La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de celebrar una Sesión Especial contra la Corrupción en 2021 generó una oportunidad histórica para que la comunidad internacional trate la crisis global de la corrupción.
Los grupos y las personas firmantes se han unido en torno a la convicción de que es urgente que la UNGASS de 2021 ponga fin al abuso de las empresas anónimas y otras formas jurídicas que facilitan la corrupción internacional y otros delitos. Hacemos un llamamiento para comprometerse a conseguir que los registros centralizados y públicos sobre titularidad real se conviertan en un estándar global.
Las empresas que solo existen sobre el papel, que explotan nuestros sistemas legales y ocultan la titularidad final, constituyen herramientas para desviar recursos necesarios para avanzar en el desarrollo sostenible y la seguridad colectiva.
Durante décadas, tal como queda patente escándalo tras escándalo, las empresas fantasma anónimas han estado desviando fondos públicos, canalizando sobornos y escondiendo beneficios de negocios ilícitos como parte de sistemas de corrupción y lavado de dinero a nivel internacional.
La información sobre la titularidad real (que indica quiénes son las personas físicas que tienen la propiedad, el control o que se benefician en última instancia de una forma jurídica) permite la rendición de cuentas internacional y rastrear los activos ilícitos a fin de confiscarlos y recuperarlos. En los procesos de contratación pública, contribuye a la detección de conflictos de intereses y corrupción. También facilita la debida diligencia de las empresas, ayudándolas a saber quiénes son sus socios y clientes y que cumplan con sus obligaciones de informar.
Un registro centralizado y público de empresas y de sus titulares reales en última instancia (además de ofrecer información sobre la titularidad legal y los directivos) es la forma más efectiva y práctica de registrar dicha información y facilitar un acceso oportuno a todos los actores relevantes.
Nos hemos reunido para dirigirnos a los líderes gubernamentales que en la actualidad están preparando la UNGASS de 2021 con una única voz y un mensaje claro: La “declaración política breve y encaminada a la acción” que debe adoptar la Asamblea General debería conseguir el compromiso de que todos los países creen registros públicos centralizados sobre la titularidad real como un nuevo estándar global. Esto debería suplementarse con esfuerzos para verificar la información recopilada a fin de garantizar la precisión y la fiabilidad de los datos de titularidad real.
La transparencia en la titularidad real es más que una solución técnica a un problema. Es un tema de justicia social.
La corrupción afecta gravemente las vidas de miles de millones de personas de todo el planeta, mientras que su letalidad ha quedado todavía más patente durante la pandemia del COVID-19 y la crisis climática. Con menos de 10 años para conseguir los objetivos de la Agenda 2030, necesitamos reformas decisivas que garanticen que los recursos necesarios para pagar servicios públicos críticos como escuelas y hospitales no se vean confiscados y ocultados en paraísos fiscales o mercados de propiedades en el extranjero. Los registros públicos centralizados de titularidad real como estándar global constituyen precisamente ese tipo de cambio.
