De manera excepcional, juzgar por responsabilidad política al presidente de la República, al fiscal general de la Nación, a los magistrados de las altas cortes (Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional) y a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura. La Cámara de Representantes se encarga de la investigación y acusación, y el Senado del juicio.