Pronunciamiento 007-2021
La modificación propuesta a la Ley de Garantías busca habilitar los convenios interadministrativos celebrados entre entidades durante el periodo electoral. Hemos planteado que sería un grave error hacer esta modificación en este momento porque incrementaría los riesgos de desvío de recursos públicos hacia propósitos electorales:
En primer lugar, los convenios interadministrativos son uno de los mecanismos de contratación pública que implica mayor discrecionalidad en la ejecución de recursos públicos, es decir, permite ejecutar este dinero sin otro tipo de controles que establece el estatuto de contratación pública. A través de este mecanismo, de la modalidad de contratación directa y los regímenes especiales -que son los que ofrecen mayor discrecionalidad- ya se han ejecutado 94.5 % del total de la contratación en la emergencia (cerca de 5 billones de pesos) desde el 2020 hasta la fecha. La modificación propuesta a la Ley de Garantías prácticamente le daría continuidad a esta tendencia de mecanismos discrecionales, en un contexto de alta politización.
En segundo lugar, la Ley de Garantías no eliminó los mecanismos de licitación pública durante la época electoral. Si se pretende contribuir a reactivar la economía a través de contratación de grandes obras de infraestructura, ¿por qué no poner en marcha procesos licitatorios que son menos discrecionales y que mantienen más controles para el uso de recurso públicos, en lugar de abrir la llave de los convenios interadministrativos? Claro, las licitaciones requieren mayor planeación, pero no implican tanta discrecionalidad en medio de un contexto tan delicado como el electoral.
En tercer lugar, hoy en día es claro que las campañas políticas requieren un alto volumen de recursos -el tope de gastos para una lista al Senado llega a 96 mil millones de pesos, y para la primera vuelta a la presidencia, 27 mil millones de pesos-, y que quienes acceden a mayores motos de recursos son quienes tienen mayor oportunidad de ser elegidos. Por lo tanto, esta modificación a la ley de garantías podría servir de incentivo para que intereses particulares busquen capturar esos fondos públicos y desviarlos hacia gastos de campañas.
Por último, consideramos que este no es el momento oportuno para hacer este tipo de modificaciones, teniendo en cuenta que el contexto electoral prácticamente ya se ha iniciado. La revisión de la Ley de Garantías debe realizarse fuera del calor del debate electoral y de la necesidad de resolver los problemas de financiamiento de las campañas políticas.
