En el informe se establecen tres ámbitos de acción propios de la lucha contra la corrupción. En primer lugar, las condiciones para la garantía del acceso a la información pública y el fortalecimiento de las entidades públicas, en segundo lugar, las medidas para promover el cambio social por medio de la educación, y finalmente, las medidas específicas de lucha contra la corrupción en la institucionalidad. Además, se hacen algunas recomendaciones que desde la sociedad civil son importantes para combatir la corrupción.