Transparencia por Colombia

Evaluación Final Proyecto “Hacia un ejercicio del poder más transparente y responsable”

  1. Antecedentes.

Transparencia por Colombia -TPC- es una organización de la sociedad civil fundada en 1998 con el propósito de dar respuesta a un escenario político complejo afectado por la incidencia de la corrupción en la institucionalidad pública y en el debilitamiento de la democracia. Desde ese mismo año, TPC ha sido capítulo de Transparencia Internacional, la red global más amplia de lucha contra la corrupción, presente en más de 100 países.

Durante más de 25 años, TPC ha liderado desde la sociedad civil la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, en lo público y en lo privado, para fortalecer las instituciones, consolidar la democracia, fomentar una ciudadanía activa y avanzar hacia un país libre de corrupción, en el que estos actos no sean tolerados. En la actualidad, TPC tiene el ideal de lograr una Colombia libre de corrupción que vive de manera íntegra y actúa a favor del bien común. Para esto, la organización se enfoca en cinco ámbitos prioritarios: (i) una gestión pública efectiva en la prevención de riesgos de corrupción; (ii) un sistema político más transparente, que rinde cuentas y que abre espacios a la participación de diversos actores; (iii) mayores niveles de sanción judicial y social de la corrupción; (iv) un sector empresarial corresponsable en la lucha contra la corrupción; y (v) una ciudadanía formada, activa y movilizada para denunciar y rechazar la corrupción en todas sus formas. De manera transversal a estos ámbitos, TPC analiza y actúa a favor de la construcción de paz en el país, contribuye a la defensa de los derechos humanos y al cierre de brechas de inequidad.

Desde el año 2021, en el marco del convenio firmado con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional -ASDI-, TPC ha liderado la implementación del proyecto “Hacia un ejercicio del poder más transparente y responsable”, el cual tiene como objetivo general contribuir, desde la sociedad civil, a mejorar el control al ejercicio del poder público, de tal manera que sea más transparente, responsable y orientado al bien común y a la construcción de paz. Conforme lo acordado con ASDI, en los últimos meses de implementación TPC contratará la evaluación final del proyecto centrada en los resultados alcanzados, por lo que el presente documento establece los términos y condiciones para la convocatoria, selección y contratación de la consultoría que desarrollará la evaluación.

  1. Objeto del contrato.

Realizar la evaluación final del proyecto “Hacia un ejercicio del poder más transparente y responsable” financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional -ASDI-, centrada en los resultados alcanzados por el proyecto desde agosto de 2021 hasta enero de 2025. La evaluación se ajustará a las Normas de Calidad para la Evaluación del Desarrollo de la OCDE/CAD, y se deberá utilizar el Glosario de Términos Clave en Evaluación de la OCDE/CAD.

La evaluación final tiene como propósito identificar los resultados alcanzados, las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas en el marco del proyecto, así como los efectos generados en el ejercicio del poder en Colombia.

  1. Perfil de la consultoría.

Empresas de consultoría o equipos de consultores que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Experiencia específica en Monitoreo y Evaluación de proyectos de cooperación internacional multianuales en ámbitos de gobernanza, democracia, derechos humanos y temas afines. En caso que sea un equipo de profesionales, de manera conjunta deben demostrar que cuenta con la formación y experiencia asociada al Monitoreo y Evaluación de este tipo de proyectos multianuales; es importante que las competencias de cada uno de los miembros del equipo sean complementarias.
  • Contar con capacidades para la investigación social cualitativa y cuantitativa, el análisis de contextos cambiantes, y el manejo de métodos y técnicas de recolección de información.
  • Habilidades de escucha y comunicación asertiva, y de redacción de informes.
  • No haber tenido participación en la formulación e implementación del proyecto que será objeto de evaluación, y no tener conflictos de interés que impacte el resultado de la evaluación.
  • Deseable experiencia con donantes internacionales como ASDI.
  • Deseables conocimientos en materia de lucha contra la corrupción, transparencia, integridad y/o construcción de paz.
  • Deseable experiencia y/o conocimiento en enfoque de género y de derechos humanos aplicado a proyectos de cooperación internacional.
  1. Actividades.

La evaluación final del proyecto “Hacía un ejercicio del poder más transparente y responsable”, será un insumo clave para la Embajada de Suecia, quien proyecta integrarlo al análisis que adelanta para la adjudicación de una nueva contribución a TPC; y para TPC, quien lo considerará en los procesos de revisión y reflexión interna que permiten definir el direccionamiento estratégico de los proyectos y de la organización en general.

La evaluación deberá diseñarse y desarrollarse de forma que responda a las necesidades de la Embajada de Suecia y de TPC, para obtener la información pertinente sobre las acciones realizadas. TPC será la responsable de mantener informados a los grupos interesados sobre el avance de la evaluación.

4.1.        Información general del proyecto.

El proyecto “Hacía un ejercicio del poder más transparente y responsable” se formuló en el primer semestre del año 2021 por solicitud de la Embajada de Suecia en Colombia, quien invitó a la Corporación Transparencia por Colombia a presentar una propuesta de proyecto multianual. El proyecto aprobado por la Embajada de Suecia tiene como fecha de inicio el mes de agosto de 2021 y finalización en el mes de julio de 2025, con una duración total de 4 años.

El presupuesto finalmente asignado al proyecto fue de SEK 17.500.000.

El proyecto tiene como objetivo general contribuir, desde la sociedad civil, a mejorar el control al ejercicio del poder público, de tal manera que sea más transparente, responsable y orientado al bien común y a la construcción de paz. Para esto, se establecieron cuatro (4) objetivos específicos:

  • Incidir para que el acceso al poder público se realice en condiciones de transparencia, responsabilidad y equidad
  • Realizar seguimiento a los organismos de control y al sistema judicial en su labor de control independiente al ejercicio del poder público en casos de corrupción
  • Promover en la ciudadanía una apropiación de lo público, e incidir a favor de mecanismos efectivos de protección a denunciantes de corrupción, especialmente vinculados a violaciones de derechos humanos
  • Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz

Resultados:

Para cada uno de los objetivos específicos, el proyecto establece los siguientes resultados:

Objetivo específico

Resultados previstos

1

1.1. Implementación de herramientas y procesos de monitoreo, control y sanción al financiamiento de campañas, en el marco del proceso electoral 2022 y 2023.

1.2. Mejores medidas de control preventivo y sancionatorio a irregularidades entre financiamiento de campañas y contratación pública, en el marco del proceso electoral 2022 y 2023.

1.3. Mayores niveles de inclusión efectiva de las mujeres en la política a través del acceso a recursos y oportunidades de participación, en el marco del proceso electoral 2022 y 2023.

2

2.1. Implementación de medidas orientadas a superar obstáculos e implementar buenas prácticas en los sistemas de control disciplinario, fiscal y penal, para atender denuncias, investigar y sancionar actos de corrupción.

2.2. Mejorar la comprensión e implementación de instrumentos para la reparación de daños a víctimas de corrupción.

3

3.1. Conversación pública activa sobre el cuidado de lo público, incorporando multiplicadores y activistas de sectores público, privado y sociedad civil.

3.2. Existencia de mecanismos de protección a denunciantes de corrupción a nivel legislativo, de política pública, y/o de aceptación cultural.

3.3. Aumento en el uso de canales de denuncia por parte de mujeres y comunidad LGBTIQ+, y mejor comprensión de las afectaciones causadas por la corrupción a derechos de mujeres y comunidad LGBTIQ+.

4

1.1. Mayor comprensión de los obstáculos que genera la corrupción a los procesos de construcción de paz.

1.2. Mejor el acceso a la información pública sobre la implementación del Acuerdo de Paz y sobre la ejecución presupuestaria.

1.3. Control ciudadano activo a la implementación del Acuerdo de Paz, con énfasis en un territorio PDET en Antioquia.

Grupos objetivo:

Para cada uno de los objetivos específicos el proyecto establece los siguientes grupos objetivo:

Objetivo específico

Grupos Objetivo

1

·         Autoridades electorales.

·         Autoridades de órganos de control.

·         Autoridades con competencias en la gestión administrativa y la contratación pública.

·         Partidos y movimientos políticos.

·         Mujeres participantes o con interés de participar en la política.

·         Financiadores privados de campañas.

·         Organizaciones sociales que realizan seguimiento a financiamiento político en ocho ciudades del país.

·         Organizaciones sociales que realizan seguimiento a la gestión administrativa y la contratación pública.

·         Academia.

2

·         Autoridades de órganos de control (Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República).

·         Autoridades de rama judicial (Consejo Superior de la Judicatura).

·         Organizaciones sociales que realizan seguimiento a reparación integral de daños causados por actos de corrupción.

·         Medios de comunicación interesados en visibilizar los efectos de la corrupción sobre los derechos humanos.

·         Reportantes y denunciantes de actos de corrupción.

·         Individuos y colectivos identificados como víctimas de actos de corrupción asociados a violaciones de derechos humanos.

3

·         Autoridades de órganos de control y/o de la rama judicial.

·         Tomadores de decisión que promueven el fortalecimiento de las condiciones de la denuncia y la protección a denunciantes.

·         Organizaciones sociales y activistas que promueven la defensa de los recursos públicos.

·         Organizaciones sociales que inciden a favor de medidas de protección a reportantes y denunciantes de actos de corrupción.

·         Reportantes y denunciantes de actos de corrupción, incluyendo activistas ambientales.

·         Empresas privadas.

·         Medios de comunicación.

·         Mujeres y población LGTBIQ+ que reportan presuntos actos de corrupción.

4

·         Autoridades nacionales responsables de la implementación del Acuerdo de Paz.

·         Autoridades en el Departamento de Antioquia responsables de implementación del Acuerdo de Paz.

·         Organizaciones sociales que realizan seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.

·         Comunidad en general que fortalece la capacidad de control y seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.

Alcance territorial:

Las acciones del proyecto se centran principalmente en el nivel nacional y en el departamento de Antioquia. Además, las acciones de monitoreo y control ciudadano al financiamiento de campañas también se centran en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander y Valle del Cauca; y las acciones asociadas a la protección a denunciantes de corrupción contemplan la participación del Movimiento Ciudadano Anticorrupción, integrado por organizaciones sociales de los departamentos ya mencionados (excepto Santander), de Caquetá y del Quindío.

4.2.        Alcance de la evaluación.

La evaluación debe considerar los siguientes aspectos:

  1. Objetivo de la evaluación: Analizar el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto “Hacía un ejercicio del poder más transparente y responsable”.

Los objetivos específicos de la evaluación son:

(i)           Evaluar el proceso de implementación del proyecto y el grado de cumplimiento de los objetivos y resultados previstos, sistematizando las principales lecciones aprendidas para orientar nuevos proyectos de TPC.

(ii)          Analizar las capacidades de TPC en la implementación de proyectos multianuales, el análisis y la gestión de situaciones de contexto cambiantes, la gestión de riesgos y el trabajo mancomunado con socios locales.

(iii)         Evaluar la efectividad, eficiencia, pertinencia y la sostenibilidad de los resultados alcanzados y de las metodologías usadas a lo largo de la implementación del proyecto.

  1. Periodo de tiempo a evaluar: el periodo a evaluar es del 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de enero de 2025. La evaluación se realizará previo al cierre de actividades dada la necesidad de la Embajada de Suecia de contar con los resultados para el proceso de análisis que adelanta sobre Transparencia por Colombia.
  1. Marco geográfico: Bogotá D.C. y los departamentos de Antioquia, Caldas, Caquetá y Risaralda.
  2. Tipos de acciones a evaluar:

(i)           Capacitación y acompañamiento a organizaciones sociales locales: en particular sobre control al financiamiento de campañas, la relación existente entre financiación de campañas y contratación pública, acceso y seguimiento a la denuncia, identificación y reparación de las víctimas de la corrupción, protección a denunciantes de corrupción, y control a la implementación del Acuerdo de Paz.

(ii)          Generación de conocimiento e incidencia en autoridades: en particular aquellas que juegan un rol importante en el monitoreo de la financiación de campañas, en la promoción y control para la inclusión efectiva de las mujeres en la política, en la investigación y sanción de actos de corrupción, en la reparación de víctimas de corrupción, y en el seguimiento y control a la implementación del Acuerdo de Paz.

(iii)         Promoción y fortalecimiento de la movilización ciudadana: principalmente asociada al cuidado de lo público y la protección de denunciantes de corrupción.

(iv)         Involucramiento del sector privado en temas de integridad y lucha contra la corrupción: para mantener la conversación pública sobre el cuidado de lo público.

  1. Trabajo de campo: en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Bogotá se pueden entrevistar a las organizaciones sociales y las autoridades con las que se trabajó en la fase de implementación:

Ubicación

Actor

Resultado(s) asociado(s)

Antioquia – Medellín

Corporación Región (socio local principal)

Todos excepto el 2.1.

Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6

2.2. y 3.1.

Todos por Medellín

2.2. y 3.1.

Corporación Conciudadanía

2.2. y 3.1.

Grupo Sura

3.1.

Grupo Bancolombia

3.1.

Antioquia – Dabeiba

Alcaldía y Concejo Municipal

4.1. y 4.3.

Bogotá D.C.

Corporación Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DEJUSTICIA

2.1.

Consejo Nacional Electoral

1.1., 1.2. y 1.3.

Fiscalía General de la Nación

2.1.

En cuanto a los departamentos de Caldas, Caquetá y Risaralda, de manera virtual se pueden desarrollar entrevistas a las organizaciones sociales con las que se trabajó en la fase de implementación:

Ubicación

Actor

Resultado(s) asociado(s)

Caldas – Manizales

Corporación Cívica de Caldas

1.1. y 3.2.

Risaralda – Pereira

Corporación VIGÍA Cívica

1.1. y 3.2.

Caquetá – Florencia

Fundación Red Desarrollo y Paz del Caquetá – RedCaquetáPaz

3.2.

  1. Preguntas de la evaluación:

En cuanto a la Relevancia:

(i)           ¿En qué medida los objetivos y el diseño de la intervención han respondido a las necesidades, políticas y a las prioridades del país, y han seguido siendo relevantes y adaptándose en caso de que las circunstancias hayan cambiado durante la implementación del proyecto?

(ii)          ¿En qué medida la teoría del cambio del proyecto es coherente y presenta una lógica interna clara que vincula las actividades implementadas con los resultados esperados?

(iii)         ¿En qué medida se han utilizado las lecciones aprendidas de lo que funciona bien y no tan bien para mejorar y ajustar la implementación de la intervención?

(iv)         ¿En qué medida los objetivos y las acciones desarrolladas han respondido a las necesidades y prioridades de los grupos objetivo?

(v)          ¿Qué nivel de vinculación han tenido los grupos objetivo en el diseño e implementación del proyecto, y esto cómo ha impactado los resultados alcanzados?

En cuanto a la Coherencia:

(i)           ¿Cómo se ha alineado el proyecto con otras iniciativas en el sector de transparencia y lucha contra la corrupción, y con las políticas nacionales de gobernanza en Colombia?

(i)           ¿Qué congruencia hay entre las problemáticas identificadas y las acciones diseñadas y desarrolladas en el proyecto?

En cuanto a la Efectividad:

(i)           ¿En qué medida el proyecto logrará los objetivos y resultados previstos, incluidos los resultados diferenciales esperados en mujeres y comunidad LGBTIQ+ en los objetivos correspondientes?

(ii)          ¿Cuáles son los factores externos e internos que han limitado el alcance de los resultados?

(iii)         ¿Qué cambios o riesgos se presentaron y que no fueron previstos en la formulación del proyecto?

(iv)         ¿Qué estrategias se han empleado para superar los obstáculos?

(v)          ¿Qué capacidad de adaptación ha tenido el proyecto ante el contexto cambiante y los ajustes acordados entre las partes?

(vi)         ¿Cómo se ha promovido el enfoque de género para el logro de resultados del proyecto?

En cuanto a la Eficiencia:

(i)           ¿El uso de los recursos económicos ha cumplido los estándares y parámetros establecidos entre las partes?

(ii)          ¿En qué medida la manera de gestionar el proyecto, el recurso humano y técnico, la estructura organizacional, y el proceso de toma de decisiones, han contribuido a alcanzar los resultados previstos?

(iii)         ¿Qué capacidad de adaptación ha tenido el proyecto ante los ajustes presupuestales?

En cuanto al Impacto:

(i)           ¿Qué efectos de largo plazo, esperados o inesperados, ha generado el proyecto en los grupos objetivo?

(ii)          ¿Cómo ha contribuido el proyecto al fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia a nivel sistémico?

(iii)         ¿Qué efectos ha generado el proyecto, o tiene el potencial de generar, incluidos aquellos efectos diferenciales en mujeres y comunidad LGBTIQ+?

En cuanto a la Sostenibilidad:

(i)           ¿Qué capacidades y habilidades ha dejado el proyecto en los grupos objetivos?

(ii)          ¿En qué medida las capacidades instaladas en los grupos objetivos seguirán siendo relevantes y utilizados y sostenibles después de la finalización del proyecto?¬

(iii)         ¿Qué tan preparada está Transparencia por Colombia (TPC) para sostener sus operaciones y proyectos en el largo plazo, considerando la importancia de diversificar sus fuentes de ingreso y fortalecer su autonomía financiera e institucional?

(iv)         ¿Las soluciones propuestas por el proyecto son viables a nivel técnico y financiero para la continuidad del fortalecimiento institucional, empresarial y ciudadano?¬ ¬

(v)          ¿Qué nivel de responsabilidad y compromiso tienen los grupos objetivo del proyecto?

Las preguntas para la evaluación no se limitarán a las descritas con anterioridad, por lo que se deberán incorporar las que se consideren necesarias para evaluar las acciones y determinar los resultados y el alcance del proyecto. Asimismo, se solicita agregar preguntas que aborden perspectivas y enfoques transversales que TPC debería considerar hacia adelante.

  1. Consideraciones adicionales: a lo largo del desarrollo de la evaluación del proyecto “Hacía un ejercicio del poder más transparente y responsable” se realizarán reuniones para abordar inquietudes, gestionar apoyos, abordar aspectos delicados o confidenciales que pongan en riesgo a las personas que participen en el proceso de evaluación, y/o socializar avances y resultados finales. A la firma del contrato, se realizará una reunión inicial para establecer las fechas de las reuniones, así como también las fechas de entrega de los productos que se detallan en el siguiente numeral. Se deberá realizar una reunión final para la socialización de los resultados y la reflexión conjunta con la Embajada de Suecia y TPC.
  1. Productos.

Como resultado del proceso de evaluación del proyecto “Hacía un ejercicio del poder más transparente y responsable”, se deben preparar y entregar los siguientes productos:

(i)           Diseño de la evaluación que incluya la descripción y justificación de la metodología por aplicar y los métodos para la recopilación de los datos necesarios, incorporando el enfoque de género de manera transversal. En cuanto a la metodología, se debe proyectar una que brinde evidencia creíble sobre las preguntas de la evaluación. En cuanto a los métodos, considerando las dinámicas de trabajo actuales, se deben sugerir métodos innovadores y flexibles que permitan la recopilación de datos en remoto, a fin de lograr una amplia cobertura de la evaluación. Adicionalmente, se incluirán medidas de mitigación frente a eventuales limitaciones que se presenten en el desarrollo de la evaluación, y el detalle de los grupos objetivos a considerar y las personas de cada grupo que participarán en la evaluación, precisando las actividades en las que deberán participar y las contribuciones que se esperan recibir de las personas.

(ii)          Plan de trabajo detallado para el desarrollo de la evaluación. Incluirá el calendario de las visitas en terreno, y las encuestas y entrevistas por aplicar. La evaluación será desarrollada entre el 4 de febrero hasta el 14 de marzo de 2025.

(iii)         Informe preliminar con los resultados de la evaluación para la lectura, análisis y comentarios por parte de la Embajada de Suecia y de TPC. Este documento incorporará: el diseño, la metodología y los métodos empleados en la evaluación; el mapeo y análisis de los grupos objetivos, y las limitaciones y retos de la evaluación; el contexto político, socioeconómico e institucional del proyecto; los resultados, conclusiones y recomendaciones específicas dirigidas a la Embajada de Suecia y a TPC; y un resumen ejecutivo que destaque los hallazgos clave, conclusiones y recomendaciones de mayor relevancia.

(iv)         Informe final de la evaluación ajustado conforme los comentarios y reflexiones de la Embajada de Suecia y de TPC.

Nota: Los informes deben ser claros y reflejar cualquier limitación o discrepancia en los datos.

  1. Modalidad del contrato.

Contrato prestación de servicios.

  1. Duración del contrato.

Desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 30 de abril de 2025.

  1. Valor del contrato y forma de pago.

Valor del contrato: Por determinar en función de las propuestas recibidas.

Forma de pago. Se realizarán 2 pagos de la siguiente manera:

  • El primero por el 30% del total del contrato, a la entrega a satisfacción de los productos (i) y (ii).
  • El segundo por el 70% restante, a la entrega a satisfacción de los productos (iii) y (iv).
  1. Garantías:

Para el contrato se requieren las siguientes pólizas:

(i)           Cumplimiento del contrato, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y vigente por el tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más.

(ii)          Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y vigente por el tiempo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.

(iii)         Calidad del servicio, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y vigente por el tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más.

  1. Criterios de Selección.

Persona Natural

Porcentaje

Propuesta técnica y económica

50

Presentación de la propuesta

30

Documentos de la(s) persona(s) natural(es) y certificaciones que validen la experiencia

20

  1. Requisitos.

Persona Natural

  • Hoja de vida.
  • 2 certificados que acrediten experiencia.
  • Cédula de Ciudadanía o documento de identidad ampliado al 150 por ambas caras.
  • Copia del diploma de universidad.
  • Copia de acta de grado.
  • Tarjeta profesional (si aplica).
  • Certificado de afiliación EPS.
  • Certificado de afiliación Fondo de Pensiones.
  • Certificación Bancaria.
  • Aceptación para verificar listas restrictivas y antecedentes.

Una vez seleccionado/a el/la contratista, se le solicitarán adicional los siguientes documentos:

  • Examen médico ocupacional vigente.
  • Certificado de afiliación ARL (si aplica).

Persona Jurídica

  • Portafolio de servicios.
  • Certificado Cámara de Comercio o documento equivalente.
  • Documento de identidad de representante Legal ampliada al 150 por ambas caras.
  •  
  • Certificación Bancaria.
  • 3 certificados comerciales que acrediten experiencia.
  • Certificado de aportes parafiscales.
  • Certificado donde indique que está a paz y salvo en obligaciones ante la DIAN.
  • Aceptación para verificar listas restrictivas y antecedentes.
  • Estados Financieros.

Nota: Todos los documentos deben tener una vigencia menor a 30 días, debe enviarlos en una carpeta comprimida marcada con el nombre del contratista/proveedor y cada documento en un PDF separado y marcado de acuerdo a la lista y los requisitos documentales.

Según corresponda persona Natural o persona Jurídica, los Contratistas o proveedores no podrán aplicar o serán no elegibles si:

  • No se encuentra matriculado como comerciante en la Cámara de Comercio o su equivalente.
  • Haber sido decretado en estado de liquidación forzosa por procesos de reorganización empresarial.
  • Haber sido sentenciado por actividades ilícitas/ilegales y/o conducta poco profesional.
  • Haber sido declarado culpable de graves conductas inapropiadas a nivel profesional.
  • Encontrarse en mora de las obligaciones en materia de Seguridad Social y obligaciones fiscales ante la DIAN.
  • Han sido sancionados por entregar información falsa.
  • El proveedor (o los directivos del proveedor) se encuentra en cualquier lista de sancionados o actualmente se encuentra excluido o descalificado de participar en esta transacción por el Gobierno de los Estados Unidos o las Naciones Unidas, el Reino Unido, la Unión Europea, u otros gobiernos nacionales u organizaciones públicas internacionales.
  • Problema judicial que se encuentre en curso con alguna de las entidades de control (Policía, Contraloría, Procuraduría, etc.).
  • Participación en actividades de trata de personas e ilícitas como: apoyo al terrorismo, narcotráfico, etc.
  • Presentación de las ofertas que no cumplan con los requerimientos de la presente convocatoria.

Publicación de la convocatoria

21 de enero de 2025

Invitación

https://forms.gle/PKs5qLS646WCZAAL8

Fecha máxima para aclaraciones de convocatoria

Correo: transparencia@transparenciacolombia.org.co

27 de enero de 2025

Fecha de cierre de la convocatoria

31 de enero de 2025 a las 5.00 pm hora Colombia.

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Carolina Calderón Guillot
– Carolina Ferro Bernal*
– Daniel Ricardo Uribe Parra
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– Juan Francisco Lozano Ramírez*
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– María Elisa Bernal Bueno
– Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

– Álvaro Andrés Echavarría Olano
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– Eulalia Arboleda de Montes
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Guillermo Carvajalino Sánchez
– Sylvia Escovar Gómez
– Gustavo Bell Lemus
– Jorge Mario Velásquez J.
– José Alejandro Cortés Osorio

Miembros Institucionales:

– AB InBev – Bavaria S.A.
– Bancolombia S.A.
– Bodytech
– Caracol Televisión S.A.
– Colombia Telecomunicaciones S.A.
– Compensar
– Corporación OCASA
– Corporación Región
– Excelencia en la Justicia
– Foro Nacional por Colombia
– FUNCICAR
– Fundación Corona
– Grupo Bolívar S.A.
– Grupo Nutresa S.A.
– Grupo Sura S.A.
– Manuelita S.A.
– Mercantil Colpatria S.A.
– Misión de Observación Electoral
– Organización Corona S.A.
– Organización Terpel S.A.
– Productos Naturales de la Sabana S.A.S. – Alquería
– Publik
– Sodimac Colombia S.A.
– Summum Projects S.A.S.
– Universidad EAFIT

Miembros Individuales:

– Álvaro Andrés Echavarría O.
– Bernardo Rodríguez Ossa
– Carlos Eduardo Angulo G.
– Carlos Raúl Yepes Jiménez
– Eduardo Wills Herrera
– Eulalia Arboleda de Montes
– Gloria María Borrero R.
– Guillermo Carvajalino S.
– Guillermo Vargas Ayala
– José Alejandro Cortés O.
– Juan Fernando Londoño
– Juan Francisco Lozano R.
– Margareth Gonçalves Flórez
– Margarita Garrido Otoya
– María Elisa Bernal Bueno
– Mónica Aparicio Smith
– Néstor Ricardo Rodríguez A.
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Sylvia Escovar Gómez
– Vivian Newman Pont

Aprendizaje, desarrollo y sostenibilidad de la Corporación.

  • A pesar de los cambios en el ecosistema de cooperación internacional y la reducción de recursos de financiación disponibles que afectó a todo el sector social, en el ámbito interno de la Corporación destacamos los siguientes aspectos:
  • Logramos poner en marcha las acciones de capacitación, bienestar y desarrollo identificadas como prioritarias en las mediciones de clima organizacional, medición de competencias y batería de riesgo psicosocial aplicadas en 2024.
  • Los procesos administrativos, financieros y contables de la Corporación lograron adaptarse a la nueva realidad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, a pesar que el equipo tuvo una reducción del 21% a lo largo del año.
  • La Revisoría Fiscal asignó un nivel de riesgo bajo al control de la administración de la Corporación.

 

  • Fortalecimos las capacidades y alcances de la Corporación con respecto al uso de tecnologías de información y comunicación. Esto se refleja en acciones (i) de estrategia científica y de investigación que apoyaron la implementación de 17 proyectos, (ii) de estrategia técnica, que permitieron la consecución, apropiación y mantenimiento de tecnologías centralizadas, administrables y de propiedad autosuficiente, así como la consolidación de un equipo interno competente y autosuficiente, lo cual permitió disminuir la dependencia de consultorías y establecer canales de diálogo técnico con los proveedores externos restantes; y (iii) de innovación y mercado, que nos permitieron posicionarnos como referentes en cuanto al alcance y calidad del uso de datos públicos, y el apoyo para cualificar propuestas de consecución de recursos.

 

  • A nivel de órganos de gobierno, se destaca el cumplimiento en la realización de las sesiones de la Asamblea General de Miembros, el Consejo Rector y la Junta Directiva, establecidas en los estatutos de la Corporación, así como el fortalecimiento de estas últimas dos instancias gracias a la incorporación de dos nuevos miembros en cada una de ellas, que completan los cargos que estuvieron vacantes hasta 2025.

Posicionamiento y reconocimiento de la Corporación por medio de la comunicación estratégica, para contribuir a la incidencia y al diálogo con actores prioritarios.

  • En materia de relacionamiento con medios de comunicación, apostamos por la divulgación de menos contenidos, pero con más enfoque estratégico, lo cual resultó ser exitoso:
  • Logramos priorizar los espacios de mayor calidad e impacto, maximizando el retorno mediático por pieza emitida. Esta mayor eficiencia se explica, en buena parte, por la alineación entre los temas misionales de la Corporación y el pulso de la agenda pública.
  • Los datos confirman que nuestros pronunciamientos y la intervención oportuna en coyunturas siguen siendo la herramienta más poderosa de posicionamiento.
  • Los picos de cubrimiento no estuvieron asociados a un mayor número de contenidos, sino a acciones que combinaron velocidad, lectura política y claridad técnica, conectando argumentos especializados con narrativas de alto interés público.
  • Nos consolidamos como actor de referencia, incluso en un año no electoral, lo cual también se refleja en mantenernos dentro del listado de las ONG más reconocidas del país en el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos de 2025.

 

  • En cuanto a comunicación digital, dimos un giro estratégico:
  • Pasamos de priorizar el volumen y el alcance masivo a enfocarnos en explicar mejor, conectar con audiencias y sostener conversaciones relevantes sobre corrupción y transparencia.
  • Incorporamos un tono más empático, cercano y ciudadano, sin perder rigor técnico. Esto permitió que más personas entendieran temas complejos y se sintieran parte de la conversación.
  • Las plataformas cumplieron roles distintos y complementarios. Instagram y TikTok crecieron como espacios de conexión y pedagogía; X y LinkedIn se consolidaron como canales de vocería, reputación e incidencia; Facebook se mantuvo su función como canal de difusión a actores más tradicionales y territoriales.
  • La renovación de la página web fue el principal hito del año. Estos aprendizajes nos permitirán abordar el 2026 con una comunicación más clara, más creíble y mejor preparada para escenarios de alta sensibilidad pública, como el ciclo electoral.

 

  • En cuanto a campañas focalizadas, diseñamos e implementamos #SerHonestoEsLoNormal dirigida a entidades públicas del país para propender por la transformación de ideas y prácticas donde la honestidad, la ética y la integridad sean principios rectores en el trabajo diario de los servidores. Los resultados fueron destacables: (i) 22 entidades públicas de 6 regiones del país mostraron interés en fortalecer la integridad interna, de las cuales 5 activaron la campaña entre sus equipos de trabajo; (ii) 475 servidores públicos se autoevaluaron para reconocer prácticas de corrupción que han normalizado; (iii) +200.000 personas participaron activamente en redes, talleres y activaciones internas.

Mayor sanción judicial de corrupción a través del seguimiento y la incidencia en casos estratégicos.

  • Nuestro Centro de Asesoría Legal -ALAC- enfrentó un fuerte desfinanciamiento por la reducción de la cooperación internacional, por lo que realizamos una optimización y focalización de esfuerzos que implicó pasar de 123 a 20 casos de corrupción prioritarios en seguimiento. Esta apuesta fue exitosa pues se lograron reactivar casos estancados, hubo avances en 11 casos emblemáticos que no registraban evolución desde 2024 (principalmente mediante nuevas acciones con policía judicial), y el 100 % de las peticiones de seguimiento recibieron respuesta de fondo y de manera oportuna.

 

  • Se logró un fallo disciplinario en el caso “Presunto acoso laboral para participar en campaña política en Medellín”, con sanción a tres funcionarios, marcando un precedente en la lucha contra prácticas indebidas en el sector público.

 

  • Nuestra incidencia a favor del avance del proyecto de ley sobre protección a denunciantes de corrupción permitió que el 69% de nuestras recomendaciones fueran aceptadas de manera parcial o total. Continuamos posicionándonos como un actor especializado en el tema y con capacidad de generar articulación entre instancias estatales, sociales, políticas y empresariales, para impulsar esta iniciativa legislativa. Esto permitió que el proyecto de ley fuera radicado nuevamente al finalizar del año, a pesar de haber sido archivado durante el primer semestre de 2025.

 

  • Generamos la guía de protección para denunciantes de corrupción que recoge enfoques de derechos humanos y mecanismos de autoprotección, y participamos en la Iniciativa Regional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, que benefició a dos denunciantes que han sido acompañados por la Corporación.

 

  • Entregamos a la Fiscalía General de la Nación el Manual de acceso a la información pública asociada a la investigación de casos de corrupción, que permitió abrir y mantener una interlocución constante con esta entidad sobre las oportunidades y desafíos para la divulgación de este tipo de información. Esta aproximación se complementó con un relacionamiento renovado con la Fiscalía, que generó un diálogo activo sobre la investigación de casos de corrupción prioritarios para la Corporación.

 

 

  • Continuamos dando seguimiento al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) y publicamos tres nuevos pronunciamientos que sistematizaron el avance de las investigaciones y un análisis sobre el acceso a la información pública en este caso particular. Aplicamos una metodología innovadora creada por Transparencia Internacional para darle mayor visibilidad a los “facilitadores” de este caso de corrupción, que también fue implementada para el caso Odebrecht. Igualmente, avanzamos en el análisis de la red de corrupción del ex Senador Mario Castaño, conocido como el caso “Marionetas”. Todos estos elementos de análisis hacen parte de la información que transmitimos a la Fiscalía General de la Nación para contribuir al impulso de estas investigaciones desde nuevas perspectivas.

 

 

  • Junto con el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, iniciamos el análisis jurídico del asilo concedido por el presidente Gustavo Petro al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos e involucrado en múltiples escándalos de corrupción.

Confianza en el sector empresarial, en un entorno de negocios sostenible y transparente.

  • Aplicamos herramientas de medición de integridad empresarial en 16 empresas (la Medición de Transparencia Empresarial -MTE- y la Medición de Gestión Empresarial de Riesgos de Corrupción -MGERC-). A partir de allí, identificamos que Bavaria, Compensar, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional, Ingredion, Amway, Central Hidroeléctrica de Caldas y Corona han implementado en lineamientos internos una política de protección al denunciante inspirados en la guía que la Corporación elaboró en esta materia en 2022, de manera similar a lo realizado por Bancolombia y Promigas en años anteriores.

 

  • Diseñamos e implementamos una nueva aproximación de financiación potencial de las mediciones mediante una alianza con ANDESCO, lo que nos permitió el envío de 102 propuestas a empresas para la Medición de Transparencia Empresarial 2026, abrió espacios de capacitación y sensibilización a más de 60 empresas y cerca de cien personas, y facilitó contactos clave con el Acueducto de Bogotá y el grupo empresarial EPM.

 

  • Mantuvimos activo el Compromiso Empresarial Anticorrupción, la instancia de discusión y acción colectiva en la que participan miembros y aliados empresariales de la Corporación, para abordar temas asociados a la denuncia y la protección de denunciantes en el entorno empresarial, y en el uso de ciencias del comportamiento para contrarrestar prácticas de soborno. Adicional, también elaboramos una propuesta para la puesta en marcha de un banco de buenas prácticas de integridad empresarial que permita ampliar el alcance de la acción colectiva. Al cierre del año realizamos una reflexión conjunta sobre la sostenibilidad del Compromiso Empresarial Anticorrupción.

 

  • Consolidamos el relacionamiento con las empresas suecas Astrazeneca, SKF, Electrolux y Securitas, que incluyó acciones de sensibilización sobre cultura de integridad con cada empresa, la medición de capacidades para la gestión de riesgos de corrupción y la formulación de principios colectivos de integridad empresarial. Igualmente, se logró desarrollar un proceso muy valioso de difusión de estas acciones en redes sociales ante actores del sector empresarial.

Riesgos de corrupción en la contratación pública y acceso a la información pública

 

  • Completamos un mapeo de identificación de fondos extra presupuestales y del nivel de transparencia de cada uno de ellos, estimando que acumulan más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional de 2025. Este análisis contó con buen nivel de difusión ante la opinión pública, pero sigue siendo desafiante mejorar el acceso a la información de los mismos debido a su naturaleza jurídica, que les permite actuar bajo parámetros de régimen privado.

 

 

  • Continuamos con el acompañamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que dio lugar a dejar instaladas herramientas técnicas sobre riesgos de corrupción, conflictos de interés y uso de lenguaje claro, en la formulación, supervisión y ejecución de programas y proyectos, así como un tablero que permite acceder a datos de contratación, compras públicas y proyectos de inversión para la mitigación de efectos del cambio climático.

 

 

  • Continuamos brindando acompañamiento a las CAR (Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – Corpomojana), como resultado del proceso extenso y detallado de comprensión de la institucionalidad ambiental y de generación de confianza, logramos la reorientación estratégica de sus Planes de Transparencia y Ética Pública hacia un enfoque explícito de lucha contra la corrupción.

 

  • Publicamos el segundo informe de contratación pública en la implementación del Acuerdo de Paz en el cual incluimos recomendaciones para reducir riesgos de corrupción asociados a fallas en el acceso a la información contractual de la implementación del Acuerdo de Paz, las cuales han sido el insumo principal para incidir ante autoridades con competencia en el tema como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo Colombia en Paz (FCP).

Integridad, transparencia y equidad en el ejercicio del poder político.

  • Iniciamos, de manera anticipada al 2026, un proceso de diálogo e incidencia con el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la puesta en marcha de la plataforma Cuentas Claras, que permitió identificar necesidades de fortalecimiento de la herramienta por parte de la autoridad electoral.

 

  • Proporcionamos asesoría técnica al sector financiero para la identificación de operaciones sospechosas asociadas al financiamiento de la política, y contribuimos a la construcción de un diálogo inicial entre la autoridad electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera, con el objetivo de sentar las bases para una cooperación interinstitucional más sólida en la detección, investigación y eventual sanción de irregularidades en el financiamiento de campañas a futuro.

 

  • Mantuvimos la colaboración con el CNE y distintos partidos políticos para fomentar el acceso a financiación de campañas para candidatas mujeres, y evidenciamos un aumento del 3% al 5,8% en los recursos que los partidos asignan a este propósito (de un mínimo de 15% de recursos públicos que los partidos políticos deben asignar obligatoriamente a la promoción de la participación política de mujeres, jóvenes y grupos étnicos), al igual que una mejora en la calidad de ese gasto, información que consignamos en el documento “¿Cumplen los partidos con destinar recursos para la inclusión de mujeres?”.

 

  • Aportamos y facilitamos un proceso regional para la generación de estándares a nivel interamericano para el acceso a recursos para la participación política de mujeres.

Formación cívica y la movilización ciudadana para el cuidado de lo público.

  • En el marco de la Escuela Ciudadana Anticorrupción logramos resultados similares a los de años anteriores llegando a 198 personas inscritas, de las cuales 80 recibieron certificación. Desde su inicio, la Escuela ha formado 1.322 personas. Además, en el 2025 ampliamos la oferta académica con nuevos contenidos sobre corrupción sexual.

 

  • Logramos que 3.829 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 11 colegios de 6 ciudades/municipios (Medellín, Chigorodó, Villavicencio, Buga, Cali, Bogotá y Cundinamarca) completaran el proceso de formación cívica a través de Mundo Crystal, nuestra escuela que promueve valores y principios anticorrupción desde la infancia. A 130 docentes y monitores deportivos, pertenecientes a 13 colegios y 1 instituto departamental del deporte, los capacitamos mediante procesos de formación de formadores, resultados que fueron posible mediante alianzas estratégicas con la Fundación Bolívar Davivienda, la Corporación Minuto de Dios y acciones propias de Transparencia por Colombia.

 

  • Articulamos varias de nuestras iniciativas de activismo cívico bajo el propósito de contribuir a un espacio cívico favorable en el país. En cada una de las acciones reunidas en este marco alcanzamos resultados importantes:
  • Incidimos en la política pública de participación ciudadana.
  • Generamos un instrumento de monitoreo del espacio cívico en el sector extractivo.
  • Aportamos a una estrategia colectiva de más de 30 organizaciones para repensar la sostenibilidad del sector social ante los cambios de la cooperación internacional.
  • Incidimos en el proyecto de ley de protección a denunciantes a partir de recomendaciones para el debate en Comisión Primera del Senado y recomendaciones al nuevo proyecto de ley que fue radicado a finales de 2025 ante la Cámara de Representantes.
  • Trabajamos con más de 40 organizaciones en 18 departamentos del país con enfoque diferencial en grupos étnicos, jóvenes y mujeres.

 

Hitos institucionales:

  • Renovamos nuestra página web y la consolidamos como un espacio de consulta confiable, amigable y pedagógica.

 

  • Afrontamos y superamos la cancelación unilateral que realizó el gobierno de Estados Unidos de proyectos financiados por USAID y por el Departamento de Estado, y nos empezamos a adaptar a la nueva realidad de la cooperación internacional.

 

  • Realizamos un balance de la acción que desarrollamos en 2025 con respecto a los objetivos institucionales de la estrategia 2022-2025 y sus respectivas metas, y el plan aprobado por la Junta Directiva en el 2025, a fin de identificar los resultados más destacables de la Corporación en el año, así como el avance y cumplimiento de lo planteado en la estrategia institucional.

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