El Protocolo se contempla como una herramienta que brinde al CNE criterios para ampliar el ejercicio de revisión y auditoria de la información contable de manera que se identifiquen situaciones o patrones en el manejo de los recursos que permitan alertar oportunamente sobre posibles irregularidades en la financiación de las campañas o incluso indicios sobre la posible comisión de delitos.

En 2022 se realizó una actualización a los datos relacionados con la alerta No 15. Las tendencias, patrones e irregularidades detectadas no tuvieron ninguno cambio.