Transparencia por Colombia

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Lo que ignoré como votante

Relato de una experiencia de seguimiento al financiamiento de campañas en el Atlántico

Contexto

Cuando escuché las declaraciones de Aida Merlano en Cambio, me pareció novedoso que una excongresista condenada por compra de votos fuera quien explicara cómo funcionaba en el Atlántico esta práctica: “En el Atlántico, en toda la región se compran votos, pero aquí el tema es que se compran con los dineros y recursos de la nación y ellos son los financiadores de casi toda la clase política de la región”, confesaba Merlano en la entrevista con Cambio.

Como costeña, sé que comprar y vender votos es una práctica de vieja data en el Atlántico. La pobreza, la desigualdad socioeconómica, la poca ética política, entre otros aspectos, son las bacterias de esta patología. Para llegar al poder, los candidatos han hecho de las elecciones un pernicioso festival en el que cabilderos, políticos y empresarios se ponen de acuerdo para repartir el pastel burocrático con sabor a municipio y nación.

En diciembre de 2021, Transparencia por Colombia (TpC) nos invitó a hacer parte del proyecto Hacia un ejercicio del poder más Transparente y Responsable. Nombramos Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas al grupo de organizaciones de la sociedad civil que ejercerán vigilancia al poder público para que sea más transparente, responsable y orientado al bien común. Así, el objetivo de TpC es que adelantemos ejercicios de seguimiento a la movida del dinero en las campañas a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Por esos meses, Foro impulsaba una campaña de pedagogía electoral a nivel nacional y en el Caribe llamada “No Bote el Voto”, para crear conciencia electoral sobre la importancia de un voto informado y transparente. Sin embargo, este proyecto era distinto porque implicaba investigar con profundidad un tema oculto bajo la obviedad de que un candidato necesita de financiación para sacar adelante una campaña.

Seguimiento

En febrero de 2022 comenzamos el seguimiento con el equipo. Debíamos recolectar y analizar información de primera mano dada en entrevistas a candidatos y candidatas y hacer observación en campo a la propaganda electoral presente en el área metropolitana. Por su lado, Daniel, profesional de apoyo, administró los insumos que nos brindó TpC y recolectó información secundaria, mientras Claudeth difundía redes sociales los hallazgos en tiempo real.

Empezamos con una consulta a la Misión de Observación Electoral -MOE- sobre el panorama electoral. Notamos que, en comparación con los demás departamentos del Caribe, las cifras de irregularidades del Atlántico eran las más altas. La MOE reportó en su plataforma Pilas con el Voto que registraron 62 casos de irregularidades en el Departamento del Atlántico: los ciudadanos reportaron 26 casos de irregularidades, las autoridades electorales 24 y los jueces y testigos 6 casos durante el conteo. Delitos como la compra de votos, fraude al sufragante, constreñimiento, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas e intervención política fueron el plato fuerte de la jornada.

Según “Mapas y factores de riesgo electoral 2022” de la MOE, en el Departamento del Atlántico el 80% de sus municipios estaban identificados en nivel de riesgo electoral extremo, alto y medio en las elecciones para la Cámara y el Senado.

Cuánto recibe y cuánto gasta un candidato en campaña

Cuentas Claras es una herramienta digital donada por TpC al CNE en la que las organizaciones políticas deben registrar información sobre ingresos y gastos en campaña.

El manejo del software fue fácil e intuitivo y la compilación de datos se hizo en una matriz de Excel de TpC en la que la información sobre los ingresos y gastos reportados por las campañas estaba desagregada. También crearon un tablero en el que, además de exponer gastos e ingresos, se indicaba el tipo de financiador. Así pudimos comparar las transacciones económicas de las campañas con datos confiables. Debimos seleccionar las fechas de consulta de información y priorizar algunos candidatos. Era cierto que no íbamos a encontrar el reporte de todos los aspirantes con una sola búsqueda, pues si los candidatos cumplían con la obligación de registrar información, lo harían de forma paulatina e incompleta. 

En el Atlántico se postularon 62 candidaturas para la Cámara de Representantes dentro de 10 listas de coaliciones, partidos y organizaciones políticas. De estas seleccionamos 34 con los siguientes criterios: que los candidatos hicieran parte de los dos partidos políticos que tuvieron una mayor votación en las elecciones legislativas de 2018, que fueran cabezas de lista, que fueran mujeres desempeñando nuevos liderazgos, que fueran repitentes en las listas que los eligieron en la campaña anterior a Cámara, que fueran miembros antiguos del concejo o la asamblea del departamento y que fueran candidatos cuestionados por investigaciones en curso.

De los aspirantes seleccionados, el 71% eran mujeres y el 29% hombres. Algunos cumplían con varios criterios de selección, pero sobresalía el hecho de que el 35% eran nuevos liderazgos ejercidos por mujeres, el 32% eran cabezas de lista y el 26% hacía parte de partidos que habían obtenido el grueso de los votos en las elecciones de 2018.

Un elemento común en todos los candidatos fue el gasto elevado en publicidad. Notamos propaganda electoral en la ciudad de Barranquilla y en los municipios del Área Metropolitana faltando dos semanas para las elecciones. Las redes sociales también fueron protagonistas de la campaña política. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube mostraron en tiempo real a los candidatos en plazas públicas, salones y parques exponiendo sus propuestas y los actos de campaña fueron transmitidos; los live permitieron el monólogo de los candidatos.  

Radicamos también derechos de petición en varias entidades para conocer el producto de sus trabajos e incorporarlos a nuestro análisis. Solicitamos a la MOE el envío de reportes de las irregularidades registradas en Pilas con el Voto y a la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, quienes tienen bajo su cargo la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL)[1], que nos comunicaran las alertas de fraude electoral recibidas hasta el momento.

Lo que encontramos.

“Así como se llega al poder se gobierna” y “Entre más gaste un candidato, menos transparente será su gestión” son dos refranes políticos certeros. Se sabe que para llegar al Congreso se necesita apoyo financiero y que no es un delito recibir apoyos de personas como donaciones o préstamos, el problema comienza cuando más de la mitad de los ingresos de una campaña vienen del patrimonio de terceros que pueden estar interesados en recuperar la inversión por medio de favores del candidato una vez sea elegido.

Para la campaña electoral a la Cámara por el Atlántico, el total de ingresos reportado en Cuentas Claras fue de $6.800.831.320[2]. De ese monto, el 55% ($3.721.421.708) proviene de contribuciones, donaciones y créditos que realizaron particulares; el 41% ($2.799.580.534) de créditos o aportes del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges y compañeros permanentes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad; y el 4% ($279.815.229) de créditos obtenidos en establecimientos financieros autorizados.

Según Cuentas Claras, el total de los gastos de las campañas fue de $6.789.270.878. El 31% ($2.085.623.193) en propaganda electoral en medios digitales y físicos. Seguido del 25% ($1.708.836.417) en gastos de administración, que incluyen sueldos, honorarios, viáticos, arriendos y servicios y gastos por servicio de transporte y correo que son el 15% (1.015.860.235). En cambio, llama la atención que los gastos relacionados con actos públicos sólo representen el 6% ($401.635.658).

Mayor inversión, mejores oportunidades

La relación que existe entre la inversión de una campaña y la obtención de una curul es manifiesta. Para tener chance de ocupar una curul en la Cámara por el Atlántico una campaña debe gastar entre $280.000.000 a $630.000.000 millones y de los diez candidatos y candidatas que más gastaron dinero, siete fueron elegidos representantes a la Cámara por Atlántico.

Tabla 4. Top 10 de los candidatos que más ingresos y gastos reportaron en su campaña

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos de Cuentas Claras.

Aun así, el gasto puede ser mucho mayor. Según Jhon Mario González, columnista y analista político, un candidato podría invertir hasta 15 mil millones de pesos en una campaña política, a pesar del tope puesto por el CNE (Vanguardia, 2021). Aunque parezca exagerado, el caso de Aida Merlano es un buen ejemplo. En su campaña el dinero invertido superó los topes de financiación, tal como fue destapado en una conversación que sostuvo con su padrino político Julio Gerlein, cuando este le dijo: “Yo puse 12 mil millones de pesos para tu elección” (Audio conversación Julio Gerlein y Aida Merlano. Semana, 2022).

Incluso sumando todos los ingresos reportados y comparándolos con el tope establecido para campañas a la Cámara, que es de $7.754.405.726, estos ingresos no se acercan ni siquiera al límite de gastos establecido y representan sólo el 7% del tope máximo; hecho que contrasta con la realidad de la magnitud de las campañas, el atiborramiento mediático y el exceso de publicidad de algunas candidaturas.

La efectividad de una pared pintada

Barranquilla tuvo un volumen inferior de publicidad en comparación con los municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo. En estos municipios muchos candidatos tienen cercanía con familias, movimientos y liderazgos, a diferencia de Barranquilla donde la campaña fue más impersonal, por ello se encontraron carteles, volantes, pinturas  y murales en las paredes de las casas que parecían parte del mobiliario de siempre de la ciudad.

Imagen 1. Murales en apoyo a candidatos

                                            

Fuente: Propia.

Lo que sí hubo en Barranquilla fueron pomposas vallas publicitarias, microperforados en vehículos y pasacalles. De hecho, la publicidad de los candidatos al senado por el Partido Liberal Carlos Alberto Rojano Llinás, Laura Esther Fortich Sánchez y Mauricio Gómez Amín, estaba en rincones estratégicos imposibles de ignorar en hora pico. Pero los reyes de la publicidad a la Cámara por el Atlántico fueron Jezmi Lizeth Barraza Arraut, Dolcey Oscar Torres Romero, Julio José Mejía Fontalvo y Armando Antonio Zabarain del Partido Conservador y Cambio Radical.

Imagen 2. Vallas Publicitarias Barranquilla

                                                                 Fuente: Propia.

Las presentaciones en público ocuparon el quinto lugar en la relación de gastos de las campañas. Representaron un menor rubro porque estos eventos no fueron organizados por el equipo de trabajo del candidato, sino por líderes, familias y empresas patrocinadoras. Por ello, el seguimiento a esta clase de propaganda fue más difícil de hacer, también porque estos eventos fueron a puerta cerrada en hoteles, aulas y centros empresariales, con publicidad divulgada tras finalizar el evento en las redes sociales de los candidatos.  

Imagen 3. Acto público de una empresa en apoyo a un candidato

Fuente: Twitter del ex candidato Luis Carlos Luque.

Rendición de cuentas a paso de tortuga

Rendir cuentas antes de ocupar un cargo de elección pública es una oportunidad para que el candidato se muestre honesto, transparente y comprometido. Pero entregar información sobre el manejo de finanzas de una campaña a las autoridades no es una prioridad porque no cosecha votos.

El registro de la información que hicieron los candidatos respecto a sus ingresos y gastos fue tardío e insuficiente. A dos semanas de las elecciones, de los 2.832 candidatos inscritos, solo el 28% había registrado ingresos y el 26% sobre sus gastos. A tres días de las elecciones, el reporte aumentó apenas en un 37% sobre ingresos y otro 36% sobre gastos.

En el Departamento del Atlántico el escenario fue penoso. A cinco semanas de las elecciones, sólo el 21% de candidatos y candidatas a la Cámara seleccionados para el seguimiento había reportado información en Cuentas Claras. Faltando dos semanas para que se llevara a cabo el proceso electoral, este porcentaje escaló tímidamente al 32%.

La frecuencia del registro fue deficiente por el desinterés de los candidatos. Los participantes que entregaron datos sobre sus campañas la primera vez, dejaron de hacerlo como lo obliga la norma, para hacerlo en el ejercicio de rendición de cuentas que se efectúa transcurridas las elecciones.

Caras nuevas, mismas sillas

La bancada del Atlántico en la Cámara renovó sus nombres, pero las curules siguieron en el bolsillo de los partidos políticos que siempre han manejado la política del departamento. De las siete curules que le corresponden al Atlántico por circunscripción territorial, cuatro fueron alcanzadas por candidatos primíparos, mientras que las otras tres siguieron ocupadas por congresistas que habían ganado en 2018.

El Partido Cambio Radical repitió con el 33,79 de los votos (309.249), la mayor votación del Atlántico, pero perdió una curul, quedando con 3. El exdiputado Gersel Pérez Altamiranda, de larga trayectoria política y cercanía con la Casa Char, fue el candidato más votado con 74.553 votos. La segunda curul fue para Modesto Aguilera Vides (70.596 votos), quien tuvo la mayor votación en 2018 y volvió a ganar estas elecciones. El último cupo fue para Betsy Pérez con 64.556 votos, que se lanzó por primera vez a un cargo de elección popular como candidata del senador charista Luis Eduardo Díaz Granados (La Silla Vacía, 2022).

El Partido Liberal consiguió dos curules en Cámara, para Jezmi Barraza Arraut, la candidata más votada de su partido con 87.808 y quien repite en esta elección y Dolcey Torres Romero, que obtuvo 58.794 votos, y fue el segundo partido más votado con 198.853 votos, el 21,73%. A diferencia de Cambio Radical, los liberales sumaron una curul.

El Pacto Histórico sacó 143.779 votos y le dio la curul a Agmeth Escaf Tijerino por encima del Partido Conservador, que a duras penas logró mantener el lugar de Armando Zabarain, fórmula de Efraín Cepeda al Senado, con 54.751 votos. Finalmente, el Partido Comunes obtuvo una curul por el punto 3 del acuerdo de paz, dada German Gómez López, primero en la lista del partido.

Todos debían conocer los hallazgos

Lo más valioso de este tipo de investigaciones es que esté a disposición de todas las personas. Por ello nos pusimos en contacto con medios de comunicación que nos ayudaran a difundir los resultados. Para elecciones legislativas publicamos dos informes del seguimiento en tiempo real a los movimientos financieros de las campañas.

El primer informe presentó nueve territorios del país (Bogotá, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander y Valle del Cauca) y fue divulgado el 28 de febrero de 2022, introduciendo la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas e indicando lo que habían reportado los candidatos en Cuentas Claras sobre sus ingresos y gastos para la fecha. Se registró baja rendición de cuentas por parte de los candidatos y se les invitó a registrar oportunamente la información para asegurar unas elecciones equitativas y transparentes.

El segundo informe, presentado el 10 de marzo, en los nueve territorios analizados fueron los recursos propios y familiares y las donaciones hechas por privados el tipo de fuente de ingreso más usado para respaldar las campañas, mientras que la propaganda electoral fue el gasto más grande. Volvimos a invitar a los candidatos a actualizar la información sobre su financiamiento y pedimos al CNE que previniese las sanciones que enfrentarían los candidatos y organizaciones políticas que no cumplieran con la obligación de reportar con frecuencia sus movimientos financieros.

La publicación de los informes se hizo de forma convencional y disruptiva. La convencional consistió en enviar comunicados de prensa con los principales hallazgos a medios de comunicación. La disruptiva fue la difusión de carruseles con piezas gráficas en las redes sociales con los aspectos más significativos de los informes para llamar la atención del público e incitarlos a revisar el documento completo. Las piezas fueron llamativas y sirvieron como gancho para interesar al lector en el informe.

Imagen 4. Piezas primer informe de seguimiento 

                                             

Fuente: Tomado del Instagram de la Fundación Foro.

Lo que el viento nos dejó

Del informe surgieron discusiones, entrevistas y eventos a nivel local. La gente se había apropiado de un tema del que poco se hablaba y todos querían opinar sobre el financiamiento de las campañas políticas y su relación con los resultados. Más felices no podíamos estar.

Para los integrantes de la Fundación Foro Costa Atlántica haber participado en la Alianza, junto a varias organizaciones de la sociedad civil del país, permitió profundizar y conocer la manera cómo se financian las campañas políticas del Atlántico y de otras regiones de Colombia. Aprendimos que un proceso de seguimiento debe contrastar la información y no conformarse con los reportes e información que entregan los candidatos y candidatas a las autoridades electorales

Abordar las fuentes de primera mano con amabilidad es crucial. Las entrevistas y peticiones suministraron datos desconocidos sobre el desarrollo del proceso electoral que no podían pasar inadvertidos, puesto que no hubiésemos comprendido las dinámicas que manejan las campañas dentro y fuera de ellas. Aprendimos que la comunicación debe ser clara, concisa y pertinente y que es importe bajar los niveles de abstracción de los informes para informar con celeridad los ingresos y gastos de las campañas. Correr la voz de que la plataforma Cuentas Claras era nuestra guía hizo que su popularidad subiera como espuma.

Este trabajo siembra una semilla de conocimiento para estas organizaciones sobre las herramientas y mecanismos de financiación que ofrece el Estado. Aun cuando el papel de la financiación estatal en estas elecciones no fue significativo, lo cual implica un gran reto para el Estado en los próximos procesos electorales, haber generado espacios de socialización con los candidatos para que hicieran uso de estas formas de financiación, nos dio alegría. Creemos fervientemente que así se pueden lograr campañas más equitativas y justas.

Bibliografía

 

[1] Es una plataforma que permite la radicación de denuncias y quejas por delitos e irregularidades que afecten el desarrollo de las elecciones

[2] A corte del 8 de junio de 2022.

Carolina Calderón Guillot
– Carolina Ferro Bernal*
– Daniel Ricardo Uribe Parra
– Eduardo Wills Herrera
– Gloria María Borrero Restrepo
– Juan Francisco Lozano Ramírez*
– Juliana Velásquez Rodríguez*
– María Elisa Bernal Bueno
– Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

– Álvaro Andrés Echavarría Olano
– Juan Francisco Lozano Ramírez
– Eulalia Arboleda de Montes
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Guillermo Carvajalino Sánchez
– Sylvia Escovar Gómez
– Gustavo Bell Lemus
– Jorge Mario Velásquez J.
– José Alejandro Cortés Osorio

Miembros Institucionales:

– AB InBev – Bavaria S.A.
– Bancolombia S.A.
– Bodytech
– Caracol Televisión S.A.
– Colombia Telecomunicaciones S.A.
– Compensar
– Corporación OCASA
– Corporación Región
– Excelencia en la Justicia
– Foro Nacional por Colombia
– FUNCICAR
– Fundación Corona
– Grupo Bolívar S.A.
– Grupo Nutresa S.A.
– Grupo Sura S.A.
– Manuelita S.A.
– Mercantil Colpatria S.A.
– Misión de Observación Electoral
– Organización Corona S.A.
– Organización Terpel S.A.
– Productos Naturales de la Sabana S.A.S. – Alquería
– Publik
– Sodimac Colombia S.A.
– Summum Projects S.A.S.
– Universidad EAFIT

Miembros Individuales:

– Álvaro Andrés Echavarría O.
– Bernardo Rodríguez Ossa
– Carlos Eduardo Angulo G.
– Carlos Raúl Yepes Jiménez
– Eduardo Wills Herrera
– Eulalia Arboleda de Montes
– Gloria María Borrero R.
– Guillermo Carvajalino S.
– Guillermo Vargas Ayala
– José Alejandro Cortés O.
– Juan Fernando Londoño
– Juan Francisco Lozano R.
– Margareth Gonçalves Flórez
– Margarita Garrido Otoya
– María Elisa Bernal Bueno
– Mónica Aparicio Smith
– Néstor Ricardo Rodríguez A.
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Sylvia Escovar Gómez
– Vivian Newman Pont

Aprendizaje, desarrollo y sostenibilidad de la Corporación.

  • A pesar de los cambios en el ecosistema de cooperación internacional y la reducción de recursos de financiación disponibles que afectó a todo el sector social, en el ámbito interno de la Corporación destacamos los siguientes aspectos:
  • Logramos poner en marcha las acciones de capacitación, bienestar y desarrollo identificadas como prioritarias en las mediciones de clima organizacional, medición de competencias y batería de riesgo psicosocial aplicadas en 2024.
  • Los procesos administrativos, financieros y contables de la Corporación lograron adaptarse a la nueva realidad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, a pesar que el equipo tuvo una reducción del 21% a lo largo del año.
  • La Revisoría Fiscal asignó un nivel de riesgo bajo al control de la administración de la Corporación.

 

  • Fortalecimos las capacidades y alcances de la Corporación con respecto al uso de tecnologías de información y comunicación. Esto se refleja en acciones (i) de estrategia científica y de investigación que apoyaron la implementación de 17 proyectos, (ii) de estrategia técnica, que permitieron la consecución, apropiación y mantenimiento de tecnologías centralizadas, administrables y de propiedad autosuficiente, así como la consolidación de un equipo interno competente y autosuficiente, lo cual permitió disminuir la dependencia de consultorías y establecer canales de diálogo técnico con los proveedores externos restantes; y (iii) de innovación y mercado, que nos permitieron posicionarnos como referentes en cuanto al alcance y calidad del uso de datos públicos, y el apoyo para cualificar propuestas de consecución de recursos.

 

  • A nivel de órganos de gobierno, se destaca el cumplimiento en la realización de las sesiones de la Asamblea General de Miembros, el Consejo Rector y la Junta Directiva, establecidas en los estatutos de la Corporación, así como el fortalecimiento de estas últimas dos instancias gracias a la incorporación de dos nuevos miembros en cada una de ellas, que completan los cargos que estuvieron vacantes hasta 2025.

Posicionamiento y reconocimiento de la Corporación por medio de la comunicación estratégica, para contribuir a la incidencia y al diálogo con actores prioritarios.

  • En materia de relacionamiento con medios de comunicación, apostamos por la divulgación de menos contenidos, pero con más enfoque estratégico, lo cual resultó ser exitoso:
  • Logramos priorizar los espacios de mayor calidad e impacto, maximizando el retorno mediático por pieza emitida. Esta mayor eficiencia se explica, en buena parte, por la alineación entre los temas misionales de la Corporación y el pulso de la agenda pública.
  • Los datos confirman que nuestros pronunciamientos y la intervención oportuna en coyunturas siguen siendo la herramienta más poderosa de posicionamiento.
  • Los picos de cubrimiento no estuvieron asociados a un mayor número de contenidos, sino a acciones que combinaron velocidad, lectura política y claridad técnica, conectando argumentos especializados con narrativas de alto interés público.
  • Nos consolidamos como actor de referencia, incluso en un año no electoral, lo cual también se refleja en mantenernos dentro del listado de las ONG más reconocidas del país en el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos de 2025.

 

  • En cuanto a comunicación digital, dimos un giro estratégico:
  • Pasamos de priorizar el volumen y el alcance masivo a enfocarnos en explicar mejor, conectar con audiencias y sostener conversaciones relevantes sobre corrupción y transparencia.
  • Incorporamos un tono más empático, cercano y ciudadano, sin perder rigor técnico. Esto permitió que más personas entendieran temas complejos y se sintieran parte de la conversación.
  • Las plataformas cumplieron roles distintos y complementarios. Instagram y TikTok crecieron como espacios de conexión y pedagogía; X y LinkedIn se consolidaron como canales de vocería, reputación e incidencia; Facebook se mantuvo su función como canal de difusión a actores más tradicionales y territoriales.
  • La renovación de la página web fue el principal hito del año. Estos aprendizajes nos permitirán abordar el 2026 con una comunicación más clara, más creíble y mejor preparada para escenarios de alta sensibilidad pública, como el ciclo electoral.

 

  • En cuanto a campañas focalizadas, diseñamos e implementamos #SerHonestoEsLoNormal dirigida a entidades públicas del país para propender por la transformación de ideas y prácticas donde la honestidad, la ética y la integridad sean principios rectores en el trabajo diario de los servidores. Los resultados fueron destacables: (i) 22 entidades públicas de 6 regiones del país mostraron interés en fortalecer la integridad interna, de las cuales 5 activaron la campaña entre sus equipos de trabajo; (ii) 475 servidores públicos se autoevaluaron para reconocer prácticas de corrupción que han normalizado; (iii) +200.000 personas participaron activamente en redes, talleres y activaciones internas.

Mayor sanción judicial de corrupción a través del seguimiento y la incidencia en casos estratégicos.

  • Nuestro Centro de Asesoría Legal -ALAC- enfrentó un fuerte desfinanciamiento por la reducción de la cooperación internacional, por lo que realizamos una optimización y focalización de esfuerzos que implicó pasar de 123 a 20 casos de corrupción prioritarios en seguimiento. Esta apuesta fue exitosa pues se lograron reactivar casos estancados, hubo avances en 11 casos emblemáticos que no registraban evolución desde 2024 (principalmente mediante nuevas acciones con policía judicial), y el 100 % de las peticiones de seguimiento recibieron respuesta de fondo y de manera oportuna.

 

  • Se logró un fallo disciplinario en el caso “Presunto acoso laboral para participar en campaña política en Medellín”, con sanción a tres funcionarios, marcando un precedente en la lucha contra prácticas indebidas en el sector público.

 

  • Nuestra incidencia a favor del avance del proyecto de ley sobre protección a denunciantes de corrupción permitió que el 69% de nuestras recomendaciones fueran aceptadas de manera parcial o total. Continuamos posicionándonos como un actor especializado en el tema y con capacidad de generar articulación entre instancias estatales, sociales, políticas y empresariales, para impulsar esta iniciativa legislativa. Esto permitió que el proyecto de ley fuera radicado nuevamente al finalizar del año, a pesar de haber sido archivado durante el primer semestre de 2025.

 

  • Generamos la guía de protección para denunciantes de corrupción que recoge enfoques de derechos humanos y mecanismos de autoprotección, y participamos en la Iniciativa Regional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, que benefició a dos denunciantes que han sido acompañados por la Corporación.

 

  • Entregamos a la Fiscalía General de la Nación el Manual de acceso a la información pública asociada a la investigación de casos de corrupción, que permitió abrir y mantener una interlocución constante con esta entidad sobre las oportunidades y desafíos para la divulgación de este tipo de información. Esta aproximación se complementó con un relacionamiento renovado con la Fiscalía, que generó un diálogo activo sobre la investigación de casos de corrupción prioritarios para la Corporación.

 

 

  • Continuamos dando seguimiento al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) y publicamos tres nuevos pronunciamientos que sistematizaron el avance de las investigaciones y un análisis sobre el acceso a la información pública en este caso particular. Aplicamos una metodología innovadora creada por Transparencia Internacional para darle mayor visibilidad a los “facilitadores” de este caso de corrupción, que también fue implementada para el caso Odebrecht. Igualmente, avanzamos en el análisis de la red de corrupción del ex Senador Mario Castaño, conocido como el caso “Marionetas”. Todos estos elementos de análisis hacen parte de la información que transmitimos a la Fiscalía General de la Nación para contribuir al impulso de estas investigaciones desde nuevas perspectivas.

 

 

  • Junto con el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, iniciamos el análisis jurídico del asilo concedido por el presidente Gustavo Petro al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos e involucrado en múltiples escándalos de corrupción.

Confianza en el sector empresarial, en un entorno de negocios sostenible y transparente.

  • Aplicamos herramientas de medición de integridad empresarial en 16 empresas (la Medición de Transparencia Empresarial -MTE- y la Medición de Gestión Empresarial de Riesgos de Corrupción -MGERC-). A partir de allí, identificamos que Bavaria, Compensar, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional, Ingredion, Amway, Central Hidroeléctrica de Caldas y Corona han implementado en lineamientos internos una política de protección al denunciante inspirados en la guía que la Corporación elaboró en esta materia en 2022, de manera similar a lo realizado por Bancolombia y Promigas en años anteriores.

 

  • Diseñamos e implementamos una nueva aproximación de financiación potencial de las mediciones mediante una alianza con ANDESCO, lo que nos permitió el envío de 102 propuestas a empresas para la Medición de Transparencia Empresarial 2026, abrió espacios de capacitación y sensibilización a más de 60 empresas y cerca de cien personas, y facilitó contactos clave con el Acueducto de Bogotá y el grupo empresarial EPM.

 

  • Mantuvimos activo el Compromiso Empresarial Anticorrupción, la instancia de discusión y acción colectiva en la que participan miembros y aliados empresariales de la Corporación, para abordar temas asociados a la denuncia y la protección de denunciantes en el entorno empresarial, y en el uso de ciencias del comportamiento para contrarrestar prácticas de soborno. Adicional, también elaboramos una propuesta para la puesta en marcha de un banco de buenas prácticas de integridad empresarial que permita ampliar el alcance de la acción colectiva. Al cierre del año realizamos una reflexión conjunta sobre la sostenibilidad del Compromiso Empresarial Anticorrupción.

 

  • Consolidamos el relacionamiento con las empresas suecas Astrazeneca, SKF, Electrolux y Securitas, que incluyó acciones de sensibilización sobre cultura de integridad con cada empresa, la medición de capacidades para la gestión de riesgos de corrupción y la formulación de principios colectivos de integridad empresarial. Igualmente, se logró desarrollar un proceso muy valioso de difusión de estas acciones en redes sociales ante actores del sector empresarial.

Riesgos de corrupción en la contratación pública y acceso a la información pública

 

  • Completamos un mapeo de identificación de fondos extra presupuestales y del nivel de transparencia de cada uno de ellos, estimando que acumulan más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional de 2025. Este análisis contó con buen nivel de difusión ante la opinión pública, pero sigue siendo desafiante mejorar el acceso a la información de los mismos debido a su naturaleza jurídica, que les permite actuar bajo parámetros de régimen privado.

 

 

  • Continuamos con el acompañamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que dio lugar a dejar instaladas herramientas técnicas sobre riesgos de corrupción, conflictos de interés y uso de lenguaje claro, en la formulación, supervisión y ejecución de programas y proyectos, así como un tablero que permite acceder a datos de contratación, compras públicas y proyectos de inversión para la mitigación de efectos del cambio climático.

 

 

  • Continuamos brindando acompañamiento a las CAR (Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – Corpomojana), como resultado del proceso extenso y detallado de comprensión de la institucionalidad ambiental y de generación de confianza, logramos la reorientación estratégica de sus Planes de Transparencia y Ética Pública hacia un enfoque explícito de lucha contra la corrupción.

 

  • Publicamos el segundo informe de contratación pública en la implementación del Acuerdo de Paz en el cual incluimos recomendaciones para reducir riesgos de corrupción asociados a fallas en el acceso a la información contractual de la implementación del Acuerdo de Paz, las cuales han sido el insumo principal para incidir ante autoridades con competencia en el tema como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo Colombia en Paz (FCP).

Integridad, transparencia y equidad en el ejercicio del poder político.

  • Iniciamos, de manera anticipada al 2026, un proceso de diálogo e incidencia con el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la puesta en marcha de la plataforma Cuentas Claras, que permitió identificar necesidades de fortalecimiento de la herramienta por parte de la autoridad electoral.

 

  • Proporcionamos asesoría técnica al sector financiero para la identificación de operaciones sospechosas asociadas al financiamiento de la política, y contribuimos a la construcción de un diálogo inicial entre la autoridad electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera, con el objetivo de sentar las bases para una cooperación interinstitucional más sólida en la detección, investigación y eventual sanción de irregularidades en el financiamiento de campañas a futuro.

 

  • Mantuvimos la colaboración con el CNE y distintos partidos políticos para fomentar el acceso a financiación de campañas para candidatas mujeres, y evidenciamos un aumento del 3% al 5,8% en los recursos que los partidos asignan a este propósito (de un mínimo de 15% de recursos públicos que los partidos políticos deben asignar obligatoriamente a la promoción de la participación política de mujeres, jóvenes y grupos étnicos), al igual que una mejora en la calidad de ese gasto, información que consignamos en el documento “¿Cumplen los partidos con destinar recursos para la inclusión de mujeres?”.

 

  • Aportamos y facilitamos un proceso regional para la generación de estándares a nivel interamericano para el acceso a recursos para la participación política de mujeres.

Formación cívica y la movilización ciudadana para el cuidado de lo público.

  • En el marco de la Escuela Ciudadana Anticorrupción logramos resultados similares a los de años anteriores llegando a 198 personas inscritas, de las cuales 80 recibieron certificación. Desde su inicio, la Escuela ha formado 1.322 personas. Además, en el 2025 ampliamos la oferta académica con nuevos contenidos sobre corrupción sexual.

 

  • Logramos que 3.829 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 11 colegios de 6 ciudades/municipios (Medellín, Chigorodó, Villavicencio, Buga, Cali, Bogotá y Cundinamarca) completaran el proceso de formación cívica a través de Mundo Crystal, nuestra escuela que promueve valores y principios anticorrupción desde la infancia. A 130 docentes y monitores deportivos, pertenecientes a 13 colegios y 1 instituto departamental del deporte, los capacitamos mediante procesos de formación de formadores, resultados que fueron posible mediante alianzas estratégicas con la Fundación Bolívar Davivienda, la Corporación Minuto de Dios y acciones propias de Transparencia por Colombia.

 

  • Articulamos varias de nuestras iniciativas de activismo cívico bajo el propósito de contribuir a un espacio cívico favorable en el país. En cada una de las acciones reunidas en este marco alcanzamos resultados importantes:
  • Incidimos en la política pública de participación ciudadana.
  • Generamos un instrumento de monitoreo del espacio cívico en el sector extractivo.
  • Aportamos a una estrategia colectiva de más de 30 organizaciones para repensar la sostenibilidad del sector social ante los cambios de la cooperación internacional.
  • Incidimos en el proyecto de ley de protección a denunciantes a partir de recomendaciones para el debate en Comisión Primera del Senado y recomendaciones al nuevo proyecto de ley que fue radicado a finales de 2025 ante la Cámara de Representantes.
  • Trabajamos con más de 40 organizaciones en 18 departamentos del país con enfoque diferencial en grupos étnicos, jóvenes y mujeres.

 

Hitos institucionales:

  • Renovamos nuestra página web y la consolidamos como un espacio de consulta confiable, amigable y pedagógica.

 

  • Afrontamos y superamos la cancelación unilateral que realizó el gobierno de Estados Unidos de proyectos financiados por USAID y por el Departamento de Estado, y nos empezamos a adaptar a la nueva realidad de la cooperación internacional.

 

  • Realizamos un balance de la acción que desarrollamos en 2025 con respecto a los objetivos institucionales de la estrategia 2022-2025 y sus respectivas metas, y el plan aprobado por la Junta Directiva en el 2025, a fin de identificar los resultados más destacables de la Corporación en el año, así como el avance y cumplimiento de lo planteado en la estrategia institucional.

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