El 8 de agosto de 2019 la Fiscalía General de la Nación informó del desmantelamiento de una red criminal que por más de 12 años defraudó al Estado de manera sistemática mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas de papel dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios.
El Estado dejó de recaudar cerca de $2,3 billones de pesos colombianos (alrededor de 610.000 dólares) cifra equivalente al Presupuesto Nacional para la educación para el año 2019.
La organización delictiva comercializó facturas falsas por algo más de 706 mil millones de pesos, registrando bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, podían disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los las empresas “clientes” que se beneficiaron de esta actividad ilícita.
Esta red tenía acceso a los listados de las empresas que tienen problemas con las declaraciones de renta ante la DIAN, así lograban identificar y contactar a sus “clientes” (Noticias Caracol, 2019).
La presunta jefe del Cartel, identificada como Olga Lucia Díaz Guzmán, creó nueve empresas de papel que eran utilizadas para la emisión de facturas falsas, actuando como proveedor ficticio de bienes y servicios que nunca fueron entregados. A cambio, recibían un porcentaje que oscilaba entre el 2.5% y el 12% del valor de la factura (Fiscalía General de la Nación, 2019).
Junto con la líder del esquema, fueron capturadas y puestas a disposición del ente acusador siete personas, que habrían participado como intermediarios entre las empresas de papel y las empresas que solicitaban facturas falsas. Estas personas fueron acusadas de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, entre otros. (Fiscalía General de la Nación, 2019).
“Estas sociedades de papel fueron creadas ante la Cámara de Comercio y la DIAN, pero no tenían el personal ni la capacidad para realizar actividades de comercio”, fiscal general encargado Fabio Espitia.
La red delincuencial ofrecía la facturación falsa mediante la supuesta comercialización de productos de ferretería, construcción, pintura, vidriería, asesorías tributarias y acompañamiento para realizar trámites ante la DIAN.
Actualmente, la Fiscalía avanza en una segunda etapa de investigación, que ha identificado por lo menos 2.000 empresas que presuntamente sostuvieron operaciones ficticias con esta organización delictiva en varias ciudades del país, para apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes. (Fiscalía General de la Nación, 2019). Entre ellas se encuentran Entidades Promotoras de Salud (EPS), alcaldías, abogados, cajas de compensación y grandes almacenes de cadena. (Actualícese, 2019).
Díaz Guzmán, se habría acogido en febrero de este año al principio de oportunidad, con el objetivo de avanzar en las investigaciones y judicializar a los funcionarios de la DIAN vinculados a la organización delictiva, y a las empresas que se lucraron con estas actividades ilegales (El Tiempo, 2021).
Sí, desde Transparencia por Colombia compartimos algunas recomendaciones con el fin de seguir aportando a la lucha contra la corrupción en el sector empresarial.
Es necesario fortalecer la supervisión ejercida por las entidades de la rama ejecutiva, especialmente con respecto a las auditorias contables exigidas a las empresas.
Se debe hacer más hincapié en el proyecto de ley No. 341 de 2020 en Senado y No. 369 de 2021 en Cámara, más conocida como la ley de transparencia, que busca reforzar las sanciones cuando las empresas realizan declaraciones falsas o erróneas en sus libros de comercio, se espera que se establezcan sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Sociedades que sean eficaces y ejemplares con el fin de desincentivar que el sector privado ejerza prácticas contrarias a la transparencia empresarial.