Autor: Transparencia por Colombia
Fecha: mayo de 2024
Transparencia por Colombia (TPC) reconoce la importancia y urgencia de reglamentar los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP) contemplados en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022. Este instrumento es fundamental para fortalecer los procesos de prevención, detección e investigación de la corrupción, así como para orientar los esfuerzos y las estrategias al interior de las entidades nacionales y territoriales en la gestión y monitoreo de los riesgos de corrupción.
En esta ocasión, con el nuevo borrador publicado y en aras de aportar al fortalecimiento de los PTEP, TPC presenta los comentarios al Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública” (en adelante el Decreto).
Como parte de los diseños formales, a partir de la expedición de la Ley 2195 de 2022, las entidades sin ánimo de lucro (ESALES) hacen parte de las entidades privadas obligadas a contar con un Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
A la luz del proyecto de ley bajo análisis, consideramos importante que la actual reforma al sistema judicial incluya en la discusión temas fundamentales asociados a la corrupción. Con este propósito presentamos tres aspectos que convendría el congreso incluya dentro del trámite: i) el fortalecimiento de las capacidades institucionales para promover la investigación y sanción de la corrupción, ii) la inclusión de un enfoque de reparación de víctimas de corrupción a favor de comunidades y personas y, iii) la importancia del principio de oportunidad para los casos de corrupción a través de la reparación integral de víctimas.
A la luz del proyecto de ley bajo análisis, consideramos importante que la actual reforma al sistema judicial incluya en la discusión temas fundamentales asociados a la corrupción. Con este propósito presentamos tres aspectos que convendría el congreso incluya dentro del trámite: i) el fortalecimiento de las capacidades institucionales para promover la investigación y sanción de la corrupción, ii) la inclusión de un enfoque de reparación de víctimas de corrupción a favor de comunidades y personas y, iii) la importancia del principio de oportunidad para los casos de corrupción a través de la reparación integral de víctimas.
