Bogotá, 04 de julio de 2023. La corrupción históricamente ha sido uno de los problemas que más daño ha generado al país. A las pérdidas económicas causadas por este delito, que entre 2016 y 2020 puso en juego más de 90 billones de pesos, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia (TpC); hoy se suma la falta de garantías de protección que impacta directamente a los denunciantes de este tipo de hechos.

Actualmente los ciudadanos que alertan sobre actos relacionados con presuntos malos manejos, desviación de recursos, abuso de poder o de confianza, entre otros, están poniendo en riesgo su integridad física y su vida; además, enfrentan obstáculos jurídicos como la recolección de material probatorio, la falta de comunicación con los órganos de control sobre el curso de la denuncia y el acoso judicial; y finalmente, están siendo afectados por las consecuencias que les genera el daño contra su buen nombre y que causa un fuerte impacto sobre su salud mental.

De hecho, en el momento se calcula que cerca del 40% de las personas que acuden al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) (www.transparenciacolombia.org.co/alac) de TpC, un servicio independiente y gratuito de acompañamiento legal a los ciudadanos que denuncian este delito, afirman sentirse en riesgo por su decisión de elevar una alerta o denuncia por presunta corrupción.

Asimismo, desde Transparencia por Colombia se han identificado otro tipo de riesgos y miedos   de   distinta   naturaleza   a   los   que   se   enfrentan   los   denunciantes de corrupción, tales como miedo a ver afectada su reputación, temor a sufrir represalias laborales y diferentes obstáculos como la falta de acceso a la información y a ser discriminados.

“Estos riesgos al denunciante fácilmente lo pueden convertir en una víctima más de la corrupción. Por eso, si bien se debe reconocer el rol activo que desempeña, también es importante reconocer su vulnerabilidad y, por ende, la necesidad de  brindarle mayor protección, la cual no puede ser reducida solo a un componente físico,  sino  que debe contemplar protección  integral que involucre aspectos económicos, sociales y psicológicos”, cita la TpC en su página web: https://transparenciacolombia.org.co/recomendaciones-denuncia-de-corrupcion/

#ProtecciónADenunciantesYa, el hashtag que es viral en redes

Transparencia por Colombia lanzó recién una campaña en la plataforma de Change.org: https://www.change.org/ProtecciónADenunciantesYa  que a esta hora cuenta con más de 7.500 firmas digitales de personas que apoyan su petición para que se garantice la protección integral de los denunciantes de corrupción en el país.

El objetivo de esta iniciativa, que ya registra más de 100 mil interacciones en redes sociales, “es solicitar al Congreso de la República y a los tomadores de decisión para que se cree una legislación o regulación en Colombia a favor de esta propuesta”, señaló Claire Launay Gama, directora programática de Iniciativas con Sociedad Civil de la corporación Transparencia por Colombia.

De acuerdo con Claire Launay, gracias a los denunciantes muchos casos de corrupción han sido conocidos e investigados. “Sin embargo, deben existir condiciones favorables para realizar la denuncia y medidas de protección para quienes se atreven a alertar a las autoridades sobre este tipo de delitos”, enfatizó.  

Al respecto, también indicó que la protección integral a denunciantes y alertadores debe cumplir con tres condiciones básicas: primero, permitir el anonimato para evitar revelar la identidad de la persona; segundo, mantener confidencialidad a lo largo del proceso de la denuncia; y tercero, orientar al denunciante sobre los riesgos a los cuales se puede exponer, así como brindarle la mayor claridad con relación a las expectativas de su proceso de denuncia. “Las autoridades, además, le deben garantizar las medidas de protección física y laboral, asistencia económica y psicosocial, y los mecanismos de defensa en contra de retaliaciones legales que pueda sufrir”. 

Del mismo modo, resaltó la necesidad de establecer canales de denuncia intuitivos, ágiles, seguros y que consideren criterios diferenciales, tanto en ámbitos públicos como privados. “Muchas veces las denuncias se desincentivan porque el canal no es accesible o porque la entidad encargada de recibirla no tiene buenos estándares de comunicación con el denunciante”.

El Congreso tiene una deuda histórica con los denunciantes de corrupción

Pese a que desde 1997 la Convención Interamericana Contra la Corrupción instó a los Estados a promover medidas de protección a denunciantes, solo hasta años recientes se ha logrado una mayor atención a iniciativas legislativas en esta materia.

En 2019, el Gobierno Nacional le propuso al Congreso el Proyecto de Ley “Pedro Pascasio Martínez” que contenía elementos importantes sobre protección a denunciantes; no obstante, esta iniciativa no logró ni siquiera un primer debate en la Cámara de Representantes, a pesar del compromiso de algunos Congresistas con el tema. Posteriormente, el Gobierno radicó el Proyecto de Ley 341 de 2020 con un capítulo sobre protección a denunciantes que fue eliminado en la primera discusión que tuvo la iniciativa en el Senado de la República.

 El actual Gobierno Nacional ha manifestado su compromiso por presentar al legislativo un Proyecto de Ley en este sentido y lo ha incluido como parte del actual Plan Nacional de Desarrollo. Desde Transparencia por Colombia y otras organizaciones se elaboraron comentarios y recomendaciones a un borrador del mismo Proyecto de Ley elaborado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Se espera que al inicio de la nueva legislatura en julio de 2023 se radique este Proyecto en ambas corporaciones y se dé inicio a un debate público que garantice la participación de las diferentes voces.