Transparencia por Colombia realiza seguimiento al escándalo de la UNGRD para mantener una atención activa a las acciones contra los responsables del caso y buscar reparación a las víctimas de los hechos de corrupción.

Bogotá D.C. 12 de junio de 2024. Ante la magnitud y las graves implicaciones que podría tener el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Transparencia por Colombia continúa su seguimiento sistemático a las acciones que se desarrollan desde las distintas entidades de control e investigación con competencia para investigar a los presuntos involucrados. De esta manera, se busca contribuir desde la sociedad civil a visibilizar la acción de las instituciones de control y judiciales, para que el caso no quede en impunidad y se busquen mecanismos de reparación para las víctimas.

En este segundo informe preliminar, se destacan las siguientes acciones principales:

Fiscalía General de la Nación:

Caso Olmedo López: El pasado 5 de junio de 2024, Olmedo López exdirector de la UNGRD, rindió indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación y entregó 200 folios con información relevante sobre el entramado de corrupción de los carrotanques, incluyendo chats, tiquetes, documentos técnicos, contratos y datos de georreferenciación. Su abogado, José Luis Moreno, indicó que seguirán aportando documentos en las audiencias futuras y radicará una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para que Olmedo López declare su versión de los hechos, implicando a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. La Fiscalía aún no ha presentado cargos formales contra Olmedo López, lo que podría ser parte de una estrategia investigativa para obtener más pruebas.

Caso Sneyder Pinilla: La Fiscalía está tramitando el principio de oportunidad para Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD. La fiscal María Cristina Patiño firmó la constancia investigativa que indica que la información aportada por Pinilla el 28 de mayo es suficiente para considerar esta figura jurídica. La Fiscalía decidirá si suspende, interrumpe o renuncia a la persecución penal según los requisitos legales y los derechos de las víctimas.

Caso Luis Eduardo López: El 30 de mayo, Luis Eduardo López, excontratista de la UNGRD, rindió declaración y aportó pruebas documentales que indican un soborno de 7.200 millones de pesos. La Fiscalía evaluará estas pruebas para decidir sobre su elegibilidad para el principio de oportunidad.

Contraloría General de la República: La investigación de la Contraloría por el escándalo en la UNGRD, que abarca el período 2020-2024, revela un incremento del 700% en la contratación de carrotanques, representando una adición de 37.500 millones de dólares. La Contraloría abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos y compulsará copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que se investiguen los delitos contra la administración pública y las faltas disciplinarias.

Comunidades de la Guajira: No se han conocido acciones judiciales por parte de las comunidades afectadas en la Guajira. Sin embargo, la Corte Constitucional a través de la sentencia T-302 del 2017, ha tratado el tema de la escasez de agua y la violación de derechos fundamentales en varios pronunciamientos, declarando un estado de cosas inconstitucional.

Es esencial que los representantes de las comunidades y la Defensoría del Pueblo se pronuncien en los procesos penales y que se cumplan los fallos de tutela y los incidentes de desacato contra las entidades gubernamentales responsables.

Se necesitan avances:

Acciones Disciplinarias por parte de la Procuraduría: Es importante que la Procuraduría General de la Nación continúe avanzando en sus investigaciones y tome las medidas disciplinarias pertinentes contra los funcionarios públicos implicados, incluyendo congresistas. Si bien algunas investigaciones ya están en curso, la implementación de sanciones y suspensiones sería un paso significativo.

Reparación a las Víctimas: Se debe priorizar la reparación integral a las comunidades afectadas por la corrupción en la UNGRD. Esto incluye no solo el abastecimiento de agua y otros servicios básicos, sino también compensaciones por los daños sufridos. Las instituciones estatales deben coordinar esfuerzos para asegurar que las víctimas sean reconocidas y que se les brinden mecanismos efectivos de reparación. La participación activa de las comunidades en estos procesos también es crucial para garantizar que las soluciones sean adecuadas y sostenibles.

Fortalecimiento Institucional: A largo plazo, es necesario fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y combatir la corrupción. Esto incluye reformas en los procesos de contratación pública, mayor transparencia en la gestión de recursos y una supervisión más estricta de los contratos. La implementación de sistemas de alerta temprana y el fomento de una cultura de ética y responsabilidad en el sector público y privado son esenciales para evitar la repetición de estos escándalos.

Participación Ciudadana: Finalmente, es vital que la ciudadanía continúe involucrada y vigilante en este proceso. Transparencia por Colombia insta a los ciudadanos a mantenerse informados, exigir rendición de cuentas y participar activamente en las acciones de vigilancia y control.

“Cada nuevo dato que emerge sobre el escándalo de la UNGRD subraya la profundidad del problema y la necesidad de un enfoque integral para abordar la corrupción. No se trata solo de sancionar a los individuos involucrados, sino de reformar las estructuras que permitieron estos actos. Es necesario que tanto las instituciones como la sociedad civil trabajen juntas para construir un sistema más transparente y justo.” Afirmó Andrés Hernández director de Transparencia por Colombia.