Transparencia por Colombia

Historia 4

Defensores de Cartagena: El valor de la veeduría ciudadana contra la corrupción

Historia 4
Defensores de Cartagena: El valor de la veeduría ciudadana contra la corrupción
Esta historia hace parte de #25HistoriasDeEsperanza de Transparencia por Colombia. Esperanza de cambio en contra de la corrupción.

Fotografía: Revista Metro

«De no ser por la gestión que vienen adelantando la Corporación Cartagena Visible y el Movimiento Ciudadano Frente Contra la Corrupción, así como los veedores Jorge Piedrahíta y Milciades Garcés», afirmó William Murra Babún mientras entrelazaba los dedos cómo en señal de súplica, «a estas horas las murallas, el Cerro de la Popa y hasta las playas ya habrían sido vendidas». 

Y es que, cuando se refería al control social que entre 1999 y 2011, con valerosa determinación, se ejercía en Cartagena a los entes del Estado, Murra Babún no tenía sino palabras de elogio para con las veedurías ciudadanas.

«De no ser por la gestión que vienen adelantando la Corporación Cartagena Visible y el Movimiento Ciudadano Frente Contra la Corrupción, así como los veedores Jorge Piedrahíta y Milciades Garcés», afirmó William Murra Babún mientras entrelazaba los dedos cómo en señal de súplica, «a estas horas las murallas, el Cerro de la Popa y hasta las playas ya habrían sido vendidas». 

Y es que, cuando se refería al control social que entre 1999 y 2011, con valerosa determinación, se ejercía en Cartagena a los entes del Estado, Murra Babún no tenía sino palabras de elogio para con las veedurías ciudadanas.

Durante esos años el país vio, estupefacto, cómo en la Ciudad Heroica resultaron presos un alcalde, un contralor, un personero, el rector de una universidad y decenas de funcionarios de primer nivel; y cómo en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debía trabajarse a un desaforado ritmo por el alto número de denuncias, quejas y demandas que presentaban los veedores.

Pero también, gracias al ejercicio del control social de algunas veedurías ciudadanas, en esos más de diez años hubo ‘ruidos’ por presuntas irregularidades en la construcción del emisario submarino, en el cobro de las tarifas de ciertos servicios públicos, en la entrega en concesión de una vía y en la formulación o ejecución de varios programas y proyectos, entre ellos la constitución de Mercabastos y los llamados ‘Sisbenizados fantasmas’ y las ‘becas escolares fantasmas’.

Además, hubo decenas de escándalos por un rosario de convenios interadministrativos suscritos por el Distrito de Cartagena con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar -Edurbe, lo que conllevó a que, tras los respectivos procesos, varios de sus gerentes y otros funcionarios fueran condenados penalmente.

Hasta un fallido intento hubo en esos años por incrementar injustificadamente la tarifa y, paralelamente, obtener la concesión del alumbrado público «aportando solo la cédula de ciudadanía», como habría de recordar Murra, quien para ese entonces era el gerente general de QBM2, la empresa interventora de dicho servicio.

¡Claro que lo recuerdo!,

aseguró el exdirigente gremial cuando yo, 22 años después de acaecido, le pregunté sobre ese caso; «tú lo narraste muy bien en una de tus publicaciones. Fue un intento de expoliación contra el bolsillo de los cartageneros que afortunadamente pudimos evitar; se pretendió incrementar las tarifas del alumbrado público en cerca del 102%, a pesar de que todos los cálculos llevaban a la conclusión que se requería solo de un 50%. En eso nos fajamos todos; hasta el Consejo Gremial de Bolívar. El ‘secretario de negocios’ se quedó viendo un chispero; tú lo narraste», exclamó el ingeniero electricista al tiempo que soltaba una sonora carcajada. 

Fotografía: Revista Metro

No obstante, los veedores ciudadanos, los dirigentes cívicos y comunales y los periodistas que, como yo, cubrimos la Administración Pública, tenemos razones suficientes para preferir de fuente de consulta a un hombre como él, que habla duro cuando debe hablarse duro, pero siempre es sincero, vertical y frentero. 

Y, justamente, fue ello lo que terminó convirtiendo a William Murra en asesor ad honorem de varias de las más reconocidas veedurías ciudadanas de Cartagena, y en general de todo aquel que desde cualquier escenario busque hacer control social y, incluso, político.

«Los primeros que me consultaron sobre temas que querían investigar fueron Jorge Piedrahíta y Milciades Garcés, que en paz descansen», respondió Murra a una pregunta sobre cómo fue el inicio de esa estrecha relación que ha tenido con varios veedores; «recuerdo que la primera inquietud que me plantearon fue sobre el emisario submarino. A ellos les parecía que la solución planteada por Acuacar: llevar los residuos sólidos de las aguas servidas a 20 kilómetros mar adentro, en cercanías de Arroyo de las Canoas, atentaba contra el medio ambiente y la pesca de los pobladores. Yo estudié técnicamente el tema y las conclusiones fueron las mismas. Los veedores tenían la razón, y eso lo supo todo el mundo, pero como en Cartagena ha existido siempre el silencio cómplice de ciertas autoridades y algunos dirigentes gremiales, el proyecto terminó ejecutándose y allí están las consecuencias».

Al preguntarle cuál de los diversos casos en los que tuvo la oportunidad de asesorar a veedores le pareció más importante, William Murra guardó silencio durante casi un minuto, abriendo y cerrando las manos como en una suerte de fisioterapia, tras lo contestó: «mira, así como es corrupto quien roba mil millones de pesos en un amañado proceso licitatorio, así lo es quien se enriquece poco a poco, de grano en grano, como una vulgar la gallina, mediante el expediente de ordenar compras innecesarias para obtener el beneficio de groseros sobrecostos; y así mismo pasa con los casos investigados. La importancia no es el monto ni el nivel de los funcionarios involucrados». 

«Pero, bueno, si me insistes en que te diga unos solo, yo creo que habría que analizar los casos de Edurbe. En un solo año, y eso, recuerda, fue un escándalo nacional, la Alcaldía transfirió más de $156 mil millones a Edurbe, aprovechando las bondades para robar que ofrece la legislación de los convenios interadministrativos, y desaparecieron $40 mil millones que nadie sabe en dónde están. Y, sí, hubo fallos fiscales, disciplinarios y penales, pero que realmente no resarcieron los daños causados», recalcó.

«Mira, ya estoy harto, aburrido, cansado de la inoperancia de fiscales, jueces, procuradores y auditores»

«Pero hay otros casos, y de esos deberías acordarte también», prosiguió Murra; está el de la Concesión Vial y la famosa TIR que se había cumplido ya y, sin embargo, siguieron cobrando peajes hasta cuando, por fin, un laudo arbitral los obligó a dar por terminado el contrato para el mantenimiento del Corredor de Carga. Y están otros que involucran a Acuacar, entre ellos el que probó que esa empresa cobraba contribuciones para subsidios por encima de lo autorizado por el Concejo, lo que llevó a la Superintendencia de Servicios Públicos a ordenarle la devolución de más de $22 mil millones entre 2016 y 2017, en 16 cuotas iguales». 

De habérselo permitido, William Murra, ese exitoso empresario que, con 75 años cumplidos, aún trota largos trechos todas las tardes por el parque lineal que bordea la Bahía de Cartagena, y cada fin de semana los dedica a jugar con los nietos, hubiera seguido enumerando los hechos de corrupción que, con su respaldo aunque a veces en la sombra, fueron documentados ante los entes de control.

Y lo habría hecho con lujo de detalles: los montos comprometidos, las entidades involucradas, los responsables directos e indirectos; hasta los eventuales cómplices en varios de los casos, porque, eso sí, si hay algo que aún mantiene intacta es su excelente memoria. 

Y, cómo no, su disposición a decirle ‘al pan, pan, y al vino, vino’, lo que refrendó cuando, al preguntarle en qué andaba en los últimos días, contestó que «todavía luchando contra los sinvergüenzas, vagabundos e hp… del gobierno anterior, que continúan masacrando a los costeños con las altas tarifas de energía».

«Mira, ya estoy harto, aburrido, cansado de la inoperancia de fiscales, jueces, procuradores y auditores», agregó; «ya no asesoro a ningún veedor, ni intervengo en casos de corrupción, pero al lado de Eduardo Ugarriza, Héctor Pérez, Érick Urueta y David López, al igual que del alcalde, seguiré defendiendo a los usuarios del servicio de energía y exigiéndole al Gobierno Nacional que actúe, porque si no en cualquier momento podría haber un estallido social». 

«Ahí estás pintao, viejo Billy», expresé, con voz imperceptible, convencido de que no me había escuchado; «tú estás seguro que si no hubiera sido por Jorge, por Milciades y otros veedores ya se habrían robado hasta la Torre del Reloj. Pero no, viejo Billy. Has sido tú el imprescindible; el que realmente logra que, a pesar de tanta delincuencia, aún haya esperanza. Tú eres el ejemplo a seguir; la verdad es que, si no hubiera sido por ti, hasta el Camellón de los Mártires hubieran escriturado».   

Conoce la historia en Revista Metro

Conoce otras #HistoriasDeEsperanza

25 Historias de Esperanza

5. Víctimas de corrupción de la Comuna 6 de Medellín: unidas por reparación colectiva

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9. La resiliente voz de un archipiélago

En medio de las cristalinas aguas del Caribe, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina resplandece no solo por su belleza natural, sino también por la fortaleza de sus habitantes. Entre ellos, emerge un miembro reconocido de la comunidad raizal, Jairo Rodríguez Davis, quien ha dedicado más de 30 años a la defensa de los derechos de su gente.

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1. En el miedo también hay coraje

Is-ma-el, dos golpes cortos en el paladar y un seseo. Campesino dicharachero. Líder. Poeta, cuentero, nostálgico, vallenatero, la voz de sus destierros. El hombre de la palabra directa, pausada, filosa, certera. El que ha enfrentado a cientos. Ismael Rodrigo Castellanos Guevara, el hombre que supo a muy temprana edad que su vida la entregaría a la lucha social, a la denuncia, a su pueblo. Lo definen como el hombre sin miedo. “Si él no le tiene miedo a la muerte, ¿entonces a qué le teme?”. 

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Carolina Calderón Guillot
– Carolina Ferro Bernal*
– Daniel Ricardo Uribe Parra
– Eduardo Wills Herrera
– Gloria María Borrero Restrepo
– Juan Francisco Lozano Ramírez*
– Juliana Velásquez Rodríguez*
– María Elisa Bernal Bueno
– Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

– Álvaro Andrés Echavarría Olano
– Juan Francisco Lozano Ramírez
– Eulalia Arboleda de Montes
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Guillermo Carvajalino Sánchez
– Sylvia Escovar Gómez
– Gustavo Bell Lemus
– Jorge Mario Velásquez J.
– José Alejandro Cortés Osorio

Miembros Institucionales:

– AB InBev – Bavaria S.A.
– Bancolombia S.A.
– Bodytech
– Caracol Televisión S.A.
– Colombia Telecomunicaciones S.A.
– Compensar
– Corporación OCASA
– Corporación Región
– Excelencia en la Justicia
– Foro Nacional por Colombia
– FUNCICAR
– Fundación Corona
– Grupo Bolívar S.A.
– Grupo Nutresa S.A.
– Grupo Sura S.A.
– Manuelita S.A.
– Mercantil Colpatria S.A.
– Misión de Observación Electoral
– Organización Corona S.A.
– Organización Terpel S.A.
– Productos Naturales de la Sabana S.A.S. – Alquería
– Publik
– Sodimac Colombia S.A.
– Summum Projects S.A.S.
– Universidad EAFIT

Miembros Individuales:

– Álvaro Andrés Echavarría O.
– Bernardo Rodríguez Ossa
– Carlos Eduardo Angulo G.
– Carlos Raúl Yepes Jiménez
– Eduardo Wills Herrera
– Eulalia Arboleda de Montes
– Gloria María Borrero R.
– Guillermo Carvajalino S.
– Guillermo Vargas Ayala
– José Alejandro Cortés O.
– Juan Fernando Londoño
– Juan Francisco Lozano R.
– Margareth Gonçalves Flórez
– Margarita Garrido Otoya
– María Elisa Bernal Bueno
– Mónica Aparicio Smith
– Néstor Ricardo Rodríguez A.
– Rosa Inés Ospina Robledo
– Sylvia Escovar Gómez
– Vivian Newman Pont

Aprendizaje, desarrollo y sostenibilidad de la Corporación.

  • A pesar de los cambios en el ecosistema de cooperación internacional y la reducción de recursos de financiación disponibles que afectó a todo el sector social, en el ámbito interno de la Corporación destacamos los siguientes aspectos:
  • Logramos poner en marcha las acciones de capacitación, bienestar y desarrollo identificadas como prioritarias en las mediciones de clima organizacional, medición de competencias y batería de riesgo psicosocial aplicadas en 2024.
  • Los procesos administrativos, financieros y contables de la Corporación lograron adaptarse a la nueva realidad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, a pesar que el equipo tuvo una reducción del 21% a lo largo del año.
  • La Revisoría Fiscal asignó un nivel de riesgo bajo al control de la administración de la Corporación.

 

  • Fortalecimos las capacidades y alcances de la Corporación con respecto al uso de tecnologías de información y comunicación. Esto se refleja en acciones (i) de estrategia científica y de investigación que apoyaron la implementación de 17 proyectos, (ii) de estrategia técnica, que permitieron la consecución, apropiación y mantenimiento de tecnologías centralizadas, administrables y de propiedad autosuficiente, así como la consolidación de un equipo interno competente y autosuficiente, lo cual permitió disminuir la dependencia de consultorías y establecer canales de diálogo técnico con los proveedores externos restantes; y (iii) de innovación y mercado, que nos permitieron posicionarnos como referentes en cuanto al alcance y calidad del uso de datos públicos, y el apoyo para cualificar propuestas de consecución de recursos.

 

  • A nivel de órganos de gobierno, se destaca el cumplimiento en la realización de las sesiones de la Asamblea General de Miembros, el Consejo Rector y la Junta Directiva, establecidas en los estatutos de la Corporación, así como el fortalecimiento de estas últimas dos instancias gracias a la incorporación de dos nuevos miembros en cada una de ellas, que completan los cargos que estuvieron vacantes hasta 2025.

Posicionamiento y reconocimiento de la Corporación por medio de la comunicación estratégica, para contribuir a la incidencia y al diálogo con actores prioritarios.

  • En materia de relacionamiento con medios de comunicación, apostamos por la divulgación de menos contenidos, pero con más enfoque estratégico, lo cual resultó ser exitoso:
  • Logramos priorizar los espacios de mayor calidad e impacto, maximizando el retorno mediático por pieza emitida. Esta mayor eficiencia se explica, en buena parte, por la alineación entre los temas misionales de la Corporación y el pulso de la agenda pública.
  • Los datos confirman que nuestros pronunciamientos y la intervención oportuna en coyunturas siguen siendo la herramienta más poderosa de posicionamiento.
  • Los picos de cubrimiento no estuvieron asociados a un mayor número de contenidos, sino a acciones que combinaron velocidad, lectura política y claridad técnica, conectando argumentos especializados con narrativas de alto interés público.
  • Nos consolidamos como actor de referencia, incluso en un año no electoral, lo cual también se refleja en mantenernos dentro del listado de las ONG más reconocidas del país en el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos de 2025.

 

  • En cuanto a comunicación digital, dimos un giro estratégico:
  • Pasamos de priorizar el volumen y el alcance masivo a enfocarnos en explicar mejor, conectar con audiencias y sostener conversaciones relevantes sobre corrupción y transparencia.
  • Incorporamos un tono más empático, cercano y ciudadano, sin perder rigor técnico. Esto permitió que más personas entendieran temas complejos y se sintieran parte de la conversación.
  • Las plataformas cumplieron roles distintos y complementarios. Instagram y TikTok crecieron como espacios de conexión y pedagogía; X y LinkedIn se consolidaron como canales de vocería, reputación e incidencia; Facebook se mantuvo su función como canal de difusión a actores más tradicionales y territoriales.
  • La renovación de la página web fue el principal hito del año. Estos aprendizajes nos permitirán abordar el 2026 con una comunicación más clara, más creíble y mejor preparada para escenarios de alta sensibilidad pública, como el ciclo electoral.

 

  • En cuanto a campañas focalizadas, diseñamos e implementamos #SerHonestoEsLoNormal dirigida a entidades públicas del país para propender por la transformación de ideas y prácticas donde la honestidad, la ética y la integridad sean principios rectores en el trabajo diario de los servidores. Los resultados fueron destacables: (i) 22 entidades públicas de 6 regiones del país mostraron interés en fortalecer la integridad interna, de las cuales 5 activaron la campaña entre sus equipos de trabajo; (ii) 475 servidores públicos se autoevaluaron para reconocer prácticas de corrupción que han normalizado; (iii) +200.000 personas participaron activamente en redes, talleres y activaciones internas.

Mayor sanción judicial de corrupción a través del seguimiento y la incidencia en casos estratégicos.

  • Nuestro Centro de Asesoría Legal -ALAC- enfrentó un fuerte desfinanciamiento por la reducción de la cooperación internacional, por lo que realizamos una optimización y focalización de esfuerzos que implicó pasar de 123 a 20 casos de corrupción prioritarios en seguimiento. Esta apuesta fue exitosa pues se lograron reactivar casos estancados, hubo avances en 11 casos emblemáticos que no registraban evolución desde 2024 (principalmente mediante nuevas acciones con policía judicial), y el 100 % de las peticiones de seguimiento recibieron respuesta de fondo y de manera oportuna.

 

  • Se logró un fallo disciplinario en el caso “Presunto acoso laboral para participar en campaña política en Medellín”, con sanción a tres funcionarios, marcando un precedente en la lucha contra prácticas indebidas en el sector público.

 

  • Nuestra incidencia a favor del avance del proyecto de ley sobre protección a denunciantes de corrupción permitió que el 69% de nuestras recomendaciones fueran aceptadas de manera parcial o total. Continuamos posicionándonos como un actor especializado en el tema y con capacidad de generar articulación entre instancias estatales, sociales, políticas y empresariales, para impulsar esta iniciativa legislativa. Esto permitió que el proyecto de ley fuera radicado nuevamente al finalizar del año, a pesar de haber sido archivado durante el primer semestre de 2025.

 

  • Generamos la guía de protección para denunciantes de corrupción que recoge enfoques de derechos humanos y mecanismos de autoprotección, y participamos en la Iniciativa Regional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, que benefició a dos denunciantes que han sido acompañados por la Corporación.

 

  • Entregamos a la Fiscalía General de la Nación el Manual de acceso a la información pública asociada a la investigación de casos de corrupción, que permitió abrir y mantener una interlocución constante con esta entidad sobre las oportunidades y desafíos para la divulgación de este tipo de información. Esta aproximación se complementó con un relacionamiento renovado con la Fiscalía, que generó un diálogo activo sobre la investigación de casos de corrupción prioritarios para la Corporación.

 

 

  • Continuamos dando seguimiento al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) y publicamos tres nuevos pronunciamientos que sistematizaron el avance de las investigaciones y un análisis sobre el acceso a la información pública en este caso particular. Aplicamos una metodología innovadora creada por Transparencia Internacional para darle mayor visibilidad a los “facilitadores” de este caso de corrupción, que también fue implementada para el caso Odebrecht. Igualmente, avanzamos en el análisis de la red de corrupción del ex Senador Mario Castaño, conocido como el caso “Marionetas”. Todos estos elementos de análisis hacen parte de la información que transmitimos a la Fiscalía General de la Nación para contribuir al impulso de estas investigaciones desde nuevas perspectivas.

 

 

  • Junto con el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, iniciamos el análisis jurídico del asilo concedido por el presidente Gustavo Petro al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos e involucrado en múltiples escándalos de corrupción.

Confianza en el sector empresarial, en un entorno de negocios sostenible y transparente.

  • Aplicamos herramientas de medición de integridad empresarial en 16 empresas (la Medición de Transparencia Empresarial -MTE- y la Medición de Gestión Empresarial de Riesgos de Corrupción -MGERC-). A partir de allí, identificamos que Bavaria, Compensar, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional, Ingredion, Amway, Central Hidroeléctrica de Caldas y Corona han implementado en lineamientos internos una política de protección al denunciante inspirados en la guía que la Corporación elaboró en esta materia en 2022, de manera similar a lo realizado por Bancolombia y Promigas en años anteriores.

 

  • Diseñamos e implementamos una nueva aproximación de financiación potencial de las mediciones mediante una alianza con ANDESCO, lo que nos permitió el envío de 102 propuestas a empresas para la Medición de Transparencia Empresarial 2026, abrió espacios de capacitación y sensibilización a más de 60 empresas y cerca de cien personas, y facilitó contactos clave con el Acueducto de Bogotá y el grupo empresarial EPM.

 

  • Mantuvimos activo el Compromiso Empresarial Anticorrupción, la instancia de discusión y acción colectiva en la que participan miembros y aliados empresariales de la Corporación, para abordar temas asociados a la denuncia y la protección de denunciantes en el entorno empresarial, y en el uso de ciencias del comportamiento para contrarrestar prácticas de soborno. Adicional, también elaboramos una propuesta para la puesta en marcha de un banco de buenas prácticas de integridad empresarial que permita ampliar el alcance de la acción colectiva. Al cierre del año realizamos una reflexión conjunta sobre la sostenibilidad del Compromiso Empresarial Anticorrupción.

 

  • Consolidamos el relacionamiento con las empresas suecas Astrazeneca, SKF, Electrolux y Securitas, que incluyó acciones de sensibilización sobre cultura de integridad con cada empresa, la medición de capacidades para la gestión de riesgos de corrupción y la formulación de principios colectivos de integridad empresarial. Igualmente, se logró desarrollar un proceso muy valioso de difusión de estas acciones en redes sociales ante actores del sector empresarial.

Riesgos de corrupción en la contratación pública y acceso a la información pública

 

  • Completamos un mapeo de identificación de fondos extra presupuestales y del nivel de transparencia de cada uno de ellos, estimando que acumulan más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional de 2025. Este análisis contó con buen nivel de difusión ante la opinión pública, pero sigue siendo desafiante mejorar el acceso a la información de los mismos debido a su naturaleza jurídica, que les permite actuar bajo parámetros de régimen privado.

 

 

  • Continuamos con el acompañamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que dio lugar a dejar instaladas herramientas técnicas sobre riesgos de corrupción, conflictos de interés y uso de lenguaje claro, en la formulación, supervisión y ejecución de programas y proyectos, así como un tablero que permite acceder a datos de contratación, compras públicas y proyectos de inversión para la mitigación de efectos del cambio climático.

 

 

  • Continuamos brindando acompañamiento a las CAR (Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – Corpomojana), como resultado del proceso extenso y detallado de comprensión de la institucionalidad ambiental y de generación de confianza, logramos la reorientación estratégica de sus Planes de Transparencia y Ética Pública hacia un enfoque explícito de lucha contra la corrupción.

 

  • Publicamos el segundo informe de contratación pública en la implementación del Acuerdo de Paz en el cual incluimos recomendaciones para reducir riesgos de corrupción asociados a fallas en el acceso a la información contractual de la implementación del Acuerdo de Paz, las cuales han sido el insumo principal para incidir ante autoridades con competencia en el tema como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo Colombia en Paz (FCP).

Integridad, transparencia y equidad en el ejercicio del poder político.

  • Iniciamos, de manera anticipada al 2026, un proceso de diálogo e incidencia con el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la puesta en marcha de la plataforma Cuentas Claras, que permitió identificar necesidades de fortalecimiento de la herramienta por parte de la autoridad electoral.

 

  • Proporcionamos asesoría técnica al sector financiero para la identificación de operaciones sospechosas asociadas al financiamiento de la política, y contribuimos a la construcción de un diálogo inicial entre la autoridad electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera, con el objetivo de sentar las bases para una cooperación interinstitucional más sólida en la detección, investigación y eventual sanción de irregularidades en el financiamiento de campañas a futuro.

 

  • Mantuvimos la colaboración con el CNE y distintos partidos políticos para fomentar el acceso a financiación de campañas para candidatas mujeres, y evidenciamos un aumento del 3% al 5,8% en los recursos que los partidos asignan a este propósito (de un mínimo de 15% de recursos públicos que los partidos políticos deben asignar obligatoriamente a la promoción de la participación política de mujeres, jóvenes y grupos étnicos), al igual que una mejora en la calidad de ese gasto, información que consignamos en el documento “¿Cumplen los partidos con destinar recursos para la inclusión de mujeres?”.

 

  • Aportamos y facilitamos un proceso regional para la generación de estándares a nivel interamericano para el acceso a recursos para la participación política de mujeres.

Formación cívica y la movilización ciudadana para el cuidado de lo público.

  • En el marco de la Escuela Ciudadana Anticorrupción logramos resultados similares a los de años anteriores llegando a 198 personas inscritas, de las cuales 80 recibieron certificación. Desde su inicio, la Escuela ha formado 1.322 personas. Además, en el 2025 ampliamos la oferta académica con nuevos contenidos sobre corrupción sexual.

 

  • Logramos que 3.829 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 11 colegios de 6 ciudades/municipios (Medellín, Chigorodó, Villavicencio, Buga, Cali, Bogotá y Cundinamarca) completaran el proceso de formación cívica a través de Mundo Crystal, nuestra escuela que promueve valores y principios anticorrupción desde la infancia. A 130 docentes y monitores deportivos, pertenecientes a 13 colegios y 1 instituto departamental del deporte, los capacitamos mediante procesos de formación de formadores, resultados que fueron posible mediante alianzas estratégicas con la Fundación Bolívar Davivienda, la Corporación Minuto de Dios y acciones propias de Transparencia por Colombia.

 

  • Articulamos varias de nuestras iniciativas de activismo cívico bajo el propósito de contribuir a un espacio cívico favorable en el país. En cada una de las acciones reunidas en este marco alcanzamos resultados importantes:
  • Incidimos en la política pública de participación ciudadana.
  • Generamos un instrumento de monitoreo del espacio cívico en el sector extractivo.
  • Aportamos a una estrategia colectiva de más de 30 organizaciones para repensar la sostenibilidad del sector social ante los cambios de la cooperación internacional.
  • Incidimos en el proyecto de ley de protección a denunciantes a partir de recomendaciones para el debate en Comisión Primera del Senado y recomendaciones al nuevo proyecto de ley que fue radicado a finales de 2025 ante la Cámara de Representantes.
  • Trabajamos con más de 40 organizaciones en 18 departamentos del país con enfoque diferencial en grupos étnicos, jóvenes y mujeres.

 

Hitos institucionales:

  • Renovamos nuestra página web y la consolidamos como un espacio de consulta confiable, amigable y pedagógica.

 

  • Afrontamos y superamos la cancelación unilateral que realizó el gobierno de Estados Unidos de proyectos financiados por USAID y por el Departamento de Estado, y nos empezamos a adaptar a la nueva realidad de la cooperación internacional.

 

  • Realizamos un balance de la acción que desarrollamos en 2025 con respecto a los objetivos institucionales de la estrategia 2022-2025 y sus respectivas metas, y el plan aprobado por la Junta Directiva en el 2025, a fin de identificar los resultados más destacables de la Corporación en el año, así como el avance y cumplimiento de lo planteado en la estrategia institucional.

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