En el periodo 2016 – 2018, la mitad de los hechos de corrupción administrativa se asociaron con irregularidades en el proceso de contratación pública. Entre las modalidades más afectadas están: la adjudicación o celebración irregular de contratos, la violación a los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad en la contratación estatal, abuso en la contratación directa, el detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contratado, la apropiación ilegal de recursos en los contratos y los sobrecostos por irregularidades en la celebración de contratos.
De qué se trata
Reformar la normativa del sistema de contratación pública para evitar las excepciones y los incumplimientos. Para ello será necesario -entre otros- limitar los casos en los que se puede contratar a través de los regímenes especiales, y unificar las inhabilidades para la contratación pública de personas naturales y jurídicas.
Cuáles son las reformas legislativas urgentes:
Fortalecer los mecanismos que busquen evitar las excepciones y los incumplimientos de la normatividad.
Robustecer los procesos licitatorios para que cuenten con la divulgación de la información pública completa y de calidad, para que sea consultada por la ciudadanía que se encuentre interesada.
Limitar el uso de los regímenes excepcionales, fortaleciendo las herramientas y las instituciones del Sistema de Contratación, sincronizando los procesos contractuales y presupuestales
Acopiar las inhabilidades y simplificando los mecanismos de contratación.