Por: Laura Ramírez
Opinión- 17 de mayo de 2024
Esto es un golpe directo a nuestra capacidad de disfrutar plenamente de nuestros derechos humanos fundamentales. Por ello, es esencial que, en el contexto de la lucha contra la corrupción, tengamos acceso a mecanismos que fomenten la acción colectiva en defensa de los derechos humanos, la equidad y el bienestar, así como la posibilidad de reconocernos como víctimas para buscar la reparación de los daños.
Este es el caso de tres organizaciones de Antioquia que en 2023 implementaron una Hoja de Ruta destinada a buscar la reparación, tanto material como simbólica, de los daños causados por la corrupción en tres casos específicos. Aquí se los presentamos.
La Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 de Medellín ha venido trabajando en la identificación de indicios de corrupción en el proceso de planeación de esta comuna desde el año de 2012. En particular, en la contratación para los proyectos contemplados en el plan de desarrollo local, debido a la manipulación de espacios locales participativos por parte de actores corruptos, que perjudican la atención de las necesidades y bienes básicos de las y los habitantes. Este trabajo hizo evidente que la corrupción afecta el derecho a la participación, daña el tejido social y la capacidad que tienen las personas de tomar decisiones para el desarrollo de su territorio. Por ello, la reparación puede comenzar a darse por medio de espacios colectivos que permitan recomponer los vínculos de las organizaciones víctimas y habitantes, y construir maneras más justas y transparentes de manejar los recursos públicos colectivamente.
Conciudadania identificó irregularidades en la ejecución de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías (SGR) entre 2019 y 2023 en el Oriente Antioqueño. Para profundizar en este panorama, se destacó un caso que reveló cómo estas irregularidades afectaron el desarrollo agrícola de familias campesinas en la región. Esto resalta que, además de los estragos del conflicto armado, la corrupción socava los derechos fundamentales de estas comunidades, como la dignidad humana, el buen nombre y la seguridad alimentaria. Por ello, en este caso, la reparación no solo busca sancionar a los responsables, sino también fortalecer el control social y establecer buenas prácticas de contratación pública para que las entidades encargadas puedan atender las verdaderas necesidades de la población y prevenir futuros casos de corrupción.
Todos por Medellín presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación tras descubrir una serie de irregularidades en la contratación del programa Buen Comienzo en Medellín durante el periodo de la pandemia del Covid-19 en 2020. Este programa tiene como objetivo brindar servicios de salud y nutrición a madres gestantes, lactantes y niños de cero a dos años, por lo que las irregularidades limitaron la garantía de derechos fundamentales, como lo son la salud y la alimentación. En la actualidad, la organización está luchando por ser reconocida como víctima en el proceso penal en curso, con el fin de representar a las madres afectadas y, especialmente, para visibilizar los intereses de la ciudadanía y los derechos colectivos afectados en el caso de posible corrupción. Esto marca un hito importante en Colombia y representa el primer paso para que las organizaciones puedan realizar una vigilancia efectiva de la gestión pública y buscar reparación por daños a través de los procedimientos judiciales.
Estas acciones ocurrieron en un contexto en el que la corrupción actúa como «cortocircuito» que obstaculiza directamente el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la protección de los derechos humanos y en el que las autoridades tienen dificultades para probar la existencia de actos de corrupción, a pesar de los daños visibles.
Por tanto, deseamos compartir tres reflexiones importantes que emergen de este proceso liderado por estas organizaciones. Estas reflexiones nos inspiran a ir más allá del solo discurso y pasar a la acción para la reparación de las víctimas de la corrupción:
- El necesario reconocimiento de las víctimas de la corrupción. La reparación de los daños causados por la corrupción exige promover conversaciones colectivas y debates críticos, así como identificar oportunidades institucionales y jurídicas que permitan que las personas se reconozcan como víctimas de este flagelo, especialmente aquellas comunidades vulnerables e históricamente marginadas.
El reconocimiento social juega un papel clave en la movilización y la sanción ciudadana hacia aquellos que participan en prácticas corruptas. Además, es fundamental que las autoridades competentes actúen en favor de las comunidades afectadas, identificando los derechos vulnerados y reconociendo a las organizaciones de la sociedad civil como legítimos representantes de las víctimas y los intereses colectivos en casos de corrupción.
- La reparación de los daños ocasionados por la corrupción no se limita a un único enfoque, ya que diversas acciones pueden contribuir a este propósito. Por un lado, aquellas que pueden ser interpuestas ante las autoridades competentes, como la acción popular, son muy importantes para que se ordenen medidas para reparar integralmente a las víctimas, restablecer los derechos afectados, responsabilizar a los culpables y buscar la no repetición.
Por otro, las acciones no judiciales, tales como la pedagogía y las estrategias comunicativas, también desempeñan un papel relevante en la lucha contra la corrupción, pues conllevan una serie de efectos positivos como el fomento del involucramiento activo de la ciudadanía en esta lucha, el reconocimiento social de las víctimas, la presión sobre las entidades pertinentes y la promoción del inicio de las investigaciones correspondientes ante casos de corrupción que vulneren los derechos humanos.
- La corrupción afecta de forma particular, por ello es clave acoger un enfoque diferencial. Los contextos y las características de las víctimas de la corrupción, determinan la forma cómo esta es experimentada y la magnitud de sus efectos, ya que ciertos grupos se ven más perjudicados, prolongando su estado de vulnerabilidad en estos escenarios. Por ejemplo, las consecuencias de un hecho de corrupción que afecten el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria difieren entre una mujer cabeza de hogar en un entorno urbano, a un grupo de familias campesinas.
Adoptar un enfoque diferencial implica reconocer con precisión los daños sufridos e implementar acciones integrales, con las que no solo se busque reparar los daños a nivel material y simbólico, sino también mejorar las condiciones de vida de las víctimas con el objetivo de prevenir la repetición de otros hechos de corrupción.
Esto evidencia que la reparación de los daños causados por la corrupción requiere de acciones diversas que pongan en el centro del debate los derechos de las víctimas, y la participación activa de actores públicos, privados y de la ciudadanía en su conjunto. Este enfoque significa un gran logro para los derechos humanos y, por supuesto, para la lucha contra la corrupción, ya que muestra que sus impactos pueden ser encarados desde una perspectiva restaurativa para la no repetición de los hechos. Los resultados de este esfuerzo están siendo recopilados y pronto serán presentados. Por ahora, para obtener más información sobre la Hoja de Ruta, les invitamos a visitar el siguiente enlace: https://transparenciacolombia.org.co/hoja-de-ruta-osc-dano-de-corrupcion/
