La financiación de campañas sigue desafiando la democracia colombiana. Difícilmente las campañas presidenciales recientes se han librado de controversias y cuestionamientos. Sin duda, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación por presunta violación de topes de gastos de la campaña del presidente Gustavo Petro, es el paso más avanzado que la autoridad electoral ha dado en materia de control a una campaña presidencial.

Si bien, el país se enfrenta hoy a un debate jurídico y político sobre el alcance del fuero presidencial, las dudas sobre las presuntas infracciones que realizó la campaña presidencial a las reglas de juego permanecen y deben ser resueltas a través de los procesos institucionales y jurídicos establecidos. Esto, no solo porque la ley lo estableces así, sino también por la importancia de preservar la legitimidad de estas reglas de juego electoral. Si en efecto hubo violaciones de topes tan evidentes, ¿el país debería quedarse cruzado de brazos? La respuesta es no.

Tal como lo ha alertado Transparencia por Colombia desde meses atrás[1], las cuentas de la campaña presidencial generan muchas dudas: ¿cómo explicar que la campaña haya reportado más gastos que ingresos? ¿cómo se cubrió la diferencia? ¿por qué se realizaron varios cambios en los reportes de ingresos y gastos durante las campañas de primera y segunda vuelta? A estas dudas, se han sumado varias otras preguntas de fondo que medios de comunicación han puesto en evidencia asociadas a gastos e ingresos no reportados, así como documentos relacionados a cuestionables aportes de personas jurídicas al partido Colombia Humana con la intención explícita de financiar la campaña presidencial, lo cual está claramente prohibido por la ley.

Tal como lo ha planteado el presidente Petro, sin lugar a dudas este proceso necesita plena transparencia y discusión abierta y argumentada de todas las preguntas que están por resolverse. Igual de importante es el respeto de todos los procedimientos legales y la garantía del debido proceso para todas las partes involucradas. Precisamente de esto se trata el Estado de Derecho, es decir, que, ante situaciones tan complejas como esta, imperan las reglas establecidas sin que nadie esté por encima de la ley. Así, las hipótesis de un supuesto golpe de Estado desvían la atención del aspecto crucial de toda esta situación: la necesidad de continuar las investigaciones y determinar la responsabilidad de todos los presuntamente involucrados, es decir el candidato, gerente, tesorera y auditores, así como los partidos políticos de la coalición.

Al respecto, se debe reiterar que cualquier investigación y eventual proceso de juzgamiento con respecto al presidente de la República le corresponde únicamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y, por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá trasladar todo lo correspondiente a la presunta responsabilidad del presidente Gustavo Petro a dicha instancia, que es el juez natural establecido por la Constitución. Pero hay más personas naturales y jurídicas involucradas, incluyendo al líder de la empresa más importante del país, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Es fundamental que esas otras indagaciones también avancen. Entre tanto, el presidente Petro y su gobierno pueden avanzar con su gestión, y su fuero presidencial debe mantenerse intacto.

La amplia controversia sobre el alcance del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña presidencial ha contado con un referente importante: el Consejo de Estado indicó que el CNE es competente para investigar violaciones a topes de financiación de campañas, pero no para sancionar con pérdida del cargo al presidente de la República[2]. Si el presidente Gustavo Petro o alguna de las partes involucradas desean controvertir este pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, existen procedimientos contemplados en el ordenamiento legal, que nuevamente ponen en cuestión la hipótesis del supuesto golpe de Estado.

La controversia también ha estado fuertemente atada a la naturaleza y rol del Consejo Nacional Electoral: la procedencia política de sus integrantes y su alcance netamente administrativo. Las dudas sobre el CNE solo podrán resolverse hacia delante y a partir de una medida de fondo: una reforma política seria, sustentada, ampliamente debatida y consensuada con todas las fuerzas políticas. Es lo que siempre se ha esperado de una reforma política que aún no ve la luz y que nuevamente se hace completamente necesaria.

A esa discusión de fondo se debe sumar y resolver de manera definitiva un enorme vacío jurídico: se están saltando la norma de la prohibición de financiación de campañas presidenciales por parte de personas jurídicas cuando se realizan aportes a los partidos políticos para que éstos terminen asignados a las campañas presidenciales. Los datos son claros: en época de campaña presidencial los aportes privados a todos los partidos en competencia se incrementan significativamente, en comparación con años no electorales.

Entre tanto, se debe avanzar con las reglas y la institucionalidad existente, que no se limita al CNE, sino que además debe involucrar, en los momentos que la ley lo prevé, a la Comisión de Acusaciones como se indicó antes, pero también a entidades como la Fiscalía General de la Nación para adelantar las indagaciones penales a las personas naturales no aforadas involucradas con respecto a los delitos electorales que se hayan configurado.

Sin duda, el país enfrenta un momento desafiante que debe resolverse a través de los mecanismos institucionales establecidos. Esa será la vía por la cual no solo se podrán resolver las controversias que se encuentran abiertas, sino también como se continuará fortaleciendo nuestra democracia.

[1] https://transparenciacolombia.org.co/balance-electoral-2022-informe-nacional/

[2] https://www.consejodeestado.gov.co/news/2024/23.2-Ago-2024.php