• Pocos avances estructurales y barreras persistentes en el trámite, impiden un avance efectivo en la legislación anticorrupción que el país aún necesita.
• De los 785 proyectos de ley nuevos presentados en la legislatura 2023-2024 en el Congreso, 56 tienen algún tipo de impacto. Es decir, solo el 7.1% se relaciona con temas de la lucha contra la corrupción.
• ⁠⁠Se destaca la aprobación en primer debate de proyecto de ley sobre protección a denunciantes.
• Los escándalos de corrupción que involucran al gobierno y a miembros del Congreso de la República, afectaron el avance de la discusión legislativa.

Bogotá, julio 19 de 2024. Transparencia por Colombia presenta el balance de la legislatura 2023-2024 en materia anticorrupción, que presenta un análisis completo sobre las coyunturas que afectaron este período legislativo, el estudio de los proyectos de ley que pueden generar algún tipo de impacto en la lucha contra la corrupción y las conclusiones sobre aspectos para mejorar en el proceso legislativo.

Durante la legislatura que cerró en junio de 2024 se identificó que al menos 56 de los 785 nuevos proyectos de ley tenían el potencial de impactar la lucha contra la corrupción, ya sea porque incluían medidas para fortalecer las entidades y procesos de administración pública, o porque los ajustes planteados ocasionaban riesgos de corrupción o no atendían los existentes. A estos 56 proyectos se le sumaron 14 que se encuentran en otros momentos del proceso legislativo, para un total de 70 proyectos analizados.

El balance destaca la aprobación en primer debate del proyecto que busca proteger a los denunciantes de corrupción, la aprobación del proyecto que establece la obligación de rendir cuentas para los congresistas, y el archivo del proyecto que permitía el transfuguismo de los congresistas. Estos proyectos contaron con recomendaciones de Transparencia por Colombia y otras organizaciones sociales orientadas a fortalecer sus contenidos o a alertar sobre los riesgos de retroceso.

El impulso que se queda en el camino

El análisis realizado por Transparencia por Colombia también encontró que el 39% de los 70 proyectos identificados superaron el primer debate y continuarán el trámite en la próxima legislatura.

Se destacan los proyectos que buscan otorgar medidas de protección a denunciantes de actos de corrupción, incorporar en el proceso de contratación pública medidas de transparencia e incluir medidas de transparencia en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Sin embargo, se alerta respecto a la baja probabilidad de que estos avancen en la siguiente legislatura debido al alto volumen de proyectos que se presentan cada año, que generalmente son más de 600.

También, se encontró que apenas el 21% de los proyectos identificados superaron dos debates y pasaron a la siguiente Cámara. El estancamiento del trámite en el segundo debate causa que la mayoría de discusiones terminen siendo archivadas, a pesar de haber sido aprobadas en la comisión de origen.

La falta de avance en temas estructurales

La gestión legislativa carece de un compromiso sostenido para luchar contra la corrupción. Con excepción del proyecto de ley sobre protección a denunciantes, los proyectos centrales para el país que se discutieron durante la legislatura no incluían un enfoque claro en medidas preventivas, de investigación y sanción de la corrupción.

El análisis muestra que las iniciativas que avanzan en el trámite legislativo aún deben atacar las raíces estructurales de la corrupción. Por ejemplo, la falta de regulación de la actividad de cabildeo, la financiación indebida de campañas, la ausencia de medidas para fortalecer las capacidades e independencia de los órganos de control y la ausencia de una estrategia de transparencia presupuestaria nacional y territorial.

La coyuntura política afectó

Factores externos y coyunturales están afectando el avance de los proyectos que impactan de alguna forma la lucha contra la corrupción. En particular, los escándalos de corrupción de la UNGRD que han involucrado a altos funcionarios del gobierno nacional y a distintos congresistas —incluyendo las presidencias de ambas cámaras por presuntamente recibir dineros para apoyar iniciativas del ejecutivo— han afectado fuertemente el ambiente en el cual se discuten los proyectos de ley, retardado el desarrollo de las sesiones y prolongado el proceso legislativo. A lo anterior se suma la afectación en la confianza de la ciudadanía en el trabajo legislativo que deben ejercer sus representantes.

Luego de cinco años de seguimiento a la actividad legislativa en esta materia, Transparencia por Colombia identifica que persisten tres barreras principales que afectan el avance de los proyectos de ley relacionados con la lucha anticorrupción: (i) la falta de voluntad política para discutir iniciativas legislativas en la materia, (ii) la inclusión de disposiciones en los proyectos de ley que podrían favorecen intereses particulares, y (iii) la desconexión entre las normativas promulgadas y los aspectos estructurales necesarios para combatir la corrupción.

“A partir de este balance, identificamos que la legislatura que inicia para el periodo 2024-2025 estará marcada por el reto de demostrar que el Congreso actúa con plena independencia y que es capaz de avanzar en una agenda anticorrupción mucho más ambiciosa”, afirma Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.