Por: David Heredia Pérez
Opinión- 17 de julio 2023
La voluntad ciudadana para movilizarse en contra de la corrupción ha aumentado en los últimos años, sin embargo, muchas personas consideran que los esfuerzos que se han hecho para combatirla son pocos e insuficientes y que aún existen muchas barreras que impiden que este descontento se transforme en acciones concretas. De ahí que sea clave promover condiciones favorables para la movilización ciudadana anticorrupción y por la transparencia.
Dentro de este marco nace en 2020 el Movimiento Ciudadano Anticorrupción (MCA) como una acción colectiva de la sociedad civil con el objetivo de promover y fortalecer la movilización ciudadana a favor de la lucha contra la corrupción, mediante iniciativas innovadoras que permitan un nivel amplio de denuncia, control ciudadano, incidencia pública, rechazo y sanción social de la corrupción.
Sus acciones también se enfocan en fortalecer actores sociales locales y territoriales para que realicen seguimiento a la acción pública a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Así, es un movimiento que promueve acciones de sensibilización, a la vez que busca implementar una agenda de lucha contra la corrupción adaptada a contextos locales y nacionales a través de las organizaciones pertenecientes.
Actualmente está conformado por 19 organizaciones sociales de distintas regiones del país. Quienes lo integran son ciudadanos y ciudadanas que no se resignan ante la corrupción y que conforman un movimiento amplio, diverso, sostenible, legítimo, transparente, innovador y reconocido por su efectividad. De este modo, el MCA ha sido una oportunidad para que la ciudadanía logre que el trabajo, rechazo y sanción social contra la corrupción, sean más efectivos en cada uno de los territorios, por medio del movimiento y de las acciones pedagógicas, comunicativas y culturales que promueve.
La corrupción no es un mal menor en el país, y si bien existen algunos esfuerzos interinstitucionales en la lucha contra esta, para que sea efectiva debe haber una mayor valoración del rol de la ciudadanía y su participación en la veeduría ciudadana y el control social. El MCA lo expresó muy bien durante la presentación pública realizada el pasado mes: “la lucha contra la corrupción avanza con la movilización social y una sociedad civil activa dispuesta a denunciar, rechazar y sancionar la corrupción”.
Por esto, el movimiento ha avanzado en su consolidación trabajando en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, ha consolidado su gobernanza interna con encuentros presenciales y virtuales para la elaboración de estrategias, definición de agenda y planes de acción. En segundo lugar, ha generado conocimiento y acciones de incidencia tanto a nivel local (acciones culturales y/o pedagógicas territoriales sobre la afectación de la corrupción a los Derechos Humanos), como a nivel nacional (observaciones a las propuestas anticorrupción de las candidaturas en elecciones presidenciales 2022, recomendaciones al Plan Nacional de Desarrollo-PND 2022-2026, etc.).
Por esta línea, también se han definido una serie de temas de acción fundamentales como lo son participación ciudadana; independencia y eficiencia de los órganos de control; contratación estatal, acceso a la información y gobierno abierto; protección al denunciante de corrupción; y reparación a las víctimas y sanción social de la corrupción. Temas que, a su vez, se desarrollan a partir de cinco ejes: sensibilización (acciones pedagógicas, culturales e investigativas), incidencia legislativa, incidencia en gobierno nacional, incidencia territorial, y por último, acciones ante situaciones coyunturales.
El Movimiento Ciudadano Anticorrupción, como expresión del activismo cívico que participa activamente a la lucha contra la corrupción y por la transparencia, es una referencia de la importancia y necesidad que adquiere la participación ciudadana en la defensa de lo público, la promoción de condiciones más favorables y seguras para el activismo cívico y la incidencia en una agenda pública anticorrupción, así como del fortalecimiento de capacidades y herramientas de lucha contra la corrupción y control social a las instituciones. Es una invitación a que la ciudadanía se convenza de la capacidad que tiene para prevenir, denunciar, rechazar y sancionar socialmente la corrupción.
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