Por: Andrés Hernández.
Opinión- 29 de agosto 2022
Sería prematuro hacer un balance a profundidad en materia anticorrupción del gobierno de Gustavo Petro que inició hace pocas semanas. Sin embargo, no pueden pasar desapercibidos los cuestionamientos por plagio académico que se han conocido públicamente sobre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, por el impacto que puedan tener sobre la confianza y la integridad pública del alto Gobierno nacional.
Hasta el momento hemos visto mensajes anticorrupción contundentes del nuevo gobierno, como el anuncio del presidente Gustavo Petro, durante su discurso de posesión, de usar la inteligencia para perseguir a los corruptos y no a contradictores políticos, así como los conceptos bien encaminados que expuso la vicepresidenta Francia Márquez durante el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, el pasado 18 de agosto. No obstante, los cuestionamientos éticos al ministro Reyes generan el riesgo de opacar estas visiones.
Desde abril de 2022, en Transparencia por Colombia planteamos una serie de recomendaciones dirigidas a quien ocupara el liderazgo en el nuevo periodo presidencial para avanzar en la lucha contra la corrupción en nuestro país. La recomendación más prioritaria fue fortalecer la integridad en el más alto nivel del liderazgo público.
La importancia de esta recomendación estaba fundamentada, por un lado, en la grave crisis de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, en particular, hacia el liderazgo del poder ejecutivo, y en identificar a la corrupción como uno de los principales factores que profundizan dicha desconfianza. Vale la pena recordar que la Encuesta de Cultura Política 2021 del DANE indica que el porcentaje de personas que confiaban mucho en la Presidencia de la República cayó drásticamente del 27,7 en 2019 al 17,9 en 2021, y que varios indicadores de lucha contra la corrupción mostraron un alarmante deterioro durante el último cuatrienio.
Por otro lado, no son lejanos a la memoria los cuestionamientos que desde el plano ético se han hecho en tiempos recientes a personas que han ocupado altos cargos públicos, entre otras cosas, por plagio académico, como el caso de la expresidente de la Cámara de Representantes. En ese momento, planteamos que “podemos y debemos hacer frente como sociedad a estas situaciones (…) con un rotundo rechazo social”.
Así, mientras que no se resuelvan los cuestionamientos éticos contra el ministro Reyes, esta situación afecta la imperante necesidad de recuperar la confianza en las instituciones, envía un mensaje equívoco frente al deseo de fortalecer la integridad en el más alto nivel del liderazgo público y choca con visiones ambiciosas y transformadoras que el nuevo gobierno ha propuesto para frenar el impacto de la corrupción en nuestro país.
