• Transparencia por Colombia realiza seguimiento al escándalo de la UNGRD para mantener una atención activa a las acciones contra los responsables del caso y buscar reparación a las víctimas de los hechos de corrupción.
• Fiscalía, Corte Suprema y Procuraduría muestran avances importantes contra altos funcionarios y congresistas presuntamente implicados.
• ⁠Es necesario realizar acciones también contra las empresas que al parecer están involucradas en el escándalo.

   

Bogotá D.C. 28 de mayo de 2024. Ante la magnitud y las graves implicaciones que podría tener el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Transparencia por Colombia realizará un seguimiento sistemático a las acciones que se desarrollan desde las distintas entidades de control e investigación con competencia para investigar a los presuntos involucrados. De esta manera, se busca contribuir, desde la sociedad civil, a visibilizar la acción que nuestras instituciones de control y judiciales realizan para que el caso no quede en impunidad, y a buscar mecanismos de reparación a las víctimas de este caso.

El primer análisis de los hechos de corrupción que se conocen desde febrero pasado hasta la fecha, destaca tres acciones principales:

• En el ámbito penal, la Fiscalía General de la Nación está avanzando en el caso de Olmedo López y Sneyder Pinilla, habiendo aprobado esquemas de protección y evaluando la aplicación del principio de oportunidad, que dependerá de la suficiencia de las pruebas documentales presentadas el 28 de mayo de 2024 para esclarecer los hechos de corrupción. Si las pruebas cumplen con los requisitos legales, la Fiscalía decidirá si procede con la renuncia a la acción penal, la suspensión de la misma hasta el cumplimiento de los acuerdos, o su interrupción debido a novedades como la falta de negociación. En conclusión, aún no es seguro que Pinilla y López eviten la investigación mediante el principio de oportunidad.

   

• La Corte Suprema de Justicia ha iniciado investigaciones preliminares contra funcionarios públicos por presunto cohecho propio y enriquecimiento ilícito. El magistrado Francisco Farfán citó a Carlos Ramón González el 20 de mayo de 2024 y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el 31 de mayo. Se ordenó una inspección judicial en la UNGRD por supuestos sobrecostos en la compra de vehículos, citando a su director, Carlos Alberto Carillo, para el 7 de junio, y a la ex consejera presidencial, Sandra Ortiz, el 24 de junio. Además, el magistrado Héctor Javier Alarcón abrió indagaciones contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, y se prevé investigar a Wadith Manzur.
• En el ámbito disciplinario, la Procuraduría General de la Nación está realizando investigaciones referentes a los contratos de la UNGRD, con el fin de establecer, entre otros aspectos, el estado técnico, financiero, jurídico y económico de los contratos celebrados y conocer las acciones adelantadas por la supervisión e interventoría correspondientes. Lo anterior con el fin de determinar si se inicia proceso disciplinario contra los funcionarios públicos o si archiva el proceso. También, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria el 9 de abril de 2024 contra Olmedo López Martínez, Sneyder Pinilla y Victor Andrés Mesa. No se conocen pronunciamientos sobre los alegatos que presentarán los investigados previos a la evaluación por parte del ente de control.

¿Qué otras acciones se pueden realizar?

• La acción en contra de los actores privados presuntamente involucrados en los escándalos y otros funcionarios de la UNGRD: la Fiscalía no ha iniciado investigaciones contra los representantes legales de las empresas Impoamerica Roger S.A.S.; Luket S.A.S. y Bran S.A.S, implicados en el escándalo de los carrotanques. Al igual que contra los exfuncionarios de la UNGRD, Víctor Andrés Mesa y Luis Carlos Barreto Gantiva. Cabe resaltar que los procesos de indagación penal son reservados, por ello, solo podrán consultarse en las páginas de la entidad cuando verse contra los mismos actos de imputación.
• La acción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a las empresas presuntamente involucradas en el escándalo: Impomaericana Roger SAS, Luket SAS y Brand SAS. La SIC es el órgano administrativo competente en la investigación de casos de corrupción en relación y en función de proteger la competencia económica, al consumidor y la propiedad industrial. La SIC puede realizar investigaciones de oficio o investigaciones en coordinación con entidades encargadas de combatir la corrupción, tales como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República u otras autoridades competentes.
• Acciones desde la Procuraduría General de la Nación sobre los procesos disciplinarios que puede iniciar contra los congresistas implicados en los escándalos. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reconocido la competencia de la Procuraduría para disciplinar a los servidores públicos de elección popular, especialmente, cuando se trata de conductas corruptas. Lo anterior, a partir de una interpretación sistemática del artículo 277 de la Constitución Política con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Otros frentes de acción de las instituciones que serán objeto de seguimiento serán las acciones en el ámbito fiscal por parte de la Contraloría General de la República, las acciones de reparación que distintas entidades deben desplegar por los daños causados por la corrupción a las comunidades víctimas de estos hechos, y los procesos en la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, indicó: “Vivimos un nuevo escándalo de corrupción de graves implicaciones. Mucha gente piensa que no va a pasar nada, pero debemos vencer la frustración y la incredulidad. Es fundamental que las entidades judiciales y de control avancen en las investigaciones y muestren resultados, y que la ciudadanía pida cuentas de manera activa para llegar al fondo de todo esto”.