Bogotá D.C. - Octubre 10 de 2018:
Hay varios puntos de la discusión de Reforma Política que la dejarían corta como instrumento para atacar la corrupción en el sistema político.
¿Cómo debe ser la financiación “preponderantemente estatal” de campañas políticas?
El nuevo Proyecto de Ley sobre financiación de campañas retoma lo que ya estaba estipulado en el Acto Legislativo 02 de 2015 “La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas (…)”. Es decir, han pasado 3 años en los que no se ha logrado determinar qué implica una financiación “preponderantemente estatal”. Este nuevo proyecto de ley no resuelve lo que el Estado no ha podido garantizar.
Según un análisis de Transparencia por Colombia, este año en las elecciones legislativas los anticipos correspondieron tan sólo a un 6.18% del total de ingreso, además de haber sido destinados en su mayoría a apoyar las candidaturas al Senado ($12.980 millones para Senado y $2.638 millones para Cámara). Asimismo en las elecciones territoriales de 2015, los anticipos se destinaron en su mayoría a apoyar las campañas a Gobernaciones y Alcaldías de ciudades capitales. Para lograr equidad en la financiación estatal y disminuir los riesgos de acudir al financiamiento ilegal, es necesario garantizar que estos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los candidatos.
Para este fin es urgente que dentro de la reforma política al sistema político se establezcan:
- Procedimientos para que las campañas accedan a los recursos estatales oportunamente, asegurando criterios de equidad en la distribución.
- Procesos claros de solicitud, aprobación y entrega de los anticipos.
- Procedimientos para determinar el costo real de las campañas políticas.
- Fortalecer mecanismos de monitoreo a la forma como se usan los recursos, más cuando son preponderantemente públicos.
- Incrementar la rendición de cuentas de los aportes privados que entran a las campañas.
“Es importante mantener el criterio de financiación preponderantemente estatal, sin embargo, en la ley debe quedar claro que el acceso a estos fondos será equitativo y oportuno, algo que no se ha logrado hasta el momento y lo más importante, asegurar que los candidatos reporten cuentas en tiempo real a través del portal Cuentas Claras para hacer seguimiento al origen, monto y destinación de estos recursos y si hay o no violación de topes”. Afirma Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
¿Las Listas Cerradas contribuyen a reducir los riesgos de corrupción en las campañas?
Dentro de los principales argumentos para promover la conformación de listas cerradas a corporaciones públicas, está la reducción de los costos de campañas políticas. Para esto es fundamental poder establecer un valor real de las campañas políticas y sobre esto limitar el monto de los gastos, análisis con el cual no se cuenta hasta el momento. También es importante crear un registro de proveedores electorales que tengan en cuenta las características de cada región, para determinar si el cambio a listas cerradas realmente reducirá los costos o no.
Asimismo, si se hacen elecciones primarias para conformar listas, es necesario que se definan topes, fuentes permitidas y prohibidas, requisitos de transparencia y rendición de cuentas con el fin de evitar trasladar los riesgos de corrupción, que implica el gasto excesivo en campañas, a estas elecciones.
Adicionalmente, la adopción de listas cerradas debe ir acompañada de mayor claridad y transparencia sobre los criterios que usarán los partidos para la conformación de estas listas. Para esto, “resulta fundamental que los partidos cumplan de manera efectiva con la Ley 1712 sobre acceso a la información pública y de tal manera que la ciudadanía pueda conocer las razones por las cuales se determinaron los participantes de las listas y el orden de las mismas. Estas medidas hacen parte del fortalecimiento de la democracia interna de los partidos, fundamental para recuperar su credibilidad”. Afirma Andrés Hernández.
¿El Consejo Nacional Electoral debe desaparecer?
Transparencia por Colombia considera que es positivo avanzar hacia la creación de un Tribunal Electoral para mejorar las capacidades de investigación, y sanción penal y disciplinaria, que hoy hacen falta en el CNE. Además, sería un gran avance que el Tribunal sea independiente de los partidos políticos y del Congreso en el proceso de designación de sus magistrados.
Es muy importante que se tenga en cuenta en la discusión de reforma política si las demás funciones desarrolladas por el CNE, y que son primordiales para el funcionamiento de todos los procesos político-electorales, serán absorbidas por este nuevo Tribunal.
Se debe evitar que queden en el aire todas las demás funciones de monitoreo y control que desarrolla el CNE sobre los partidos políticos y el proceso electoral, como por ejemplo, la entrega de avales a organizaciones políticas, manejo de recursos para campañas y para funcionamiento de partidos, verificación de cumplimiento con requisitos a nivel de estatutos, inclusión de género y transparencia y acceso a la información, entre otras. También, llamamos la atención para que no quede de lado la discusión sobre la independencia económica, administrativa y técnica que debe tener la autoridad electoral.
