Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2024. Transparencia por Colombia presenta su tercer informe sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este caso emblemático, que involucra a altos funcionarios públicos y recursos por cientos de miles de millones de pesos, refleja la gravedad de las redes de corrupción que impactan de manera directa a comunidades vulnerables.

Desde Transparencia por Colombia hemos hecho un seguimiento continuo a la información pública disponible y a las audiencias judiciales del caso de la UNGRD. El informe destaca avances relevantes, identifica acciones pendientes en las investigaciones y señala medidas prioritarias para evitar la impunidad y garantizar la reparación a las víctimas.

Principales avances en las investigaciones

1. Preacuerdos y responsabilidades aceptadas:

Después de varios meses, la Fiscalía General de la Nación confirmó preacuerdos con cuatro exfuncionarios de la UNGRD, incluyendo a Olmedo López y Sneyder Pinilla. Estos acuerdos, además de sanciones penales y económicas, exigen la devolución de recursos desviados y la entrega de información clave para desmantelar la red de corrupción. También incluyen a empresarios y abogados que facilitaron las irregularidades contractuales y los intentos de encubrimiento mediante sobornos.

2. Investigación por uso político de recursos públicos:

La apertura de una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle marca un hito en el caso. Ambos son acusados de haber recibido sobornos para financiar campañas políticas de familiares cercanos, como la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name y la campaña a la Gobernación de Córdoba de Gabriel Calle. Estos hechos, de comprobarse, configurarían delitos electorales como la financiación con fuentes prohibidas y la violación de topes de gastos.

3. Imputación de cargos a Sandra Ortiz:

La Fiscalía llamó a imputación a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por presunta participación en el pago de un soborno de $3.000 millones a Iván Name. Este caso se agrava por la acusación de lavado de activos, un delito de mayor gravedad que los imputados a otros exfuncionarios, con penas que pueden alcanzar los 30 años de prisión.

4. Actuaciones de los órganos de control:
   • Contraloría General de la República: Ha avanzado en 17 investigaciones fiscales sobre contratos de ollas comunitarias, carrotanques y maquinaria amarilla, que involucran más de $96 mil millones. Además, emitió medidas cautelares en procesos críticos por $29.013 millones, aunque aún se desconocen los nombres de varios responsables.
   • Procuraduría General de la Nación: Formuló pliego de cargos contra Sneyder Pinilla por participación indebida en política. Pinilla habría favorecido campañas locales desde su posición como subdirector de la UNGRD, lo que evidencia el uso clientelista de los recursos públicos.

Asuntos pendientes que requieren atención inmediata

1. Investigaciones sobre altos funcionarios:

A pesar de las revelaciones realizadas por los implicados, persiste la inacción frente a figuras como Ricardo Bonilla (Ministro de Hacienda), César Manrique (exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública) y Carlos Ramón González (exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia). Su papel en el direccionamiento de contratos y en la transferencia irregular de recursos no ha sido esclarecido. Tampoco se identifican medidas a la fecha con respecto a la presunta desviación de cien mil millones de pesos por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

2. Reparación integral a las comunidades afectadas:

Las comunidades indígenas de La Guajira, afectadas por la malversación de recursos destinados al suministro de agua, no han recibido medidas de reparación. Aunque cuatro comunidades se han presentado como víctimas en el proceso judicial, permanece la incertidumbre sobre si serán reconocidas como tal y qué acciones concretas se tomarán para mitigar el daño.

3. Rol de Fiduprevisora:

Como administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, Fiduprevisora es responsable de los pagos asociados a los contratos investigados. Sin embargo, no se han esclarecido posibles omisiones o irregularidades en la supervisión de estos recursos. Este aspecto es crítico, ya que Transparencia por Colombia identificó riesgos similares en la gestión de recursos durante la pandemia de COVID-19.

4. Estrategias anticorrupción estancadas:

La Mesa Técnica para la Lucha Contra la Corrupción, creada por el gobierno en mayo, no ha mostrado avances tangibles en la coordinación interinstitucional ni en la adopción de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Esta inacción representa un obstáculo para enfrentar casos similares en el futuro.

5. Vacíos en la identificación de actores financieros:

El uso de un préstamo de $4.000 millones para facilitar los sobornos, entregado en efectivo y presuntamente movilizado mediante criptomonedas, plantea retos importantes en términos de control financiero y lavado de activos. La identificación del prestamista y los mecanismos utilizados siguen siendo un punto ciego en las investigaciones.

Algunas reflexiones

El caso UNGRD trasciende los delitos individuales y expone fallas sistémicas en la administración pública que perpetúan la corrupción. Las redes clientelistas, la opacidad en la contratación y el uso indebido de recursos con fines electorales son síntomas de un problema más profundo: la falta de controles efectivos y la debilidad en la rendición de cuentas.

La creciente complejidad de los esquemas de corrupción, como el uso de criptomonedas para ocultar flujos financieros, evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de control fiscal, penal y financiero en Colombia. Además, la falta de reparación a las comunidades afectadas subraya un fracaso institucional que perpetúa la vulnerabilidad de los sectores más marginados.

“Cada avance en este caso es importante para enfrentar la sensación de impunidad que existe frente a los casos de gran corrupción en nuestro país. Sin embargo, además de sancionar a los responsables directos, es importante reformar las estructuras que permitieron estos actos y garantizar la reparación de las víctimas.” afirmó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

Transparencia por Colombia insta a las instituciones a actuar con celeridad y contundencia en las investigaciones pendientes, y a la ciudadanía a mantenerse vigilante para exigir resultados. Una participación activa de la sociedad civil es clave para avanzar hacia un país más transparente, justo y libre de corrupción.

Consulta aquí los dos primeros informes de seguimiento al caso UNGRD:

https://transparenciacolombia.org.co/seguimiento-escandalo-ungrd-implicaciones/

https://transparenciacolombia.org.co/segundo-informe-ungrd/