El millonario show de Castaño y sus "marionetas"
¿Qué estaba sucediendo?
En marzo de 2022, por cuenta de las audiencias contra los primeros 11 implicados en el caso judicial bautizado por la Fiscalía como “las marionetas”, Colombia conoció poco a poco la magnitud y alcance del accionar del señalado grupo delincuencial.
El ente acusador registró 3.535 llamadas telefónicas de los integrantes del esquema corrupto, que mencionaban temas relacionados con la contratación pública en los departamentos de Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá (Semana, 2022).
A partir de las investigaciones, la Fiscalía ha señalado las distintas modalidades que los miembros del esquema criminal de “las marionetas” adelantaron para enriquecerse a costa del erario público.
Entre ellas se destacan la coordinación con alcaldes para negociar la entrega de contratos a cambio de una comisión del 10 %. Asimismo, la gestión de contratos de prestación de servicios en entidades del Estado a cambio de “una tajada” y de apoyo -con votos- para el entonces senador Castaño. (Semana, 2022)
Las marionetas
Señalado como la mano derecha del exsenador Castaño. Actualmente prófugo de la justicia.
Juan Carlos Martínez “El hombre del maletínSeñalada como la relacionista pública del entramado criminal (Código Prensa, 2022) y como la encargada de gestionar proyectos ante alcaldías y ministerios.
Nova Lorena Cañón “La lobista”De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Santiago Castaño seguía órdenes del exsenador Mario Castaño para direccionar la selección de contratistas que también harían parte de la estructura delincuencial.
Santiago Castaño Morales “El Ingeniero”Señalada de estar a cargo del pago de coimas a funcionarios adoctrinados, así como de custodiar y administrar el dinero en efectivo del grupo delincuencial.
Daniela Ospina Loaiza “La administradora”Exalcalde de Norcasia (2016-2019) uno de los políticos más cercanos al exsenador Castaño. Fue el líder de su campaña en el oriente de Caldas.
Wilmar Herrera GallegoHermana de Santiago Castaño y Representante Legal de Top Ingeniería S.A.S. ante Cámara de Comercio. Señalada de pagar todas las nóminas y transacciones de obras privadas del senador, según la Fiscalía.
Claudia Marcela Castaño MoralesSegún ha podido establecer la Fiscalía, alias Pato “confeccionaba los pliegos sastre, desde los documentos precontractuales, para que los requisitos exigidos fueran perfectos para encajar al contratista señalado, con el cual se robarían entre el 10 y el 15 por ciento del valor del contrato”.
Jhon Alexander Sánchez Giraldo (alias ‘Pato’) “El ejecutor de contratos”Extorsionó en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 a personas desempleadas, mediante la exigencia de dinero, a cambio de lo cual gestionaba el respectivo nombramiento y/o celebración de contratos de prestación de servicios” en el SENA.
Alejandro Noreña CastroEnlace de la organización en Chocó. Según la Fiscalía, “coordina procesos con la UNGD para el Chocó”. Le advirtió al senador y su red que estaban siendo interceptados por la Fiscalía.
Jeiler Javier Sánchez Moreno“Préstamo de empresas” para adjudicación de contratos
Consorcio San Miguel y la cesión de contratos entre “marionetas”
En mayo de 2020 la alcaldía de Manizales inscribió un proyecto ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD) con el objetivo de hacer remoción de tierra, destaponamiento y corrección de cauces, control de inundaciones, entre otro.
En julio del mismo año, la UNGRD otorgó viabilidad técnica al proyecto y se fijó el 19 de noviembre de 2020 como fecha límite para que los invitados presentaran sus respectivas propuestas, dentro de las cuales se presentó el consorcio San Miguel, representado por John Jairo Giraldo Salazar.
El negocio de las canchas sintéticas
La Corte Suprema de Justicia estableció que “una de las líneas delictivas de la empresa criminal que el aforado conformó consistía en enriquecerse a costa de los recursos públicos a través del direccionamiento de las contrataciones para los diseños, estructuración y obras de canchas sintéticas en diferentes municipios del territorio nacional” (Vorágine, 2022)
Santiago Castaño Morales le dijo a la Fiscalía que, a finales de 2020, Juan Carlos Martínez, le planteó la posibilidad de participar en proyectos de construcción de canchas sintéticas junto a él, que estaba trabajando con el entonces senador liberal. De acuerdo con “el ingeniero”, la idea era que él ejecutara los estudios y diseños de las obras a través de su empresa Top Ingeniería. (Caracol Radio, 2022)
Top Ingeniería S.A.S.,
Empresa matriculada en 2016, y cuyos representantes legales son Stefania Sanchez Páez y Claudia Marcela Castaño Morales, hermana de Santiago Castaño Morales “el Ingeniero” y presunto real dueño de la firma. Según la Fiscalía, Juan Carlos Martínez también tiene participación societaria por interpuesta persona en la empresa Top de Ingeniería S.A.S.
De acuerdo con el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a Top Ingeniería S.A.S. le adjudicaron al menos 36 contratos estatales entre agosto del 2016 y noviembre del 2021, que suman más de mil cuatrocientos millones de pesos. La mayoría de esos contratos son con el departamento de Caldas y sus municipios, pero también hay algunos con Risaralda y Antioquia.
(Caracol Radio, 2022)
Icodin S.A.S.
Conformada en el 2011, figura como firma de ingeniería dedicada a la construcción, el diseño y la interventoría de obras civiles. Según el SECOP, ha tenido 34 contratos con el Estado entre el 2012 y el 2021, por más de 15 mil millones de pesos. (Caracol Radio, 2022).
En la actualidad tiene activos por encima de los 2.600 millones de pesos, pese a que ante la Cámara de Comercio de Medellín figura como “pequeña empresa”. (El Colombiano, 2022) Castaño Morales, “el ingeniero” se habría aliado con Camilo Andrés López de Icodin S.A.S. para quedarse con parte de los recursos que el Ministerio del Deporte destinó para la construcción de canchas sintéticas en varias regiones. (El Colombiano, 2022)
Ocultamiento de bienes fruto del esquema corrupto
En junio y octubre de 2022, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio algunos bienes del hoy exsenador. Según fuentes cercanas al proceso, los investigadores expertos en finanzas criminales identificaron que los 28 inmuebles urbanos, los siete vehículos, las dos sociedades y el establecimiento de comercio incautados, fueron adquiridos por Castaño Pérez entre 2018 y 2022.
Es decir, que construyó su fortuna de más de 13.000 millones de pesos siendo senador de la República, específicamente, desde su primer periodo como congresista. (Cambio, 2022)
¿Podemos contrarrestar estos actos de corrupción que afectan al país?
Sí, desde Transparencia por Colombia compartimos algunas recomendaciones con el fin de seguir aportando a la lucha contra la corrupción desde el sector empresarial.
En primer lugar, detectando conflictos de intereses no divulgados u ocultos. Por ejemplo, con la información completa y actualizada de los beneficiarios finales de las sociedades que directamente o mediante uniones temporales y consorcios participan en procesos de contratación, los funcionarios de entidades contratantes pueden detectar vínculos ocultos entre quienes ocupan
cargos de poder – como el exsenador Castaño- y la titularidad y/o el control de las empresas. Ante una señal de alerta que indique la presencia de un potencial conflicto de intereses en una licitación, es posible incorporar controles adicionales para garantizar que los contratos se adjudiquen de forma justa. (Open Ownership, 2021)
En segundo lugar, generando alertas ante posibles indicios de colusión y manipulación de licitaciones. Los sistemas de adquisiciones deberían ser capaces de detectar situaciones en las que varias ofertas tienen titulares (beneficiarios finales) en común, y generar avisos de alerta para que se investiguen con mayor atención esas ofertas, pues esta situación se presta para presentar ofertas falsas con precios inflados con el fin de dar una apariencia de competencia. (Open Ownership, 2021)
En ese sentido, es indispensable que en el proceso de implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) en cabeza de la DIAN, se incluyan mecanismos que garanticen que en todo proceso de contratación que incluya recursos públicos, se verifiquen los beneficiarios finales de las empresas postulantes previo a la adjudicación, de tal forma que se puedan identificar alertas oportunamente, y que además, se faciliten los procesos de detección, investigación y sanción de hechos de corrupción.
