Los resultados de esta edición muestran las fortalezas y debilidades institucionales que favorecen o no la generación de riesgos de corrupción en 268 entidades de los 32 departamentos del país. Se incluyen Gobiernos, Secretarías, Asambleas y Contralorías departamentales. Esta medición se hizo en el momento en el que la circunstancias del proceso político nacional por la Ley de Justicia y Paz, desmovilización de grupos paramilitares y la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales hacian preocupante la situación de alto riesgo de corrupción que presentaban estas entidades. Como gran conclusión se expuso una meta urgente y definitiva: crear espacios de participación ciudadana y control social para aportar al fortalecimiento de las instituciones.