Bogotá, mayo 29 de 2023.

Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud, se han unido para presentar una serie de recomendaciones frente al articulado del proyecto de ley 339/2023C, que se refiere a la reforma a la salud.

El análisis inicia por reconocer que los sistemas de salud se enfrentan a riesgos de corrupción debido a los enormes presupuestos públicos que manejan, a la falta y asimetría de información entre los múltiples actores involucrados, y a la complejidad en la gobernanza y regulación de los sistemas.

La revisión de 67 casos de corrupción en el sector salud registrados entre 2016 y 2020, indica que las principales irregularidades en el actual sistema son de tipo administrativo, privado y político, con un costo estimado de 1,63 billones de pesos colombianos. Los servidores públicos fueron responsables del 46,2% de estos casos. Los actores privados también jugaron un papel importante en el 37,3% de los casos registrados. Los delitos más comunes asociados con la corrupción fueron la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y el prevaricato por omisión. Cerca del 25% de los casos de corrupción estaban relacionados con irregularidades en el suministro de medicamentos, como sobrecostos, beneficiarios ficticios, cobros por medicamentos no entregados, tráfico y falsificación de medicamentos.

Teniendo en cuenta esas problemáticas, Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud analizaron la transparencia y riesgos de corrupción en el proyecto de reforma que se discute actualmente en el Congreso, a partir de tres criterios: si la propuesta cuenta con suficientes medidas de visibilidad y acceso a la información; si la institucionalidad y gobernanza del nuevo sistema limitarían adecuadamente la discrecionalidad de los actores involucrados; y si la reforma cuenta con suficientes mecanismos de control y sanción. Algunos de los principales hallazgos fueron:

• Sobre la visibilidad: teniendo en cuenta la complejidad de la conformación del presupuesto del Sistema propuesto, se podría generar un riesgo de opacidad en la información. Se requiere una estrategia de transparencia presupuestaria que involucre a todas las fuentes que financiarán el sistema, así como la obligatoriedad de la publicidad de la información de contratación, incluyendo la contratación asociada al Plan Nacional de Equipamiento en Salud que incluiría los recursos que se inviertan en infraestructura y dotación del sistema. También, se identifica que si bien la creación del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud (SPUIIS) aportaría a una mejora de los datos abiertos y de la rendición de cuentas del sistema de salud, el reto de implementación de un sistema único es enorme, por lo cual se podrían considerar esquemas efectivos de interoperabilidad de sistemas ya existentes. En cuanto a los medicamentos, la reforma propone la compra centralizada de medicamentos por subasta pública, sin embargo, esto debe acompañarse de criterios claros y objetivos para su realización.

• Sobre la institucionalidad y la gobernanza: la reforma debería estar acompañada de medidas de prevención de riesgos de injerencia política y de corrupción. Es necesario asignar al Ministerio de Salud y de Protección Social la responsabilidad de establecer una estrategia sectorial de lucha contra la corrupción en este ámbito. También llama la atención la propuesta de nominación de los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE) dentro de los 3 meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal o distrital o gobernador, puesto que crea un riesgo alto de injerencia política en la designación de los directivos de las ISE, así como a riesgos de clientelismo en el nivel territorial. También, se considera necesario el Sistema Integrado de Calidad (SICA) propuesto incorpore criterios de transparencia presupuestaria, acceso a la información pública, meritocracia en la designación de cargos directivos y rendición de cuentas de las ISE a los usuarios. Igualmente, se plantea que las facultades extraordinarias que se le concederían al presidente de la República deberían estar suficientemente delimitadas, en particular respecto al rol que tendrá la Nueva EPS en la transición hacia el nuevo sistema. Por último, se considera que actualmente la ADRES no cuenta con la capacidad para responder por el manejo centralizado de recursos de todo el sistema, por lo cual se podrían crear nuevos riesgos de mal manejo de los mismos.
• Sobre el control y sanción: Es de destacar que el proyecto contempla un rol activo en la participación ciudadana y las veedurías dentro del sistema de control, así como facultades importantes para la Superintendencia de Salud, como sancionar a personas jurídicas, incluyendo a sus socios controlantes y beneficiarios finales, que requerirán un fortalecimiento significativo de la entidad. Aun así, dentro de la reforma no queda suficientemente claro sobre quién recae el rol del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. La reforma tampoco contiene disposiciones suficientes para determinar el alcance que tendrían las auditorías dentro del sistema. Existe un riesgo de ausencia de control frente al pago del 80% de los recursos que son entregados a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a 30 días de la radicación de la factura, con el pago del 20% restante de los recursos sujeto a auditoria. Tampoco se identifican los mecanismos específicos de denuncia ciudadana o institucional de actos de corrupción. Es necesario incorporar mecanismos de control sobre el giro de recursos para evitar posibles malversaciones.

En el análisis también se identifican debilidades en el trámite legislativo realizado hasta el momento. A juicio de las dos organizaciones, la reforma debería tramitarse como ley estatutaria, por regular aspectos esenciales del derecho fundamental a la salud. También, se identifican posibles vicios de trámite en el paso del proyecto por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que podrían llevar a la inconstitucionalidad del proceso. Entre estos están la falta de claridad en el texto, ausencia de una discusión clara y suficiente, la aprobación del articulado en bloques, el levantamiento irregular en algunas sesiones por parte de la mesa directiva y la falta de lectura de las proposiciones no avaladas por lo ponentes.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, señala que “la reforma puede corregir situaciones que han facilitado casos graves de corrupción en el sistema de salud, sin embargo, la propuesta que discute el Congreso es altamente compleja y requiere de medidas concretas y estratégicas para evitar riesgos de malversación, politización y clientelismo en el sistema”.

Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, indicó “una reforma al sistema de salud debe establecer una institucionalidad que haga más transparente su operación. Las capacidades de las instituciones de salud nacionales y territoriales se deben fortalecer para prevenir focos de corrupción. El proyecto de reforma actual, conforme está planteado, puede incrementar los riesgos que en esta materia tiene el sector. ”.