Transparencia por Colombia

Desfalco a la DIAN a manos del "rey de la evasión fiscal"

Ilustración: Juan Carlos Duarte

En el año 2019 las autoridades judiciales procesaron a un grupo de personas que hacían parte del “cartel de la evasión fiscal” liderado por Olga Lucía Diaz Guzmán, quienes por medio de nueve empresas fachada habían emitido facturas fraudulentas para disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de distintas empresas productivas del país.

La captura

Tras dos años de investigación la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), logró desmantelar la segunda parte de la red criminal, la cual continuó permitiendo que empresas productivas del país evadieran impuestos por más de $1,6 billones de pesos colombianos (COP). Las investigaciones se dirigen a Enrique Martínez y contra de 11 personas más que hacían parte de la organización delictiva.

Siguiendo el dinero

Después de la captura de Olga Lucía Diaz Guzmán en el 2019, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) lideró la segunda fase de la investigación enfocada a la lucha contra la evasión fiscal. Para ello, siguieron los pasos de la estructura criminal desarticulada en ese mismo año, y que habría simulado operaciones por medio de empresas fachada (Noticias RCN, 2022).

Como resultado de la investigación, en marzo de 2022 mediante la Operación Atenea, se capturó a un empresario de 79 años identificado como Enrique Martínez alias “El Viejo”, calificado por las autoridades como el cerebro y líder de la evasión fiscal de mayores proporciones en Colombia.

Las autoridades establecen que, durante dos décadas, Martínez habría realizado sus operaciones reclutando gerentes, contadores, comisionistas, intermediarios y vendedores, que diseñaban facturas fraudulentas para descalabrar las arcas públicas (Policía Nacional, 2022).

Hablemos de cifras

Según las investigaciones que por años llevaron POLFA, Fiscalía y DIAN, habrían realizado más de 14.500 operaciones de comercio simuladas por un valor de $1,6 billones de pesos COP, ofreciendo sus servicios ilícitos hasta por el 5% del valor del subtotal de las facturas. (Revista Semana, 2022)

La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la DIAN y la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, encontraron que la organización liderada por Martínez habría simulado 14.500 operaciones de comercio con aproximadamente 2.300 empresas colombianas

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Mediante este esquema, la red criminal permitió que 2.300 empresas pudieran evadir el pago de $1.6 billones de pesos COP de recaudo del IVA (W Radio, 2022).

  • Las empresas fachada emitían facturas fraudulentas, es decir, documentos privados que proyectaban servicios prestados o bienes vendidos, que no eran reales.

  • Las empresas comerciales con un objeto social lícito que adquirían las facturas fraudulentas, pagaban el dinero indicado a las empresas fachada con el fin de tener soporte de dicho pago ante las autoridades.

  • Cuando las empresas comerciales con un objeto social lícito presentaban la declaración de IVA ante la DIAN, la entidad hacia el cálculo entre el IVA causado y el IVA pagado de las empresas, con el fin de establecer el IVA descontable que deberían pagar las empresas comerciales.

  • Como el IVA pagado de las empresas comerciales era mayor que su IVA causado, la suma del impuesto del IVA descontable disminuía considerablemente (Noticias Caracol, 2022).

  • Las empresas fachadas obtenían a cambio el 5% del valor por el cual emitían las facturas fraudulentas y el monto restante era devuelto a la empresa compradora de dichas facturas.

Cuando Martínez fue capturado por las autoridades en su finca ubicada en Mariquita, Tolima, hallaron alrededor de 300 cajas que contenían el soporte documental de su operación y las cuales, en efecto, se constituyeron en el principal material probatorio para que las autoridades vincularan a las empresas colombianas que fueron beneficiadas por las defraudaciones (Revista Semana, 2022).

¿En qué va el proceso?

Martínez y los 11 individuos que hacían parte de su red están siendo procesados por los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular y concurso para delinquir. Por su parte, los administradores de las empresas relacionadas podrían ser responsables por los delitos de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y defraudación o evasión tributaria; sin tener en cuenta las sanciones administrativas que por parte de la DIAN se generen (Policía Nacional, 2022).

POLFA resaltó que el desarrollo en materia de tecnologías de la información implementado por la DIAN en los últimos años, representado en la puesta en marcha de sistemas como la facturación electrónica, nómina electrónica y declaración sugerida, entre otros, ha sido clave para lograr estos resultados (Policía Nacional, 2022). De este modo, se han logrado rastrear y desenmarañar estructuras criminales, que eran difíciles de identificar.

¿Se pueden evitar este tipo de actos de corrupción que involucran recursos públicos?

Sí, desde Transparencia por Colombia compartimos algunas recomendaciones con el fin de seguir aportando a la lucha contra la corrupción.

Uno de los mayores controles implementados para evitar que los ciclos de facturación fraudulenta sigan en curso, es la implementación de la factura electrónica por parte de la DIAN, la cual permite permita verificar la autenticidad de las facturas corroborando el número de autorización o resolución en el sitio web de la DIAN.

En América Latina se han reforzado los controles por medio de cruces y análisis de datos provenientes de entidades gubernamentales y de tercero.  Se han implementado registros de sistemas satelitales que permiten la trazabilidad de mercaderías. Por lo tanto, es recomendable que las autoridades aduaneras colombianas refuercen las mesas de diálogo con sus instituciones análogas a nivel regional, con el fin de articular estrategias conjuntas que en el marco internacional hagan frente a los nuevos retos y contemplen acciones encaminadas a reforzar el intercambio de información (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020).

Finalmente, se espera que las entidades de supervisión empresarial establezcan sanciones eficaces y efectivas a las empresas que realicen prácticas contrarias a la transparencia empresarial, tomando en consideración sus nuevas potestades sancionatorias establecidas en la Ley 2195 de 2022.

Por último, el caso bajo estudio resalta el rol de las cámaras de comercio como órganos de registro de las empresas en Colombia y la oportunidad que existe a nivel nacional de concederle a las mismas herramientas administrativas de supervisión y vigilancia, que contribuyan a evitar y desaparecer las empresas fachada.

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