• Al cumplir dos años de gobierno del presidente Gustavo Petro, Transparencia por Colombia entrega un análisis de la acción pública anticorrupción liderada por el Gobierno Nacional.
• Si bien se identifican 57 acciones anticorrupción, los escándalos de corrupción que han rodeado al gobierno e involucran a funcionarios nombrados por el presidente, hacen que estas acciones pierdan su impacto y afectan la confianza ciudadana en el gobierno.
• Aun así, las acciones son insuficientes para responder a la complejidad del problema, además se encuentran desarticuladas y carecen de una mirada estratégica. Para los dos años que quedan de periodo presidencial, se necesita mayor foco, liderazgo e impulso desde el presidente.

Bogotá, agosto 5 de 2024.

Transparencia por Colombia presenta un análisis de las principales acciones realizadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de lucha contra la corrupción, al cumplir dos años de gestión. En total se identificaron y analizaron 57 acciones que fueron clasificadas en cuatro ámbitos (anticorrupción, gestión pública, integridad política y acción sectorial en paz y medio ambiente), y valoradas según su pertinencia en el contexto actual, su eficacia en términos de capacidades existentes para lograr avances concretos, y su sostenibilidad, en la medida en que puedan trascender en el tiempo (ver hoja de datos).

Este estudio se realizó en un contexto marcado por fuertes escándalos de corrupción, principalmente asociados a las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y la corrupción denunciada en la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), así como por una aproximación reactiva, en lugar de preventiva, por parte del gobierno frente a estos escándalos, y por estigmatizaciones formuladas por el presidente a organizaciones sociales y medios de comunicación críticos de su gestión. Lo anterior desdibuja fuertemente los esfuerzos que se han realizado hasta el momento y contribuye a aumentar el pesimismo de la ciudadanía frente a la situación de corrupción en el país[1].

Los principales resultados del balance:

• De las 57 acciones analizadas, la gran mayoría se encuentran en progreso (33) o en etapa de formulación (8), y solo 16 han sido culminadas. Esto significa que aún no se ha logrado un avance satisfactorio de las iniciativas gubernamentales a la mitad del periodo presidencial.
• Las acciones evaluadas logran una buena valoración de pertinencia[2] con 1,57 puntos sobre 2, lo cual indica que guardan coherencia con el contexto. Sin embargo, su eficacia es insuficiente, pues solo llega a 1,28 sobre 2, es decir, que las medidas no logran suficiente impacto en reducir riesgos de corrupción, y tienen baja perspectiva de continuidad en el tiempo, con solo 1,16 sobre 2 en materia de sostenibilidad.
• Llama la atención que la definición e implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción que el Gobierno se comprometió a impulsar en el marco del Plan de Desarrollo, se encuentra aún en una etapa de formulación. Esta situación genera un vacío respecto al enfoque estratégico, sistémico y coordinado que necesita el país para enfrentar este problema.

Lo que se resalta y lo que falta por ámbito:

En el ámbito anticorrupción, se identifican 15 acciones de las cuales 4 están en etapa de formulación, 8 en progreso, y 3 culminadas. Se destaca el avance del proyecto de Ley 291 de protección a denunciantes de corrupción radicado por el Gobierno en la Cámara de Representantes. Se alerta sobre la necesidad de lograr mayor impulso en el corto plazo a la formulación e implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo.

En el ámbito de la gestión pública, se identificaron 23 acciones, de las cuales 1 se encuentra en formulación, 14 en progreso y 8 han sido culminadas. En este ámbito se resalta el trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones para la promoción de una mejor infraestructura de datos públicos en el país. Sin embargo, se requiere un mayor énfasis en el trabajo anticorrupción en los territorios del país, así como avanzar en la garantía del derecho de acceso a la información pública, ante tendencias preocupantes que alertan sobre el deterioro de este derecho.

En términos de integridad política, se identificaron 5 acciones de las cuales 4 ya se encuentran culminadas, y sólo 1 está en formulación. Se destaca que, en materia de equilibrio de poderes, la Presidencia de la República haya conformado una terna para Fiscal General de la Nación integrada por tres mujeres con amplio conocimiento y trayectoria en materia penal, así como la solicitud de un fiscal Ad-Hoc realizada por el presidente para investigar a su familia en los presuntos escándalos de corrupción asociados a la financiación de la campaña presidencial. No obstante, lo anterior contrasta con los múltiples cuestionamientos sobre la integridad de la campaña presidencial de 2022.

En materia de paz se identificaron 9 acciones, todas ellas en progreso, éstas buscan principalmente fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y presupuestación con recursos para la paz. Su eficacia está limitada por la voluntad política para lograr una mayor apertura, y la discrecionalidad en la toma de decisiones de las autoridades que manejan los recursos. Se identifica que la gestión de riesgos de corrupción en el OCAD Paz requiere mayor atención, y que se deben fortalecer las medidas preventivas de riesgos de corrupción en los diálogos con grupos armados.

Por último, en el sector ambiente se identificaron 5 acciones; 2 en proceso de formulación, 2 en progreso y 1 culminada. Éstas buscan principalmente fortalecer la denuncia de corrupción, fomentar el control ciudadano y promover el acceso a la información ambiental. Se destaca la alta pertinencia de estas acciones y también, que han logrado brindar capacidades a ciudadanos para hacer seguimiento a proyectos ambientales.

Otras claves para los dos años restantes de periodo presidencial

Además de avanzar en las acciones pendientes, resulta determinante que el presidente de la República asuma el liderazgo de la acción pública anticorrupción de manera ética y coherente, respetando las investigaciones que rodean al gobierno nacional y respetando las voces críticas. Junto con completar la formulación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, se requiere mucha más atención, apertura y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos de entidades con alta discrecionalidad, como la UNGRD. También es necesario atacar con mayor énfasis la corrupción sistémica que facilita el crimen organizado -por ejemplo, asociada al narcotráfico, la tala ilegal de árboles y la minería ilegal- mediante políticas sectoriales, el fortalecimiento de capacidades de las instituciones en los territorios más afectados por dinámicas de corrupción y crimen, y el reconocimiento y reparación de los daños causados por la corrupción.

“La promesa de enfrentar las redes enquistadas de corrupción se encuentra defraudada por la gravedad de los escándalos que enfrenta el gobierno. El perdón que el presidente Petro pidió por el escándalo de la UNGRD corre el riesgo de caer en el vacío por no contar con una estrategia clara, coordinada y que llegue a resultados concretos. De fondo, está en juego la credibilidad de la ciudadanía, cuyo pesimismo está aumentando de manera dramática”, afirma Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. 

Para más información sobre los resultados del informe, se recomienda consultar la siguiente hoja de datos y el informe completo.

[1] Según la medición de Invamer Poll de junio de 2024, el 72% de las personas encuestadas considera que la corrupción en el país está empeorando. Si se considera que en agosto de 2022 este nivel era de 60%, el pesimismo sobre la situación de corrupción en Colombia ha aumentado 12 puntos en los dos años de gobierno.

[2] La pertinencia, eficacia y sostenibilidad de las acciones se evaluaron en una escala de 0 a 2, en la cual 0 indicaba la ausencia total de estos criterios, y 2 la máxima pertinencia, eficacia y sostenibilidad de cada medida.