente a la promoción de la participación política de mujeres, jóvenes y grupos étnicos), al igual que una mejora en la calidad de ese gasto, información que consignamos en el documento “¿Cumplen los partidos con destinar recursos para la inclusión de mujeres?”.

 

  • Aportamos y facilitamos un proceso regional para la generación de estándares a nivel interamericano para el acceso a recursos para la participación política de mujeres.

Formación cívica y la movilización ciudadana para el cuidado de lo público.

  • En el marco de la Escuela Ciudadana Anticorrupción logramos resultados similares a los de años anteriores llegando a 198 personas inscritas, de las cuales 80 recibieron certificación. Desde su inicio, la Escuela ha formado 1.322 personas. Además, en el 2025 ampliamos la oferta académica con nuevos contenidos sobre corrupción sexual.

 

  • Logramos que 3.829 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 11 colegios de 6 ciudades/municipios (Medellín, Chigorodó, Villavicencio, Buga, Cali, Bogotá y Cundinamarca) completaran el proceso de formación cívica a través de Mundo Crystal, nuestra escuela que promueve valores y principios anticorrupción desde la infancia. A 130 docentes y monitores deportivos, pertenecientes a 13 colegios y 1 instituto departamental del deporte, los capacitamos mediante procesos de formación de formadores, resultados que fueron posible mediante alianzas estratégicas con la Fundación Bolívar Davivienda, la Corporación Minuto de Dios y acciones propias de Transparencia por Colombia.

 

  • Articulamos varias de nuestras iniciativas de activismo cívico bajo el propósito de contribuir a un espacio cívico favorable en el país. En cada una de las acciones reunidas en este marco alcanzamos resultados importantes:
  • Incidimos en la política pública de participación ciudadana.
  • Generamos un instrumento de monitoreo del espacio cívico en el sector extractivo.
  • Aportamos a una estrategia colectiva de más de 30 organizaciones para repensar la sostenibilidad del sector social ante los cambios de la cooperación internacional.
  • Incidimos en el proyecto de ley de protección a denunciantes a partir de recomendaciones para el debate en Comisión Primera del Senado y recomendaciones al nuevo proyecto de ley que fue radicado a finales de 2025 ante la Cámara de Representantes.
  • Trabajamos con más de 40 organizaciones en 18 departamentos del país con enfoque diferencial en grupos étnicos, jóvenes y mujeres.

 

Hitos institucionales:

  • Renovamos nuestra página web y la consolidamos como un espacio de consulta confiable, amigable y pedagógica.

 

  • Afrontamos y superamos la cancelación unilateral que realizó el gobierno de Estados Unidos de proyectos financiados por USAID y por el Departamento de Estado, y nos empezamos a adaptar a la nueva realidad de la cooperación internacional.

 

  • Realizamos un balance de la acción que desarrollamos en 2025 con respecto a los objetivos institucionales de la estrategia 2022-2025 y sus respectivas metas, y el plan aprobado por la Junta Directiva en el 2025, a fin de identificar los resultados más destacables de la Corporación en el año, así como el avance y cumplimiento de lo planteado en la estrategia institucional.

Pre-inscripción para la Escuela Ciudadana Anticorrupción

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