• Transparencia por Colombia presenta el quinto informe de seguimiento al escándalo de la UNGRD. Los principios de oportunidad han permitido avances relevantes, pero varios exfuncionarios de alto nivel siguen bajo investigación y otros permanecen prófugos pese a órdenes de captura.
• El caso confirma la persistencia de obstáculos más profundos para enfrentar la corrupción: prácticas clientelistas como los cupos indicativos, opacidad en fondos extrapresupuestales y restricciones al acceso efectivo a la información pública.
• Transparencia por Colombia identificó los contratos asociados al escándalo y los pone a disposición de la ciudadanía, ante la opacidad y limitaciones en la información publicada por la UNGRD.
• Se hace un llamado a las candidaturas presidenciales de 2026 para que incluyan compromisos concretos y verificables en sus programas de gobierno frente a la lucha contra la corrupción.

Bogotá, 6 de octubre de 2025. Transparencia por Colombia presenta su quinto informe de seguimiento al caso UNGRD, que destaca cómo este escándalo ha sido el resultado de un entramado organizado que involucró a funcionarios de alto nivel, congresistas y contratistas, sostenido en fallas estructurales del funcionamiento del Estado como incentivos políticos perversos, fondos opacos y prácticas clientelistas que aún no han sido corregidas. El informe plantea la urgencia de adoptar medidas efectivas para romper el ciclo de impunidad y evitar que hechos de gran corrupción similares se repitan en el país.

Avances judiciales: logros y vacíos en la sanción de los responsables

En 2025 se registraron avances con los principios de oportunidad otorgados a Olmedo López, Sneyder Pinilla, María Alejandra Benavides y Pedro Rodríguez, cuyos testimonios destaparon la participación de más de 27 altos funcionarios y congresistas en el caso UNGRD. Estos relatos confirmaron sobornos, direccionamiento de contratos y presunta financiación ilegal de campañas, y llevaron a las primeras condenas y colaboraciones con la justicia. Sin embargo, persisten vacíos críticos: exministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco siguen bajo investigación sin imputación, mientras que exdirectores como Carlos Ramón González y César Manrique Soacha permanecen prófugos pese a órdenes de captura.

El informe no solo documenta estos avances y rezagos, sino también presenta un estado procesal actualizado, con corte al 15 de septiembre de 2025, de congresistas y altos funcionarios vinculados al caso, lo que permite dimensionar mejor los alcances judiciales y las deudas pendientes en la sanción de los responsables.

Cupos indicativos: la persistencia del clientelismo como práctica estructural

La práctica de los llamados cupos indicativos volvió a quedar en evidencia en este caso. Se trata de un mecanismo que distorsiona la inversión pública al convertirla en moneda de negociación política, debilitando los contrapesos y normalizando el clientelismo como parte de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. El informe muestra cómo esta práctica conecta la UNGRD con otros escándalos recientes y alerta sobre la necesidad de desmontar definitivamente estos incentivos.

Opacidad en fondos y contratos de la UNGRD

Hace dos años, el 22 de septiembre de 2023, el Gobierno Nacional adicionó $700.000 millones a la UNGRD. Esa decisión marcó el punto de partida de un entramado de corrupción que convirtió a la entidad en el epicentro de uno de los mayores escándalos recientes. Estos fondos, creados con el fin de flexibilizar el gasto, funcionan con altos niveles de opacidad, discrecionalidad y escaso control, lo que abre un terreno fértil para abusos y desvíos de recursos. Mientras no se establezcan controles rigurosos, transparencia y trazabilidad completa de estos recursos, los fondos extrapresupuestales seguirán siendo una oportunidad para la corrupción, tanto en la UNGRD como en otros fondos de inversión incluidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo.

Otro hallazgo preocupante que resalta el informe es la gran dificultad que persiste para acceder a la información contractual de la UNGRD. Aunque se han dado pasos para publicar más datos, estos resultan incompletos y de baja calidad, lo que impide un análisis riguroso. Aun así, Transparencia por Colombia identificó los contratos asociados al escándalo, varios de ellos ligados al condenado empresario López Rosero, incluyendo el defraudado contrato de los 40 carrotanques, junto con otros contratos celebrados en 2021 y 2022. Estos contratos se ponen a disposición de la ciudadanía para que se puedan hacer mayor control y seguimiento ciudadano a este caso de gran corrupción.

Elecciones 2026: una alerta urgente

Teniendo en cuenta los entramados de corrupción que ha evidenciado este escándalo, es fundamental que las próximas candidaturas al Congreso y a la Presidencia (2026-2030) asuman un compromiso real y un liderazgo ético frente a la corrupción. No bastan menciones genéricas de “lucha frontal contra la corrupción” o de “cero tolerancia con la corrupción”: se requieren estrategias anticorrupción concretas, con metas claras que puedan ser verificables.

Uno de los grandes desafíos será transformar la relación clientelar entre Ejecutivo y Legislativo, que ha alimentado los principales escándalos de los últimos años, y garantizar que la asignación de recursos públicos responda al interés ciudadano y no a intercambios políticos. “¿Qué le proponen las candidaturas presidenciales al país para romper la práctica perversa de intercambiar contratos y apoyos entre Ejecutivo y Legislativo? Estos escándalos muestran que, sin compromisos concretos, la corrupción seguirá galopando en el Estado”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

En esa misma línea, algunas de las recomendaciones de Transparencia por Colombia para las candidaturas presidenciales apuntan a cerrar los vacíos estructurales que permiten la captura de recursos públicos, en particular el uso indebido de fondos extrapresupuestales, que sigue siendo una amenaza latente y requieren controles rigurosos, trazabilidad completa y publicación íntegra de los contratos.