La estrategia de negociación de principios de oportunidad por parte de la Fiscalía ha sido fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los hechos de corrupción. En este sentido, los beneficios judiciales otorgados a cambio de la colaboración de personas clave como testigos, y el aporte de material probatorio, ha permitido desentrañar la estructura compleja de corrupción que se tejió alrededor de la UNGRD.

Tabla 1. Estado procesal altos funcionarios del gobierno nacional con corte al 15 de septiembre de 2025.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en prensa entre abril y septiembre de 2025.

Si bien sigue pendiente el avance de los procesos en contra de altos funcionarios del Gobierno Nacional que habrían sido los determinadores de los hechos, se espera que, con los principios de oportunidad otorgados, se logre un mayor avance en esos procesos judiciales. Al respecto, genera preocupación la impunidad que se pueda presentar en el caso de los prófugos Carlos Ramón González y César Manrique toda vez que las órdenes de captura expedidas en su contra no se han hecho efectivas, por cuenta del asilo de González otorgado por Nicaragua y la no identificación de su ubicación y no comparecencia en el caso de Manrique (con corte a la información publicada en prensa el 20 y el 21 de agosto de 2025, respectivamente).

Por otra parte, las investigaciones sobre corrupción en la UNGRD han señalado a congresistas que habrían recibido sobornos y dádivas a cambio de posiciones favorables frente al trámite de proyectos de ley presentados por el gobierno nacional. En este sentido, no solo los expresidentes del Congreso están siendo investigados por presuntamente haber recibido sobornos que se extraerían del contrato de carrotanques, sino que la Corte Suprema de Justicia también investiga a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes habrían acordado recibir dádivas a través de proyectos que tramitaría la UNGRD en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).

Tabla 2. Estado procesal de congresistas posiblemente involucrados con corte al 15 de septiembre de 2025.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en prensa el 27 de agosto de 2025 y el comunicado de la Corte Suprema de Justicia del 12 de noviembre de 2024.

La Corte Suprema de Justicia está adelantando investigaciones a los congresistas involucrados en este caso. Sin embargo, aún se espera mayor información sobre los avances en estos procesos judiciales. Si bien la Corte se encuentra recabando datos de diversas fuentes, como diligencias de indagatoria con los congresistas señalados y la información suministrada por la Fiscalía, es importante insistir en la necesidad de que las investigaciones contribuyan a esclarecer los hechos relacionados con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, y también, los nuevos hechos que vinculan a más de 30 congresistas que habrían hecho parte de una red de favores políticos que coordinaron funcionarios del Ministerio de Hacienda con el fin de desviar la contratación pública en favor de contratistas cercanos a los congresistas. Asimismo, se esperaría que estas investigaciones también extiendan la responsabilidad por estos hechos a las organizaciones políticas que avalaron la llegada al Congreso de estos actores involucrados en los hechos de corrupción.

Por último, es necesario que las investigaciones judiciales esclarezcan los hechos relacionados con los facilitadores de la corrupción, es decir, aquellas personas que prestaron servicios para posibilitar la ejecución de las prácticas ilícitas. En el caso de la UNGRD es fundamental esclarecer el papel del prestamista que entregó el dinero en efectivo que se utilizó para los sobornos, así como de las personas que ofrecieron servicios de asesoría en el diseño del esquema para saquear los recursos de la entidad. De igual manera, es importante que las investigaciones avancen sobre los mecanismos utilizados para trasladar el dinero de los sobornos, que incluyen el uso de criptomonedas, y su traslado a la financiación ilegal de campañas territoriales en el 2023, como lo han señalado las investigaciones preliminares de la Corte Suprema de Justicia.

Más allá del escándalo: clientelismo y cupos indicativos.

A partir de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, y la información presentada por parte de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, se han identificado nuevos hechos que confirman el carácter estructural y sistémico de la corrupción en la UNGRD, así como también de la persistencia de partidas presupuestales y proyectos que se asignan a entidades territoriales en función de lo que “indican” determinados congresistas, por lo que se han denominado “cupos indicativos”. Las declaraciones de los involucrados señalan a un nuevo grupo de congresistas que se habrían beneficiado del direccionamiento ilegal de la contratación de diferentes entidades nacionales a cambio de facilitar el trámite de las reformas presentadas por el Gobierno.

Al respecto, la información suministrada a las autoridades judiciales por parte de María Alejandra Benavides coincide con las declaraciones del exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ante la Corte Suprema de Justicia respecto a prácticas de clientelismo y cupos indicativos. Sin embargo, es importante señalar que estas prácticas no son nuevas y, por el contrario, desde hace varios años se ha llamado la atención sobre su impacto negativo en la calidad de las inversiones, así como, en las comunidades afectadas. Por ejemplo, estas prácticas coindicen con las utilizadas por la red de corrupción de “Las Marionetas” que lideró el exsenador Mario Castaño en el marco del anterior gobierno, a partir de la cual el exsenador aprovechó su posición como miembro de la Comisión Cuarta de Senado para influir indebidamente en el direccionamiento de proyectos nacionales hacia departamentos en donde, con la colaboración de contratistas y mandatarios locales, capturó la contratación pública.

En este sentido, además de los procesos de investigación que deben avanzar, es necesario que se tomen medidas significativas para fortalecer la transparencia y trazabilidad de los presupuestos públicos, al tiempo que, se fortalezca el sistema de contratación pública, garantizando la competencia en la asignación y el seguimiento de los contratos.

Riesgos permanentes de gran corrupción: los fondos extrapresupuestales.

Hace dos años, el 22 de septiembre de 2023, el gobierno nacional adicionó $700.000 millones de pesos a la UNGRD, lo que facilitó la captura de los recursos públicos en la entidad. La UNGRD fue el epicentro de los hechos de corrupción, dado el uso del mecanismo de fondo extrapresupuestal que permite el manejo de recursos con mayor opacidad y menor seguimiento por parte de las autoridades. A partir de este régimen legal es que se facilitó la simulación de la competencia para entregar el contrato de carrotanques directamente al empresario Luis Eduardo López Rosero, quién ya se encuentra condenado por este escándalo.

Asimismo, la imputación en contra de Pinilla por nuevos hechos relacionados con la contratación del suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas en el departamento de Córdoba, muestran la vulnerabilidad de la contratación en escenarios de mitigación y atención de emergencias.

En estas circunstancias, resulta preocupante que no se tomen mayores medidas para evitar el abuso de fondos extrapresupuestales en el futuro. Particularmente, la UNGRD no ha contestado las preguntas sobre las acciones tomadas para evitar futuros casos de corrupción, en una solicitud de información interpuesta por Transparencia por Colombia¹.

Una aguja en el pajar: los contratos de la UNGRD.

Los contratos celebrados por la UNGRD siguen siendo opacos. Aunque la orden que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –TAC– el 30 de julio de 2024 obligó a la entidad y a la Fiduprevisora a publicar en SECOP II la información de su contratación pública, persisten serias limitaciones en la disposición y calidad de los datos divulgados, lo que dificulta el acceso real a la información contractual.

A raíz de la decisión del Tribunal, la UNGRD y la Fiduprevisora han publicado mayor información sobre los contratos que han suscrito; sin embargo, esta información ha quedado registrada principalmente en un conjunto de datos de SECOP que es inadecuado² en tanto no refleja de forma precisa algunas variables que son de suma importancia, como lo son el nombre del contratista, el valor definitivo del contrato, la fecha de suscripción, entre otros identificadores.

Como consecuencia de la baja calidad de la información que se ha publicado y los vacíos en los datos, las búsquedas en el sistema convencional de SECOP no arroja resultados precisos y no es posible realizar un análisis de los datos abiertos a partir de la triangulación con otras fuentes de información. De esta manera, la publicación de datos sin la suficiente calidad genera obstáculos que, en última instancia, limitan el acceso efectivo a la información contractual.

A pesar de estas limitaciones, Transparencia por Colombia ha logrado identificar dentro de SECOP los contratos celebrados por la UNGRD con tres figuras jurídicas (Impoamericana Roger SAS, Luket SAS y Brand SAS) en las que el controlante real es el condenado empresario López Rosero, incluyendo el defraudado contrato de los 40 carrotanques. Esta información es clave para el seguimiento ciudadano y genera oportunidades para profundizar la vigilancia a la gestión de la UNGRD en los últimos años. Particularmente, surge la inquietud sobre si se presentaron hechos similares en los otros 22 contratos celebrados con el mismo empresario entre 2020 y 2023. 

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¹ Este derecho de petición se envió inicialmente el 6 de junio de 2025 y, en vista de la falta de respuesta, el 9 de julio se envió recurso de insistencia. A pesar de que la UNGRD respondió el 5 de agosto, Transparencia por Colombia no obtuvo respuesta frente a las preguntas relacionadas con las acciones que ha implementado la Unidad para mitigar los riesgos de corrupción, así como la cooperación que ha entablado la entidad con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos de corrupción.

² El conjunto de datos “SECOP II – Procesos de Contratación”, en donde se encuentra la mayor parte de la información contractual que han publicado la UNGRD y la Fiduprevisora, no refleja las mismas variables que se encuentran disponibles en el conjunto “SECOP II – Contratos Electrónicos” y, además, múltiples variables del primer conjunto tienen un carácter indefinido ya que, por ejemplo, no se identifican los adjudicatarios de los procesos de contratación.

Llamados finales.

La estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este caso de gran corrupción ha permitido alcanzar resultados significativos luego de dos años de que se gestaran los hechos. En particular, se debe resaltar que, frente a los primeros informes publicados por Transparencia por Colombia, las investigaciones han avanzado al relacionar no sólo a las personas directamente implicadas, sino que ahora incluye procesos contra quiénes serían los determinadores de los hechos. Esto denota la importancia de los principios de oportunidad y de brindar garantías a las personas interesadas en colaborar con la justicia. Sin embargo, la eficacia real de esta estrategia se evaluará conforme avancen los procesos judiciales en contra de los determinadores del caso.

En el actual contexto pre-electoral de los comicios del 2026, se insiste en que es fundamental que desde el poder ejecutivo se implementen acciones puntuales para evitar que se repitan los hechos que se evidenciaron en el caso de la UNGRD, transparentar las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, y abordar medidas que permitan mitigar los riesgos de corrupción en todo el ciclo presupuestal. En particular, la gestión de los fondos extrapresupuestales continúa siendo un riesgo estructural que se debe atender a partir de mejorar la transparencia del presupuesto que se asigna a los fondos, así como de la contratación que se suscribe con cargo a estos recursos, y la publicación de estos contratos en cumplimiento con lo estipulado en la Ley 2195 de 2022. Es fundamental que estos mecanismos de transparencia se implementen para todos los fondos, incluyendo los creados en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, teniendo en cuenta que el país se encuentra en pleno ciclo electoral, es muy importante que las nuevas candidaturas a la Presidencia de la República, incluyan en los programas de gobierno estrategias anticorrupción concretas, lideradas con un compromiso ético para transformar la relación clientelar entre el ejecutivo y el legislativo, y enfrentar uno de los principales problemas estructurales del país.