Opinión- 15 de febrero de 2021
Por: Camilo Andrés Peña Galán
En los últimos años se ha hecho evidente el creciente impacto que genera la publicación de resultados de distintas mediciones en la opinión pública. Sin embargo, el interés por conocer la situación de nuestra sociedad en comparación con el resto, a menudo nos puede llevar a la reproducción de sesgos en la interpretación de las mediciones y sus resultados.
Tal es el caso del análisis y estudio de la corrupción, un fenómeno que al no ser tangible y presentarse en las sombras de la legalidad, representa todo un desafío para los interesados en su medición.
Generalmente, para aproximarse a este escurridizo fenómeno, se realizan mediciones a partir de metodologías de riesgos, reportes de prensa judiciales y/o de percepción. En cada caso, es posible hacer ajustes para que la medición lleve a la visión más aproximada posible, sin la pretensión de alcanzar la perfección.
A partir de esto, en los siguientes párrafos presento un análisis sobre qué representa el resultado del Índice de Percepción de la Corrupción 2020 para Colombia, en un esfuerzo por evitar interpretaciones imprecisas y teniendo en cuenta el contexto en el que se realizaron las mediciones y en el que se presentaron los resultados.
Resultados del IPC en tiempos de Pandemia
La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha afectado gravemente la democracia en distintas regiones del mundo. Lo sucedido recientemente en países como Perú, Estados Unidos y, muy lamentablemente, Myanmar ilustra la debilidad de las democracias ante los confinamientos generalizados y las profundas crisis sociales y económicas.
Al tiempo que se suspenden los derechos civiles y políticos con excusa de la emergencia, se multiplican las posibilidades de que se presente la corrupción.
Infortunadamente, Colombia no es la excepción, a pesar de haber obtenido 39 puntos y ascendido cuatro posiciones en el escalafón, pues el país se enfrenta a la concentración del poder y a la degradación de la garantía en Derechos Humanos en medio de este escenario de pandemia.
Como lo advirtieron Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia en su momento¹, el sistema de pesos y contra pesos se vio afectado por las facultades extraordinarias que tuvo el Presidente con motivo de la atención de la emergencia, la falta de control político por parte del legislativo debido a la virtualidad en sus procesos y la elección de personas muy cercanas al Presidente de la República en los organismos de control. Todo esto, en un contexto de dificultades para el ejercicio del control ciudadano y el debilitamiento de las administraciones locales y regionales.
Por su parte, la degradación de la garantía en Derechos Humanos, se refiere a la generación de barreras para el goce de los derechos civiles, como es el caso del derecho a la protesta, a la libertad de la expresión y a la información pública, así como, al aumento de la violencia sistemática contra líderes sociales, reinsertados y periodistas².
Pues bien, es en este contexto donde resulta necesario evitar los sesgos de interpretación en la lectura de resultado: no porque los resultados sean positivos implica que debamos acogerlos como una señal de tranquilidad.
Y menos si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el promedio histórico del país, tendrían que pasar 60.2 años para que Colombia alcance la calificación obtenida este año por Uruguay (71 puntos).
Teniendo en cuenta lo anterior, tengo dos conclusiones: la primera, que los resultados publicados son una aproximación significativa a la percepción informada de la corrupción, sin embargo, estos no revelan información alguna sobre la pandemia y sus efectos en el país, pues sus fuentes de información no fueron capturadas en ese momento. Y la segunda, que es de esperar que tanto la corrupción y su percepción, como la desconfianza ciudadana en las instituciones aumenten significativamente en los siguientes años.
Este sombrío presagio se valida, infortunadamente, con las múltiples y legítimas inquietudes sobre el Plan Nacional de Vacunación, en especial, las referentes con la opacidad en el proceso de adquisición y distribución de vacunas.
Por todo esto, el año 2021 resultará fundamental, no sólo para la lucha contra la corrupción, sino para la protección de las instituciones. No bastará con la aplicación masiva y oportuna de las vacunas contra el Covid-19, pues se deberán tomar acciones destinadas a resolver problemas estructurales relacionados con las formas de gestionar los asuntos públicos y en las posibilidades para la participación de los distintos actores.
¹Véase: Transparencia por Colombia. (2020). Alarmante concentración del poder en el ejecutivo en Colombia. Recuperado de https://transparenciacolombia.org.co/alarmante-concentracion-del-poder-en-el-ejecutivo-en-colombia/ ²Véase: Transparencia por Colombia. (2020). Segundo Informe de Seguimiento a la Acción Pública en Materia Anticorrupción. Recuperado de: https://transparenciacolombia.org.co/segundo-informe-de-seguimiento-de-la-accion-publica-del-gobierno-nacional-en-materia-anticorrupcion/
