Sin lugar a dudas, el surgimiento del Covid-19 configuró un reto sin precedentes en la historia del país, que conllevó a que las instituciones públicas respondieran de forma imperiosa para atender la situación que se configuraba a causa del virus.

Sería prematuro hacer un balance a profundidad en materia anticorrupción del gobierno de Gustavo Petro que inició hace pocas semanas. Sin embargo, no pueden pasar desapercibidos los cuestionamientos por plagio académico que se han conocido públicamente sobre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

En la actualidad, la lucha contra la corrupción ha cobrado un papel central en las agendas nacionales e internacionales. La lucha contra este fenómeno ha evolucionado, al explorarse otros enfoques diferentes a su impacto en el desarrollo económico de los países.

El proceso de construcción de las agendas se acompaña con espacios de formación dirigidos a fortalecer las capacidades de los ciudadanos para participar activamente en el cuidado de lo público.

La realidad es que la opacidad y la falta de información sobre los recursos que se están destinando para el desarrollo de las actuales elecciones es altísima

Hay un elemento central que no puede soslayarse en esta lucha: el denunciante. Aquella persona que alerta y señala actos que van en contra tanto de su propia ética como de la colectiva.

Con el paso de las medidas del Covid-19 y el paulatino regreso a la normalidad, salen a la luz los rastros de la otra pandemia; la corrupción que se mantiene vigente afectando los recursos públicos y la equidad social que pueden salvar la vida de muchos Colombianos.