RETOS / AGENDA LEGISLATIVA ANTICORRUPCIÓN
Tanto la OCDE (2022) como la sociedad civil (Transparencia por Colombia, 2021) le han solicitado al país una ley de protección a denunciantes y reportantes de hechos de corrupción, que proteja a los mismos de represalias físicas, económicas, sociales y psicológicas. Esta permanece como una deuda del Congreso que finaliza su periodo, en tanto que los distintos proyectos de ley en la materia no culminaron el proceso legislativo.
Adoptar una normativa específica para unificar y clarificar el marco jurídico acerca de la denuncia y la protección al denunciante de corrupción, que amplíe la definición de denunciantes, considere su diversidad, y facilite el acceso a programas de protección de represalias físicas, económicas y sociales y psicológicas.
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