Transparencia por Colombia

Proteger, una responsabilidad política y social

Por: Claire Launay Gama

Directora programática Iniciativas con Sociedad Civil – Transparencia por Colombia

Opinión – 23 de junio

En Colombia, si denuncias un presunto hecho de corrupción, eres un “soplón”, “un sapo” o un “intruso” que debe ser silenciado. Tampoco tienes la seguridad de recibir información sobre el curso de tu denuncia ni de que esta sea investigada. Apenas el 55 % de las denuncias se encuentran en proceso de investigación y solo un 10 % llegan a la formulación de imputación[1].

A este estigma social se suman graves consecuencias personales. Puedes enfrentar amenazas contra tu vida o tu integridad física, perder tu trabajo, ser víctima de intimidación judicial y sufrir daños a tu reputación y a tu salud mental, especialmente si eres una mujer o una persona LGBTIQ+[2]. Entre 2018 y 2022 fueron asesinados 957 líderes sociales por haber alzado la voz[3]. Si bien no todas estas personas eran denunciantes de corrupción, algunas sí perdieron la vida por alertar sobre riesgos relacionados[4].

Resulta paradójico: te conviertes en una víctima por defender el interés general, por promover un acceso equitativo a los derechos básicos y por contribuir a la lucha contra la corrupción.

Entonces, ¿por qué denunciar tiene que ser un camino lleno de obstáculos, cuando podría ser un simple acto de participación y justicia ciudadana, reconocido y valorado? Pues es lamentable, pero mientras no exista un espacio cívico libre y abierto, se debe proteger a quienes defienden la integridad de la sociedad.

En el país existen algunos esfuerzos institucionales. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación cuenta con un programa de protección a testigos, al que pueden acceder los denunciantes que formen parte de un proceso penal y cuya integridad física esté en riesgo. Asimismo, quienes ejercen algún tipo de liderazgo social pueden ser incluidos en el esquema de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, estos mecanismos suelen exigir que los denunciantes cumplan con perfiles específicos; quienes no los reúnen, quedan en situación de vulnerabilidad y sin acceso a una protección efectiva. Además, la Defensoría del Pueblo, las personerías y algunas empresas cumplen un rol de escucha y orientación, junto con el acompañamiento de numerosas organizaciones sociales.

Una medida reciente y valiosa ha sido la radicación, en 2023 por parte del Gobierno, de un proyecto de ley que busca proteger a los denunciantes de corrupción frente a represalias laborales, judiciales y físicas[5]. Transparencia por Colombia ha acompañado este proceso durante más de dos años, con participación en mesas técnicas y comentarios al texto, y celebra tanto su llegada al Senado como la solidez alcanzada por la propuesta.

Sin embargo, el tránsito legislativo fue lento, lo que dejó muy poco margen para su discusión en el Senado: el debate en plenaria de la Cámara de Representantes solo se realizó el 24 de febrero de este año, reduciendo significativamente los tiempos para su avance. En mayo, la falta de asistencia de varios senadores a las sesiones convocadas impidió contar con el quórum necesario para debatir y votar el proyecto.Esto evidencia que la protección a los denunciantes sigue sin ser tratada como un tema urgente o prioritario. Como si no pudiera convertirse en un acuerdo de sociedad, en un verdadero consenso político.A los Congresistas, les decimos con convicción: se debe reiniciar el proceso legislativo. Mientras tanto, desde Transparencia por Colombia, seguimos firmes en esta tarea de incidencia, con el objetivo de contar con una normatividad adecuada.Hoy me uno a la conmemoración del Día Internacional del Denunciante y rindo homenaje a quienes no callan y, a pesar de condiciones adversas, toman la valiente decisión de denunciar actos irregulares que nos afectan a todos y todas. Estoy profundamente agradecida de haber podido escucharlos y acompañarlos. Ustedes —periodistas, veedores, líderes sociales, funcionarios públicos o personas trabajadoras en empresas— desempeñan un papel crucial en la tarea de contrarrestar el abuso de poder, el fraude y la malversación. Son, sin duda, sapos de honor.

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[1] Dejusticia, Transparencia por Colombia, https://transparenciacolombia.org.co/nadar-mar-abierto/
[2] https://transparenciacolombia.org.co/los-factores-limitantes-de-la-denuncia/
[3] Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. (2022).  Balance de la violencia en cifras.
[4] Esta cifra no está desagregada específicamente por casos de denuncia de corrupción, ya que en Colombia no existe una categoría oficial que identifique a las personas denunciantes como tal.
[5] “Jorge Enrique Pizano” 291 de 2023c[5]
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