Por: Andrés Hernández. Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Pareciera que la corrupción es el pan de cada día. Nos acostumbramos a ver titulares sobre miles de millones de pesos enredados en licitaciones amañadas, en contratos incumplidos, en obras inconclusas, por las cuales se desvían nuestros recursos públicos. La aparición cotidiana de la corrupción nos ha llevado a justificar frases como “roba, pero hace” o la trágica fórmula de “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. La realidad es que nada de eso es aceptable, mucho menos para una sociedad con retos tan apremiantes en materia social, económica y ambiental, por mencionar algunos de los profundos déficits de nuestro país.
Los resultados de 2023 del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que califican a Colombia con 40 puntos sobre 100, siendo 0 un país percibido como muy corrupto y 100 muy transparente, ubican al país en niveles de corrupción pública muy elevada y son un recordatorio doloroso de esa realidad. Sin duda, el Estado debe avanzar en investigar y sancionar de manera más ágil y contundente las redes de corrupción, en proteger de manera adecuada a quienes la denuncian, en rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, entre otros aspectos. Pero debemos asumir una responsabilidad más compartida en la lucha contra la corrupción.
Datos de Transparencia por Colombia muestran el preocupante incremento en la participación de particulares en esquemas de corrupción como los carteles de contratistas, la entrega de obras y productos de baja calidad, los sobreprecios en bienes vendidos a entidades públicas, etc. A esto se suma la normalización social de la corrupción —llegando incluso al “usted no sabe quién soy yo” — que nos impide ver que detrás de todo esto hay víctimas, personas de carne y hueso, que pierden su presente y su futuro por causa del abuso del poder.
La nueva medición de Transparencia Internacional nos da la oportunidad de repensar nuestras acciones. En particular, este año los nuevos gobiernos locales inician una nueva etapa para demostrar que sí es posible usar los recursos públicos de manera transparente. Igualmente, el gobierno nacional deberá ser más claro y ambicioso en su apuesta anticorrupción. Desde la ciudadanía debemos demandar que así sea. Solo con hechos concretos lograremos demostrar un mejor desempeño en la lucha contra la corrupción y, ante todo, alcanzar el bienestar que nuestra sociedad necesita.
Columna publicada en El País.
