La Corporación Transparencia por Colombia, que cuenta con más de 10 años de experiencia en la comprensión y análisis del fenómeno de la corrupción en el país, presenta su pronunciamiento sobre una tutela interpuesta ante la negación de algunos congresistas de entregar su declaración de bienes y rentas en 2018.

El problema central del caso analizado por la Corte Constitucional es si ¿los derechos fundamentales de petición, acceso a la información pública, libertad de información, y control social chocan directamente con el derecho a la intimidad protegido por la Constitución en su artículo 15, y concretamente si se llega a vulnerar con la divulgación de las declaraciones de bienes y rentas de funcionarios de elección popular como son los congresistas?

Frente a esto, Transparencia por Colombia indica que “conocer la declaración de bienes y rentas es una materialización del derecho al acceso a la información pública, como del derecho al control social de estos funcionarios por parte de cualquier ciudadano del común. De la misma manera al ser información pública, puede ser objeto de investigaciones periodísticas, ya que no lesionan la intimidad de los sujetos obligados, sino que les impone una obligación proporcional a su rol como servidores públicos, es decir, que por su carácter especial tiene mayores deberes que un ciudadano del común, al estar al servicio del Estado y de la comunidad (art 123 Constitución)”.

Con base en los motivos presentados, la Corporación invita a la Corte Constitucional a que reitere la importancia de la entrega oportuna de la declaración de bienes y rentas, conflictos de intereses, impuesto sobre la renta y complementarios y a que exhorte a la Procuraduría General de la Nación a vigilar el cumplimento de la Ley 2013 de 2019.

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